
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy los procesamientos de dos ex funcionarios del gobierno de San Luis por obligar a cinco candidatos a jueces provinciales a firmar sus renuncias antes de proponer sus nombres al Senado provincial para ser designados magistrados.
La decisión fue tomada por los jueces de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, confirmaron los procesamientos de Sergio Gustavo Freixes, ex ministro de Legalidad de San Luis, y de Mario Edgar Zavala, ex viceministro de la misma cartera. Ambos eran funcionarios en 2005 durante el primer gobierno de Alberto Rodríguez Saá, quién hoy sigue al frente del Poder Ejecutivo en su cuarto mandato.
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Casación confirmó los procesamientos por dos hechos y anuló las falta de mérito que tenían por otros tres eventos y también los procesó. Freixes y Zavala ya tienen una condena a seis años de prisión por el mismo hecho con una jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Penal.
Los hechos ocurrieron en el 2005. Los ex funcionarios obligaron a cinco aspirantes a cargos de magistrados a firmar anticipadamente su renuncia sin fecha. Esa era la condición para que después el gobierno enviara sus pliegos al Senado de la provincia de San Luis para ser designados en cargos de magistrados para los que habían concursado. “Poner a disposición del gobernador su renuncia indeclinable al cargo”, decían las notas. Se trataba de una manera de tener condicionados a los magistrados para que no resuelvan causas en contra del gobierno o de sus intereses. Si lo hacían les daban por aceptadas las renuncias.
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Los ex funcionarios habían sido sobreseídos por el juez federal de primera instancia. La resolución fue apelada por el Fiscal y el Tribunal Oral de San Luis -actuando como cámara de revisión- dispuso la falta de mérito por algunos hechos y el procesamiento de los acusados por otros.
En su fallo, la Cámara de Casación sostuvo que “la falta de mérito dispuesta por el Tribunal ha sido arbitrariamente fundada por cuanto prescindió de un análisis integral y conglobado de las diferentes pruebas incorporadas en relación a todas maniobras aquí investigadas, las cuales demostrarían un único modus operandi”.
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En su voto, el juez Hornos “destacó que es incomprensible considerar que maniobras como las aquí investigadas no constituyan un hecho ilícito grave, en virtud de que su significación no es más que una intromisión y un avasallamiento de un Poder del Estado sobre otro, transgrediendo lo previsto por nuestra Constitución Nacional, más precisamente la división de Poderes que existe en la República Argentina y, por supuesto, la independencia del Poder Judicial”.
Así, los magistrados de Casación hicieron lugar al pedido de la Fiscalía del Tribunal y anularon la falta de mérito dispuesta y convalidaron el procesamiento de los imputados al rechazar las impugnaciones de las defensas.
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Los imputados ya tienen una condena previa. Es de 6 años de prisión cada uno por dos hechos de coacción cometidos contra Marina Ziliotto, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Freixes y Zavala fueron encontrados responsables de haberla hecho suscribir su renuncia en blanco como condición para ser designada para un cargo de camarista al que había concursado.
Esas condenadas fueron dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis y confirmadas por la Cámara de Casación en julio del año pasado. Los ex funcionarios fueron condenados por el delito de amenazas coactivas y amenazas agravadas por tener como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos
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