En sintonía con el silencio y la postura del presidente Alberto Fernández con relación a las elecciones en Venezuela del pasado fin de semana, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, se abstuvo de votar una resolución que condenó los comicios y desconoció sus resultados, al considerarlos “fraudulentos” y que “no fueron libres ni justos”.
En la previa del encuentro, la expectativa estuvo puesta en la posición de Raimundi, sobre todo tras su discurso en el mismo foro el pasado mes de septiembre con respecto al informe de la ONU sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.
Ya en octubre pasado el Consejo Permanente de la OEA había aprobado una resolución (también con la abstención de la Argentina) en la que advirtieron que “el reconocimiento de las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble”.
Sin embargo, esas condiciones no se dieron y, a pesar del reclamo internacional, Maduro siguió adelante con los comicios, en donde más del 80% de los venezolanos se negaron a participar.
La resolución fue aprobada por 21 delegaciones, hubo seis ausencias, cinco abstenciones y dos países votaron en contra, México y Bolivia. La postura del representante argentino materializa las posiciones encontradas que hay dentro del Gobierno sobre la realidad política y social en Venezuela.
Según informó el representante de Brasil, el texto del proyecto habla de “elecciones fraudulentas hechas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro” y respalda la iniciativa de la sociedad venezolana de realizar una consulta popular para permitir que la ciudadanía participe. “No contaron con la participación de todos los actores políticos, no se liberó a los presos políticos y no hubo independencia de la autoridad electoral”, se agregó en los fundamentos.
EEUU, la Unión Europea y otros 17 países americanos (entre los que no se incluye a la Argentina) ya habían rechazado la legalidad de los comicios donde el chavismo avanzó sobre la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición.
El texto completo de la resolución:
RECHAZO DE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS CELEBRADAS EL 6 DE DICIEMBRE EN VENEZUELA
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS:
REITERANDO los principios y mecanismos establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana para la preservación de la institucionalidad democrática en los Estados Miembros;
REAFIRMANDO que los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y los gobiernos la obligación de promoverla y defenderla;
EXPRESANDO su rechazo a la elección fraudulenta del 6 de diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro con el evidente propósito de eliminar la única institución legítima y democrática electa en Venezuela;
AFIRMANDO, con grave preocupación, que la conformación de una entidad no electa democráticamente profundiza el proceso de destrucción de la democracia y del estado de derecho en Venezuela, agravando el constante deterioro de las condiciones políticas, sociales, económicas, humanitarias, de derechos humanos y de seguridad en el país;
NOTANDO con satisfacción la iniciativa de la sociedad civil, con el respaldo de la Asamblea Nacional, de realizar una consulta popular a los fines de permitir a la ciudadanía expresarse respecto a las condiciones de la elección fraudulenta realizada el 6 de diciembre;
RESUELVE:
1. Rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y no reconocer sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble.
2. Condenar, en los más enérgicos términos, la estrategia consistente y deliberada del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de socavar el sistema democrático y la separación de poderes, incluyendo a través de la instalación de una entidad no democráticamente electa resultante de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, consolidando a Venezuela como una dictadura.
3. Hacer un llamado urgente para que se garantice la protección y seguridad física de los miembros de la Asamblea Nacional electos dramáticamente y se permita el retorno seguro de aquellos miembros de la oposición que se encuentran en el exilio.
4. Hacer un llamado para la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y el cese de las continuas persecuciones políticas
5. Manifestar solidaridad al pueblo venezolano y el firme apoyo a los persistentes y amplios esfuerzos de los actores democráticos en Venezuela, en particular los partidos políticos y la sociedad civil, hacia la restauración de la democracia en el país.
6. Reiterar el llamado a que se convoquen, lo más pronto posible, elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, transparentes y legítimas, con observación electoral internacional independiente y creíble, como parte de un proceso de transición que conduzca al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente y de acuerdo con la voluntad del pueblo venezolano y con la constitución venezolana.
7. Urgir a todos los Estados Miembros e invitar a los Observadores Permanentes de la Organización de los Estados Americanos a apoyar al pueblo venezolano en sus esfuerzos para restaurar el orden democrático en Venezuela, mediante la adopción de medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras dirigidas a lograr una solución pacifica a la situación en Venezuela.
8. Exigir el acceso pleno a la comunidad internacional para permitir la prestación de asistencia a las poblaciones más vulnerables afectadas por la crisis en Venezuela, de conformidad con los principios humanitarios reconocidos y el derecho internacional.
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