Causas por corrupción: la presión del kirchnerismo involucra al Presidente y multiplica costos políticos

El fin de año va llegando con una foto repetida aunque de mayor gravedad sobre las causas por corrupción. Hace doce meses, una marcha del kirchnerismo más duro incomodaba a Alberto Fernández cuando le faltaba un puñado de días para asumir. Lo fastidiaba sobre todo la consigna - “Navidad sin presos políticos”- por la presión que representa esa caracterización de los presos y la implícita demanda de una salida también política antes que judicial. Acaba de ocurrir lo mismo un año después, con todo lo que pasó desde entonces y especialmente en los últimos días. La demanda es directa a Olivos. Y el Gobierno, que avala los mensajes fuertes a la Justicia con la esperanza de evitar tensiones internas, termina pagando en imagen por una ofensiva que no decrece.

Por ahora, se trata de un círculo desgastante. Los demandantes de freno y reversión de las causas vinculadas a corrupción desde el poder, empezando por Cristina Fernández de Kirchner, pusieron en la mira a la Corte Suprema. Y en rigor, es artillería con objetivo doble: una advertencia a los jueces en general y una demanda que sugiere compromiso presidencial incumplido. Fuentes cercanas a Alberto Fernández niegan cualquier chance de promover juicios políticos y desde antes, rechazan indultos. Los trascendidos reiterados sobre la visión del Presidente insisten además sobre su concepción inicial: que la Justicia misma reescriba este capítulo.

Un año después de aquel malestar del comienzo, es visible el intento del Gobierno para reanimar su estrategia. El discurso muestra un eje centrado en críticas a los muchos déficits de la Justicia, en línea con CFK aunque formalmente más cuidadas. Y es repuesto el discurso que acompañó el proyecto de reforma del fuero federal. Reaparecen las consignas de transparencia y agilidad procesal. Difícil montar ese escenario frente a la escalada de la ex presidente, con argumentos extremados que chocan frontalmente con la columna del sistema de equilibrios y contrapesos institucionales, algo que por supuesto no desconoce. ¿Piensa en una reforma o cree que con la presión sería suficiente para torcer las causas? Cualquier respuesta es inquietante.

Para Alberto Fernández, es un terreno complicado y con costos que se multiplican. En primer lugar, después de la cuarentena con crisis económica y social agravada, resulta difícil arrancar como si se tratara del debut de gestión. La reforma judicial aparecía en su discurso inaugural como parte del mensaje de cambio y transformaciones con marca propia. El avance ahora con el necesario debate sobre la legalización del aborto va en esa línea, aunque tal vez sin el impacto imaginable y con algunas pinceladas de oportunismo por parte de voceros propios. Pero el proyecto para la Justicia está definitivamente marcado con el sello CFK.

Está a la vista que aquel proyecto concentrado en los jueces federales no era lo anunciado y además, fue prácticamente reescrito en el Senado. El intento de reanimarlo ahora en Diputados suena peor, porque aparece más en línea con la ofensiva de la ex presidente. Y entre otros costados significativos, termina de desvanecer la página principal de la exposición argumental: romper la subordinación de la Justicia al poder político, con sombras de favores y servicios. Cuesta creerlo cuando el trazo fundamental lo hace CFK, que con el paraguas del lawfare busca imponerle a la Justicia el fin de las causas que la involucran junto a ex funcionarios.

En simultáneo –también lo admiten en círculos oficialistas-, el tema asoma a contramano de los problemas más angustiantes de la agenda social. Se ha dicho: la inmensa mayoría de las encuestas cualitativas señalan que las cuestiones más preocupantes son de origen económico (precios, empleo, perspectivas 2021). En algunos casos, desplazaron al coronavirus, que sigue pesando. Y en diferentes escalones figuran la inseguridad y de manera persistente, la corrupción.

Es cierto como indican también los sondeos que la imagen de la Justicia como un todo no es la mejor. Una tentación para el discurso, aunque ocurre también con otras instituciones ante preguntas específicas. Pero en el caso de la Justicia parece claro que lo que resulta cuestionado es la inacción y, en definitiva, la impunidad en distintas versiones, especialmente del poder. No parece muy útil pare el discurso en cuestión.

El punto adicional es la propia expresión de una realidad doméstica que provoca costos. La secuencia, frente a cada paso ruidoso o silencioso pero potente de la ex presidente, es repetida: malestar de Alberto Fernández, decisión de privilegiar la coexistencia, palabras medidas pero de justificación a respaldo a la movida de CFK. El último ejemplo fue la dura descarga contra la Corte. El propio Presidente prefirió un tono menor pero avaló el fondo de la cuestión. Con la carta anterior, fue parecido. Las críticas a la gestión fueron interpretadas como un respaldo.

En medios oficialistas se admite, de todos modos, que se fue llegando a zonas muy comprometidas. Los contrapuntos: de un lado, el proyecto de reforma judicial alterado en el Senado y el impulso a Daniel Rafecas como jefe de los fiscales; y del otro, la fuerte operación contra la Corte y la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público.

No sólo se trata de imágenes. Todavía se advierte el oleaje de la ratificada condena a Amado Boudou y del rechazo a la jugada para desarmar la causa de los cuadernos de las coimas. De una Navidad a otra, se repite la consigna del kirchnerismo más duro, pero con un añadido significativo: el reclamo de algún tipo de freno a los juicios expone ahora malestar por el primer año transcurrido desde la vuelta al poder.

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