El fiscal Marijuan pidió sobreseer al ministro Daniel Arroyo, ex funcionarios y empresarios por la millonaria compra de alimentos

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió este martes el sobreseimiento del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, de ex funcionarios de esa cartera, y de un grupo de empresarios por la millonaria compra de alimentos por parte de esa cartera, al comienzo de la pandemia, que provocó la renuncia de 16 funcionarios. Aunque la denuncia original apuntaba a supuestos sobreprecios, el fiscal sostuvo que en la mayoría de las contrataciones, los valores ofrecidos fueron semejantes a los precios testigos fijados por la SIGEN.

“No se encuentra demostrada la existencia de algún tipo de sobreprecio en las contrataciones celebradas, teniendo en cuenta que los valores de las adjudicaciones resultan similares a los precios testigos sugeridos por la SIGEN”, dice el dictamen de Marijuán al que tuvo acceso Infobae. Y menciona el caso de los fideos, donde el precio testigo era de $84.39 y el precio adjudicado fue de $84.77 y $85.76). En otros casos, asegura el dictamen, los incrementos no superaban el 10%.

La denuncia había sido impulsada, en abril del año pasado, por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, quien alertaba además sobre un grupo reducido de empresas que estaban “en manos de dos o tres grupos de oferentes”.

Sobre ese punto, Marijuán sostuvo que “no se logró verificar vinculaciones entre esos grupos empresariales”, aunque se detectaron “algunas relaciones familiares en ciertos casos”.

Antes de promover la denuncia, a partir de una presentación de la abogada Silvina Martínez, el fiscal Rodríguez le había tomado declaración a cuatro productores de las marcas mencionadas en la polémica compra y todos confirmaron diferencias de “al menos 60 por ciento” entre los valores de sus productos y los precios ofrecidos por los proveedores del Estado.

Marijuán le restó importancia a lo declarado por los testigos: “Lo declarado por los testigos expone las eventualidades que puedan surgir durante la celebración de un contrato y/o licitación con el Estado, enfocadas en la demora para percibir el pago y por este motivo es que prefieren evitar presentarse a los llamados públicos. Esta situación, también lleva al Estado a recurrir a aquellos proveedores con mayores antecedentes y así asegurarse el cumplimiento por parte de estos de la entrega de los bienes objeto de contratación”.

Las compras cuestionadas totalizaban un monto aproximado de 543 millones de pesos. Desarrollo Social había invitado a once empresas pero solo se presentaron seis empresas, cinco de las cuales no eran productores de alimentos. Todas fueron adjudicadas.

Dos de las empresas adjudicadas, Teylem y Forain, pertenecen al llamado “Grupo L”, un conglomerado de empresas del empresario Víctor Lusardi y sus hijos. Otras dos empresas involucradas, Sol Ganadera SRL y Alimentos Generales SA, tenían vínculos estrechos y compartían la sede en la misma dirección: Corrientes 1327. Hay más: Copacabana SA, que iba a cobrar $188 millones por la venta de alimentos y tenía apenas tres empleados registrados.

Tras el escándalo, Infobae reveló que todas las empresas habían ganado decenas de licitaciones en los últimos años, con gobiernos de todos los signos políticos, en el ámbito municipal, provincial y nacional.

Para el titular de la PIA, además de sospechas de sobreprecios había un perjuicio patrimonial para el Estado. “Conforme los términos de la denuncia presentada ante esta Procuraduría, como así también del análisis de los expedientes administrativos, emerge que estas contrataciones fueron adjudicadas a distintas firmas, las cuales, en general, cotizaron por encima del precio testigo proporcionado por la Sindicatura General de la Nación, y dejando de lado los precios máximos de venta establecidos por el propio Estado Nacional, ocasionando de esta manera un eventual perjuicio patrimonial al mismo”, dice la denuncia original.

El escándalo de los sobreprecios provocó la renuncia de 16 funcionarios de Desarrollo Social. El principal apuntado era Gonzalo Calvo, que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica. Arroyo decidió poner en ese lugar a Erika Roffler, una funcionaria de su confianza que venía trabajando como jefa de su gabinete.

Además de esos movimientos, el Gobierno decidió descentralizar la compra de alimentos para que puedan acceder los productores en forma directa y anunció que las nuevas compras no podrán superar los precios máximos mayoristas.

Tras casi un año de investigación, que incluyó pericias y allanamientos en varias de las empresas, Marijuán pidió el sobreseimiento de Gonzalo Calvo, Andrés Gaudino, Marina Erroitzarena, Mariano Manuel Rueda, Cecilia Maria Lavot, Karina Yarochevski, Mariana Noemí Fernández, Andrés Espínola, Patricia Hartenstein, Laura Alonso, Daniel Fernando Arroyo, Eduardo Manuel Assisa, Sebastián Pablo Assisa, Roberto Ricardo Toscano, Federico José Toscano, Víctor Hugo Lusardi y Eduardo Enrique Martínez.

“El estudio de los expedientes de contrataciones por emergencia del Ministerio de Desarrollo Social denunciados, demuestra que se ha cumplido con la normativa y reglamentación vigente para llevar adelante en forma debida la adquisición de los alimentos de primera necesidad allí alcanzados”, concluyó en un extenso dictamen.

La decisión final está en manos del juez Sebastián Casanello, que recibió la causa tras la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral.

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