Se declaró incompetente la fiscal que investiga la muerte del ex juez que se suicidó cuando iba a ser detenido

Por considerar que se trata de una causa federal, la fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas Ana Salinas Odorisio, que investigaba la muerte del exjuez federal José Antonio Solá Torino, quien fue hallado sin vida el 28 de noviembre último cuando iba a ser detenido para cumplir una condena por cohecho, planteó su incompetencia material y ordenó que se remitan las actuaciones a la fiscalía federal en turno.

Su planteo se basó en los supuestos de competencia excepcional de la justicia federal, en los términos de la Ley 48, luego de haber repasado en el escrito todas las tareas de rigor concretadas por el Ministerio Público Fiscal, con el fin de evitar que el transcurso del tiempo perjudicara la investigación y que se puedan establecer certeramente las circunstancias de la muerte.

Consideró que a partir del momento en el que se dio intervención al MPF de la provincia, se constataron circunstancias que ameritan la intervención de la justicia federal, ya que Solá Torino había sido condenado en una causa federal a la pena de seis años por la comisión del delito de cohecho pasivo.

Además, el Tribunal Oral Federal de Salta había librado una orden de allanamiento sobre su domicilio particular, para la detención y el traslado al Complejo Federal del Norte III, del Servicio Penitenciario Federal, con la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Salinas Odorisio repasó en su presentación que en el momento en el que personal de la PSA ingresó al domicilio de Solá Torino y constató que estaba tendido en el suelo, sin vida y con el arma con la que se habría presuntamente suicidado, se anotició por teléfono a una secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1.

Agregó que, sin embargo y a pesar de la insistencia, ningún magistrado o funcionario federal se presentó en el lugar.

La información del MPF señala que por una cuestión de responsabilidad y ante la gravedad de los hechos, la fiscal provincial prosiguió con las investigaciones, al menos para establecer las circunstancias de la muerte de Solá Torino, pero con la imposibilidad de profundizar los detalles que contextualizaban el hecho luctuoso.

Consideró absolutamente ajeno a su competencia “el análisis de las órdenes emanadas de la justicia federal, la falta de fundamentos para librar una orden con habilitación de días y horas inhábiles, la falta de constatación de la tenencia de armas en el domicilio y la opción de formas adecuadas para efectivizar una orden de detención y la publicación en los medios periodísticos durante la tarde del viernes 27”, todos hechos que podrían haber desencadenado en la decisión de Solá Torino”.

Cuando la fiscal tomó el control de la investigación, estuvo impedida de plantear cuestiones de competencia, dado que se encontró con un occiso, un arma de guerra y una carta manuscrita de última voluntad.

Es por ello que dispuso la realización inmediata de la autopsia, la remisión del cuerpo a la morgue, el secuestro del arma que estaba al lado del cuerpo y de las armas reglamentarias de todos los efectivos de la PSA que actuaron esa noche y ordenó la toma de fotografías y la prohibición de la cremación del cadáver, antes de su entrega.

Salinas Odorisio solicitó que se remita la totalidad del secuestro obrante en la causa, con carácter de urgente y preferente despacho, atento a que aún está vigente la retención del domicilio como escena del hecho, y los demás elementos secuestrados, que requieren que se tomen decisiones inmediatas respecto de su mantenimiento.

Cabe recordar que Solá Torino fue hallado sin vida en los primeros minutos del pasado sábado 28 de noviembre, cuando la PSA ingresó a su domicilio para detenerlo.

La orden había sido emitida por el TOF 1 de Salta, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso de queja presentado por la defensa de Solá Torino, en el marco de la apelación de su condena.

En 2016, el TOF condenó al ex magistrado a la pena de seis años de prisión, por “cohecho pasivo agravado”, por beneficiar a un narcotraficante, pero la pena debía cumplirse a partir de que la sentencia quedara firme, lo que sucedió el jueves 26, cuando la Corte denegó el recurso.

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