Argentina firmó el documento del Grupo de Contacto que insta a convocar a elecciones transparentes en Venezuela

Implica un cambio en la posición del Gobierno respecto a la crisis política en el país caribeño. Felipe Solá también pidió destrabar los fondos que están bloqueados para que puedan comprar vacunas y apoyó la propuesta de instalar una oficina permanente en Caracas que monitoree las violaciones a los derechos humanos

Reunión virtual del canciller Felipe Solá con el Grupo de Contacto
Reunión virtual del canciller Felipe Solá con el Grupo de Contacto

Tras la reunión virtual que sostuvo el canciller Felipe Solá con los ministros de relaciones exteriores del Grupo Internacional de Contacto (GIC) sobre la crisis en Venezuela, Argentina firmó el documento que llama a todos los actores a entablar “un diálogo inclusivo y un proceso de transición que conduzca a elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”.

Un mes atrás, nuestro país fue el único integrante del grupo que no suscribió el comunicado oficial en el que calificaron como fraudulentas las elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro.

En la reunión de este martes Argentina insistió en que “la solución para Venezuela es de los venezolanos”. Además, pidió destrabar los fondos que están bloqueados contra ese país para poder afrontar el pago de las vacunas contra el COVID-19, reiteró que Argentina apoya la búsqueda de “soluciones pacíficas y democráticas” en el país caribeño, insistió en que el diálogo debe ser con el gobierno de Nicolás Maduro -y no solamente con los miembros de la oposición venezolana- y respaldó la tarea de la chilena Michelle Bachelet, como Alta Comisionada por los Derechos Humanos. En ese sentido, también apoyó la propuesta del GIC para instalar una oficina permanente en Caracas que se ocupe de monitorear la situación.

Condenamos los bloqueos físicos y financieros porque tienen un efecto contrario al buscado. Por un lado, fortalecen a las autoridades que pretenden asediar y les dan argumentos políticos y económicos para justificar sus desbordes y encubrir falencias, y al mismo tiempo agravan el sufrimiento del pueblo venezolano al que se pretende ayudar. Hay que trabajar en el acceso humanitario y en la posibilidad de utilizar fondos bloqueados para pagar el Covax, para que así los venezolanos puedan acceder a la vacuna contra el COVID-19”, aseguró Solá.

Nicolás Maduro (EFE)
Nicolás Maduro (EFE)

Argentina aceptó sumarse al llamado Grupo Internacional de Contacto (GIC) liderado por la Unión Europea en agosto de 2020. Se trata de una instancia que busca una salida negociada entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición de ese país para superar la crisis que atraviesa. Ese grupo lo integran, además de la Unión Europea, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, Suecia y Uruguay. Hoy participaron en este encuentro virtual, por primera vez, representantes de República Dominicana y de Chile.

El 17 de septiembre de 2020, en su primera intervención con el GIC, Argentina también había rechazado interferir en la política interna de Venezuela.

“Creemos que la comunidad internacional tiene el deber de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes en un marco de pleno respeto de los mecanismos constitucionales vigentes. Pero es necesario resaltar que las partes son el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Si queremos que el diálogo resulte viable no podemos desconocer que hay un Gobierno constituido, que ejerce el poder del Estado. Pretender que el diálogo de la comunidad internacional sea con los partidos opositores y excluya al Gobierno, no conduce a nada”, remarcó después el ministro de Alberto Fernández.

Solá se refirió después al rol de Michelle Bachelet en las Naciones Unidas: “Valoramos el trabajo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet y apoyamos la instalación de una oficina permanente de la Alta Comisionada en Caracas para monitorear la situación y contribuir a encaminar soluciones apropiadas y que el Gobierno investigue y juzgue a los responsables de las violaciones a los derechos humanos”.

El Canciller estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, y el subsecretario de Asuntos de América Latina, Juan Carlos Valle Raleigh.

Participaron del encuentro internacional el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias; la directora general de Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria, Paraskevi Michou; los cancilleres de Chile, Andrés Allamand; de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós; de República Dominicana, Roberto Álvarez; de Ecuador, Luis Gallegos Chiriboga; de Panamá, Alexandra Mouynes Brenes; de Portugal, Augusto Santos Silva; de España, Arancha González Laya; y de Uruguay, Francisco Bustillo Bonasso, y del Reino de los Países Bajos, Stef Blok.

Además estuvieron presentes la viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Marina Sereni; el secretario general del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, François Delattre; el secretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, Miguel Berger; el secretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, Robert Rydberg; y la subsecretaria parlamentaria de Estado para Europa y América del Foreign, Commonwealth and Development Office del Reino Unido, Wendy Morton.

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (REUTERS)
El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (REUTERS)

En el documento conjunto que dio a conocer la Unión Europea tras la reunión por videoconferencia se expresó “su preocupación por la situación en Venezuela y un llamado a los actores políticos locales y a la sociedad civil para que avancen urgentemente y de buena fe hacia la resolución de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país”. Asimismo reiteraron que “la única forma de salir de la crisis es reanudar las negociaciones políticas con prontitud y establecer con urgencia un diálogo inclusivo y un proceso de transición liderado por Venezuela que conduzca a elecciones creíbles, inclusivas y transparentes de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes de Venezuela”.

Para que esto se concrete la GIC propuso “la designación de un Consejo Nacional Electoral independiente y equilibrado (CNE). Este será uno de los pasos necesarios para eliminar todos los obstáculos a la participación política para que se lleven a cabo procesos electorales significativos. No puede haber democracia sin el compromiso de todos los partidos de respetar las reglas electorales básicas y el papel imparcial del CNE”.

En el punto 5 de esa declaración “exhortan a las fuerzas de la oposición democrática a unirse como parte de un esfuerzo más amplio y concertado para un mayor diálogo, que requerirá compromisos difíciles si Venezuela quiere llevar a cabo una transición exitosa a la democracia, la estabilidad y la prosperidad”. Y luego sus miembros piden “la garantía de todos los derechos políticos y civiles y la libertad y la seguridad de todos los actores políticos”. Insisten en que “todos los presos políticos deben ser liberados de forma inmediata e incondicional y que se ponga fin al arresto domiciliario. La intimidación y las represalias continuas contra los actores políticos agravan aún más la crisis, creando más obstáculos para el retorno pacífico a la democracia y el estado de derecho. Los miembros del CIG apoyan el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela”.

Además, en otro de los puntos, remarcaron su preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria que se agravó por la pandemia de coronavirus y dijeron que “la represión y los ataques contra las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación en Venezuela deben cesar de inmediato”. También se señala que “los esfuerzos internacionales articulados y complementarios son cruciales para ayudar a los venezolanos a restaurar la democracia y el orden constitucional”.

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