El oficialismo logró dictamen en el Senado para el Consenso Fiscal y sería tratado la semana que viene

Después de una breve sesión que duró menos de media hora, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación aprobó el dictamen para ratificar el Consenso Fiscal 2020 que firmó el 4 de diciembre el presidente Alberto Fernández, con 21 de los 24 gobernadores. Solamente no suscribieron ese acuerdo las provincias de La Pampa y San Luis, porque no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, y tampoco el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presentó un recurso judicial porque no está conforme con el recorte de fondos de la coparticipación federal que decidió el Poder Ejecutivo. Este último tema aún lo debe resolver la Corte Suprema de Justicia.

El proyecto, uno de los que el Ejecutivo incluyó para ser tratado en las sesiones extraordinarias, otorga $70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, limita el aumento de la deuda púbica y suspende los procesos judiciales por la distribución de la coparticipación federal. Si bien ya obtuvo el dictamen de la Comisión que preside el senador cordobés del Frente de Todos, Carlos Caserio, recién sería tratado en el recinto la semana próxima.

El acuerdo fiscal establece que durante este año las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto de los valores registrados al 31 de diciembre de 2020. Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, o con acreedores institucionales siempre que estos últimos otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020. Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales y suspender los ya iniciados relativos al régimen de coparticipación federal de impuestos.

Caserio explicó al comienzo de la reunión de esta mañana que “este es uno de los tantos consensos fiscales que venimos desarrollando en los últimos años, que por distintas razones se van modificando. Determinadas circunstancias que fue viviendo el país, las distintas crisis han hecho que esto se vaya modificando”.

Solamente pidieron la palabra unos pocos participantes de la convocatoria. El misionero Maurice Closs, del bloque oficialista, sugirió “acompañar porque todas las provincias y la Nación necesitan este consenso fiscal”. Luego el presidente del bloque Frente de Todos en la Cámara alta, el formoseño Mayans pidió que se estabilicen las cuentas públicas a nivel nacional y provincial.

“Obviamente también tiene que haber una coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias para ver cómo se puede potenciar el desarrollo de las provincias, para que cada una pueda generar un crecimiento de la economía que repercute en la creación del empleo”, sostuvo. Y agregó: “Estos pactos fiscales tienden a eso: a ver cómo resolvemos los problemas económicos del país, que son varios”. En tanto, enumeró a la deuda externa, la deuda de las provincias, las cajas y también una unificación en el tema tributario, como los temas que afectan al sector privado y que se deben resolver.

Por la oposición el primer legislador que habló fue el radical Víctor Zimmermann, senador de la UCR por Chaco. “Mi preocupación tiene que ver con que no hay ninguna recomendación respecto del comportamiento del gasto, sobre todo teniendo en cuenta que es un año electoral. Ojalá se pueda hablar de la calidad del gasto y hacer algunas recomendaciones, por ejemplo para fortalecer el sistema sanitario, garantizar todo lo que tiene que ver con la cuestión educativa y obviamente el gasto social”, afirmó. También dijo que se debe poner el foco en “cómo se gastarían los recursos, para no incurrir en problemas del pasado como el incremento del gasto improductivo”.

Otro radical que pidió la palabra fue el riojano Julio Martínez. Recordó que durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri la mayoría de las provincias habían tenido superávit luego de atravesar períodos con problemas para el pago de aguinaldos y con déficit en las cuentas públicas. “Cuando terminamos la mayoría estaban en equilibrio y bien. Debemos avanzar sobre lo bueno y lo malo de cada gobierno para poder sustentar en adelante la relación entre la Nación y las provincias”.

En el final de su intervención, Martínez eligió citar un caso que se produce en su provincia para graficar el reparto discrecional de fondos. Contó que el actual gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, estuvo 12 años como intendente de la capital de su provincia y que pensó que con esa experiencia mejoraría la relación con los municipios. Pero, por el contrario, aseguró que el actual intendente, que pertenece a Juntos por el Cambio, sufre “asfixia” de parte del Gobierno provincial: “El gobernador se transformó en un municipio paralelo, que paraliza las acciones del municipio”.

También intervino la senadora santacruceña del Frente de Todos, Ana María Ianni, para apoyar la iniciativa, remarcando el contexto desfavorable que vive el país por la pandemia de coronavirus.

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