Costa Rica reforma su mecanismo contra la violencia política hacia las mujeres

El Plenario Legislativo de Costa Rica aprobó el lunes una reforma para modificar el trámite de denuncias contra diputados por violencia política hacia las mujeres, con un procedimiento previo de investigación que busca evitar que el órgano que resolverá el caso adelante criterio antes de conocer los hechos.

La iniciativa, registrada bajo el expediente 25,862, obtuvo 44 votos a favor y ninguno en contra. Seis diputaciones no participaron en la votación y, tras la aprobación, la Presidencia del Congreso ordenó publicar el texto, según Diario Extra.

El cambio central recae en una comisión especial que deberá investigar cada denuncia antes de que llegue al Plenario. Ese órgano podrá recibir y valorar pruebas, escuchar a las partes y entregar un informe con conclusiones y recomendaciones, aunque la decisión final continuará bajo responsabilidad de los legisladores reunidos en Plenario.

Hasta ahora, el Plenario debía decidir desde las etapas iniciales si conformaba una comisión investigadora. Durante el debate, se advirtió que ese mecanismo podía hacer que los diputados adoptaran una posición anticipada sobre el fondo de una acusación sin que antes se hubiera desarrollado la investigación.

El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, sostuvo que esa fue una de las fallas que la reforma buscó corregir. “Inevitablemente, como el Plenario es el órgano decisor, el Plenario es el único que puede tomar una decisión de este tipo, de alguna manera ese procedimiento que tenemos ahora no es práctico porque implica que el órgano decisor, el Plenario, de alguna manera ya adelanta criterio sobre el fondo del asunto”, explicó el funcionario en declaraciones recogidas por Diario Extra.

Cuando se reciba una denuncia, la Presidencia legislativa deberá solicitar a las jefaturas de fracción que designen a sus representantes para integrar la comisión especial. El grupo deberá incluir representación de las fracciones parlamentarias, tener una cantidad impar de integrantes y respetar las reglas de paridad y alternancia de género.

La comisión contará con un plazo máximo de tres meses para presentar su informe. El procedimiento también deberá resguardar la recepción y valoración de las pruebas, el derecho de las partes a ser escuchadas, la confidencialidad, la no revictimización y el debido proceso.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, defendió un mecanismo que atienda las denuncias sin convertir las propias normas en una barrera. “Nuestro deber siempre va a ser asegurar que las denuncias se tramiten de manera eficiente, responsable y que este reglamento se convierta en una verdadera herramienta efectiva y de aplicación rápida que nosotros tengamos a la mano para poder aplicar cuando se den situaciones de violencia contra las mujeres”, manifestó la funcionaria, según consignó Diario Extra.

Sanciones públicas y registro electoral durante diez años

La reforma establece que, si el Plenario determina la responsabilidad de un diputado por violencia contra las mujeres en la política, impondrá una amonestación ética pública. La resolución deberá comunicarse al Tribunal Supremo de Elecciones, que llevará un registro público de las sanciones firmes.

La información sobre esas sanciones permanecerá asentada durante diez años, mientras que los datos personales y sensibles de las víctimas deberán mantenerse protegidos. La normativa también habilita medidas cautelares para ordenar a la persona denunciada que no perturbe a la denunciante ni interfiera en el ejercicio de sus derechos políticos, sin afectar las funciones constitucionales de una diputación.

Villalta indicó que el texto aprobado fue resultado de conversaciones entre las distintas bancadas. “En general estamos satisfechos con el texto, creemos que ha habido un diálogo importante. Quiero reconocer el trabajo de las asesorías de fracción de todas las bancadas legislativas que hicieron aportes para tener un texto que nos permita llegar con este consenso al Plenario”, declaró.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, también respaldó el acuerdo. “La Asamblea Legislativa tiene que dar el ejemplo en Costa Rica es muy importante que en este espacio no se afecte a las mujeres y a ninguna persona realmente a través de estas formas de violencia política”, afirmó.