
La Legislatura porteña aprobó este jueves una ley de promoción para la economía popular que establece incentivos para que estos sectores puedan acceder al crédito, participar de las compras públicas, y mediante beneficios impositivos, iniciar su camino hacia la formalización.
La norma fue aprobada con 52 votos positivos tanto del oficialismo como de la oposición, únicamente se abstuvieron los legisladores de la izquierda. El texto determina la creación del registro de Unidades Productivas de la Economía Social, que abarca a sectores de la actividad textil, elaboración de alimentos, logística, cuidados, construcción, comercio y de la economía verde. Este registro posibilitará a los inscriptos acceder a los programas y beneficios.
Además, se constituye el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social (FONDES), conformado mediante el aporte de fondos públicos y privados para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiamiento.
La ley también otorga beneficios impositivos para las Unidades Productivas que se encuentran inscriptas en la categoría de monotributo promovido ante la AFIP: estarán exentas del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el plazo de tres años a partir de su entrada en vigencia, facilitando de esta manera el camino hacia la formalización.
Por otro lado, el programa de fomento del crédito del Banco Ciudad financiará de manera preferencial la compra de insumos por parte de las unidades productivas de la economía social con el objetivo de “fortalecer la producción de aquellas que tengan compromisos de compra y contratación con organismos del sector público porteño”.

“Este proyecto surge de la identificación de los sectores con mayor potencial para crecer e integrarse a las cadenas de valor de la Ciudad, pero que hoy se encuentran funcionando por debajo de su potencial, en la informalidad o con barreras estructurales que limitan su crecimiento”, destacó la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore.
“La nueva ley implica un importante avance para derribar estas barreras estructurales y permite la consolidación de la economía popular, brindando nuevas herramientas para impulsar el desarrollo productivo del sector y la generación de empleo de manera sostenida. Esta ley nace de la convicción de que la mejor política social es el trabajo”, dijo la ministra.

Desde la oposición, el legislador Santiago Roberto (Frente de Todos) celebró la sanción de la ley: “Era un reclamo que veníamos haciendo al Gobierno porteño para que tome medidas concretas para ayudar a los sectores de la economía popular que fueron muy golpeados por la pandemia”
Sin embargo, detalló “algunos aspectos de la ley que hay que mejorar”, como la incorporación en el comité ejecutivo de integrantes de empresas recuperadas, cooperativas, federaciones y confederaciones del sector, para que las medidas que se plantean en la ley “lleguen efectivamente a ellos”.
“Representa una victoria y un avance producto de la lucha histórica de las organizaciones sociales”, agregó la diputada Laura Velasco. Desde el oficialismo estiman que la nueva ley generará más y mejores oportunidades de trabajo para 500 mil porteños.
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