Milagro Sala está detenida en su casa y distintos dirigentes kirchneristas la consideran una presa política. Por esta razón, convocaron a una marcha para el sábado próximo frente al Palacio de Tribunales, con la finalidad de exigir su libertad. En las últimas horas la dirigente jujeña habló sobre su situación, enviando un fuerte mensaje a la administración de Alberto Fernández. “El Gobierno nacional, antes de seguir trabajando o seguir haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos para liberarnos a nosotros”, aseguró.
De esta manera, Sala pidió soluciones “políticas”. “Tienen que hacer que se respeten las leyes de las provincia y que recuperemos la libertad”, afirmó. A su vez, fue contundente con su intención, compartida entre sectores del kirchnerismo, de implementar cambios en la Justicia.
“La Justicia no está funcionando democráticamente. Venimos pidiendo una reforma judicial urgente porque no puede ser que después de cinco años y dos extensiones de la prisión preventiva, el Tribunal de Justicia de Jujuy no nos otorgue la libertad a los compañeros detenidos”, enfatizó.
Y volvió a apuntar a la gestión de Alberto Fernández: “Pedimos que el Gobierno de la Nación tome los recaudos suficientes para ver cómo se soluciona esto”. Y recalcó: “Nos humillaron y también a nuestras familias, a la militancia y a los argentinos. Viviendo en un gobierno nacional y popular, no se puede seguir así”.
“Me detuvieron sin orden judicial. No tenemos condena firme. Tenemos que estar en libertad, queremos que alguien haga respetar la constitución de Jujuy”, agregó la dirigente de la organización Tupac Amaru durante una entrevista televisiva con la señal IP.
A su vez, aclaró que no habla con el Presidente “para no comprometerlo” y comparó su situación en la Justicia con la de Amado Boudou y Julio De Vido.
Bajo la consigna “Milagro Sala, 5 años presa política”, la marcha convocada por el kirchnerismo partirá a las 12 desde la calle Alsina y avenida 9 de Julio y finalizará frente al máximo tribunal de Justicia, en Talcahuano y Tucumán.
Sala fue arrestada en 2016 por un acampe frente a la sede del gobierno jujeño que lidera el radical Gerardo Morales. Entre las condenas que recibió hay una de tres años de prisión en suspenso por encabezar un escrache contra Morales en 2009, cuando el actual mandatario provincial era senador.
Además fue condenada a 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa llamada “Pibes Villeros”. En ese expediente se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que nunca se hicieron, entre 2011 y 2015.
En 2018 la Corte Suprema determinó que la dirigente volviera a cumplir prisión domiciliaria al ordenarle al juez de Jujuy Pablo Pullen Llermanos que le devuelva el beneficio a la dirigente, tal como lo había solicitado en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El miércoles pasado, un grupo de más de 1.600 referentes políticos, judiciales, sindicales y de movimientos populares difundieron una carta de apoyo a quienes denominan “presos políticos” de la agrupación Tupac Amaru.
El sábado se movilizarán la Corte Suprema. Allí, la defensa de la dirigente condenada busca revertir la situación judicial. Pretenden que la Corte acepte el recurso de queja presentado por los abogados de Sala, anulen el juicio en su contra conocido como “pibes villeros” y ordenen la libertad inmediata.
Precisamente, la Corte Suprema es objeto de las críticas oficiales por haber confirmado la condena a cinco años y ocho meses de cárcel para el ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. Fue después de que diversos sectores del kirchnerismo también clamaran para que la Corte revirtiera las sospechas que habían sido avaladas en distintas instancias judiciales.
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