Cristina Kirchner y Mauricio Macri podrían ser testigos ante la Comisión Internamericana de Derechos Humanos de la denuncia que plantearon los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi contra el Estado argentino por un “plan letal” de “destitución” para removerlos de la Cámara Federal porteña, en donde acusaron directamente al Gobierno de Alberto Fernández y lo ligaron a las causas que llevaron contra la hoy vicepresidenta.
Según la denuncia, los jueces Bruglia y Bertuzzi reclamaron que la CIDH cite a declarar a los ex presidentes para que expliquen cómo se concretó la aprobación de sus traslados. Macri firmó los decretos de Bruglia y Bertuzzi del Tribunal Oral Federal 4 a la Sala I de la Cámara Federal en 2018. Pero en 2010 Cristina había hecho lo propio con Bertuzzi del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata hacia Comodoro Py.
Los jueces también reclamaron convocar a los integrantes del Consejo de la Magistratura que analizaron sus pases. Entre esos nombres se mezclan la ex diputada kirchnerista Diana Conti, el ex ministro macrista Oscar Aguad o el fiscal Ricardo Sáez, junto al jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, los diputados radicales Mario Negri y Pablo Tonelli o el senador justicialista Rodolfo Urtubey, entre otros. Además, pidieron una entrevista personal con los integrantes de la CIDH.
Otro detalle que llamó la atención fue que Bruglia y Bertuzzi citaron la presentación de la ONG “Será Justicia” ante el Fondo Monetario Internacional en donde se advertían sobre “acciones tendientes a evitar que se dicten sentencias en casos de corrupción”. Y así hablaron de un accionar “de manera coordinada y con inusitada celeridad, lo cual demuestra -a nuestro modo de ver- un claro designio político de removernos de nuestros cargos, precisamente, en un contexto signado por fuertes tensiones entre el Gobierno y el Poder Judicial”. A su criterio, “el cambio de temperamento por parte del Consejo de la Magistratura, del PEN y del Senado se explica por el cambio de autoridades nacionales que arrojaron las elecciones presidenciales y legislativas llevadas a cabo en el país en octubre de 2019”.
“No es casual que se buscara desplazarnos del cargo, siendo que en ejercicio de nuestras funciones hemos adoptado decisiones en procesos judiciales donde fueron investigados -y en algunos casos, a la fecha de esta presentación continúan como imputados- funcionarios públicos de primera línea del actual gobierno, quienes además han tenido especial gravitación en la compleja maniobra que motiva esta denuncia”, dijeron. “Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del poder judicial”.
Por eso, le reclamaron al organismo internacional una medida cautelar que frene la tramitación del concurso abierto en el Consejo de la Magistratura para designar a nuevos jueces en la Sala I de la Cámara Federal. El concurso abierto está fijado para el 26 de febrero. La Corte Suprema determinó que el concurso se abriera para que ellos tuvieran la oportunidad de competir, en vez de habilitar que se ocuparan las vacantes con los candidatos del concurso de la Sala II.
“Demás está decir que nuestras chances de éxito en tal empresa lucen seriamente escasas: tendremos que concursar ante un organismo -el Consejo de la Magistratura-, al cual hemos denunciado mediante la acción de amparo iniciada ante los tribunales argentinos y ahora, ante esta Comisión -afirmaron-. Más aún, en caso de sortear ese valladar, deberemos ser elegidos por el Presidente de la Nación -quien en menos de 24 horas nos removió de nuestros cargos- y finalmente, necesitaremos obtener el Acuerdo del Senado de la Nación, cuyos integrantes -y cuya presidencia del cuerpo- han dado sobradas muestras acerca de su férrea voluntad de no darnos su aval”.
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