La CIDH pidió activar la Carta Democrática Interamericana ante el giro autoritario en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos activar la Carta Democrática Interamericana y otros mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática en Nicaragua. El organismo respondió así al anuncio de Daniel Ortega de que en el país “no volverá a haber elecciones” y a una iniciativa de reforma constitucional que ampliaría el mandato de la copresidencia y restringiría la participación política de la oposición.

En una declaración difundida este lunes, la Comisión reiteró su llamado a los países del continente a actuar “de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos que sean pertinentes”, conforme al principio de garantía colectiva del sistema interamericano. El pronunciamiento se suma al rechazo expresado días atrás por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y por el Gobierno de Costa Rica.

Ortega afirmó el 19 de julio, durante un acto en Managua por el aniversario de la revolución sandinista, que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. El pasado viernes matizó esas palabras y precisó que quienes no podrán participar en futuros comicios son los “terroristas y golpistas”, la denominación que su Gobierno utiliza para calificar a opositores y críticos, a muchos de los cuales ha despojado de su nacionalidad.

La CIDH repudió además la iniciativa de reforma constitucional presentada la semana pasada por la Asamblea Nacional, el Parlamento nicaragüense, que según el organismo está orientada “a perpetuar el ejercicio del poder, restringir la competencia política y eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática”. El texto propone ampliar de seis a siete años el mandato de la copresidencia, ejercida por Ortega junto a su esposa, Rosario Murillo, y establecer que sea renovable.

La propuesta legislativa eleva además a rango constitucional restricciones que impedirían presentarse como candidatas a personas señaladas por el régimen como “golpistas” o “traidoras a la patria”. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, justificó la medida como una forma de “prevenir la injerencia externa e impedir que el golpismo tome el poder”.

El actual marco constitucional nicaragüense proviene de una reforma aprobada en enero de 2025, que modificó más de cien artículos de la Carta Magna. Esa reforma creó la figura de la copresidencia compartida por Ortega y Murillo, amplió de cinco a seis años los períodos de los cargos electos y subordinó los demás poderes del Estado a la Presidencia, según recordó la CIDH en un informe especial sobre el país centroamericano.

La Comisión ya había advertido en abril de este año que Nicaragua atraviesa una de las crisis de derechos humanos más graves de la región y que el poder se concentra en el entorno familiar Ortega-Murillo. En su declaración de este lunes, el organismo sostuvo que las nuevas medidas “profundizan el proceso de consolidación autoritaria y de perpetuación en el ejercicio del poder mediante la eliminación de las condiciones necesarias para la alternancia democrática”, y las calificó de incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ortega, ex guerrillero sandinista de 80 años, es la persona que más tiempo ha ejercido el poder en la historia de Nicaragua. Coordinó la Junta de Gobierno que sucedió a la dictadura de Anastasio Somoza entre 1979 y 1985, presidió el país por primera vez entre 1985 y 1990, y regresó a la Presidencia en 2007, cargo que ocupa de forma ininterrumpida desde entonces en medio de denuncias de fraude electoral y persecución a opositores.

La Organización de los Estados Americanos había informado el viernes que evalúa convocar una reunión de cancilleres de la región para analizar la situación nicaragüense tras el anuncio de Ortega. La CIDH instó formalmente a Nicaragua a abstenerse de aprobar reformas contrarias a sus obligaciones internacionales y a restablecer las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda elegir y ser elegida en comicios libres, periódicos y competitivos.

El desenlace de este pulso dependerá en buena medida de si la OEA logra articular una respuesta conjunta, algo que en crisis anteriores del continente ha resultado esquivo por las divisiones internas del organismo. Mientras tanto, la reforma constitucional avanza en una Asamblea Nacional sin oposición real, lo que anticipa su aprobación antes de que termine el año.