El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, instó este martes a los Estados miembros de la Asamblea General a votar en contra de la resolución cubana contra el embargo. “No contribuyan al maltrato” del pueblo cubano por parte de su propio gobierno, planteó el diplomático durante la primera jornada de debate en Nueva York.
La intervención de Waltz se suma a una ofensiva diplomática que Radio Martí, emisora de radio financiada por el gobierno estadounidense, documentó durante toda la jornada previa a la votación.
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El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, había marcado el tono horas antes con un mensaje directo en sus redes sociales: “El pueblo cubano es víctima de un sistema comunista fallido”.
La cifra que Washington usa como prueba
Segura citó un dato concreto para sostener su argumento: Estados Unidos envió más de USD 810 millones en bienes a Cuba durante 2025, pese al embargo vigente.
El funcionario insistió en que la legislación estadounidense “siempre ha permitido” la exportación de alimentos y medicamentos a la isla, según consignó Radio Martí.
Estados Unidos no mantiene un embargo total sobre Cuba: existen excepciones humanitarias y para el sector privado emergente, aunque persisten restricciones financieras y de crédito dirigidas a entidades vinculadas con el aparato militar, de inteligencia y las fuerzas represivas del régimen.
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“Apoyen al pueblo cubano, no al régimen”, concluyó Segura, en la víspera de la votación que Cuba promueve desde 1992.
La ayuda tras el huracán Melissa
Segura detalló, además, el destino de los fondos de emergencia tras el paso del huracán Melissa por la isla. La Administración Trump canalizó USD 9 millones en ayuda directa a través de la Iglesia católica, y destina otros USD 100 millones mediante Catholic Relief Services y Samaritan’s Purse.
“Ayudamos directamente al pueblo cubano, sin subvencionar al régimen”, afirmó el funcionario, de acuerdo con el registro de Radio Martí.
Parte de esos fondos ya tocó tierra cubana. La semana pasada, un cargamento con 700 kits de ayuda para familias vulnerables de Matanzas llegó al aeropuerto Juan Gualberto Gómez, en esa provincia del occidente de la isla.
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Los donativos forman parte de una partida de USD 60 millones que la Iglesia católica distribuye en Cuba, dentro del fondo humanitario de USD 100 millones que la Administración Trump aprobó este año.
Una campaña diplomática sostenida durante octubre
El mensaje de Segura no fue un hecho aislado. El 21 de octubre, el subsecretario ya había advertido que votar a favor de la resolución cubana equivale a respaldar la trata de personas patrocinada por el Estado y la corrupción de la élite gobernante.
Dos días después, el 23 de octubre, insistió con otro mensaje: “Es momento de reformas, no de hablar más”. Señaló entonces que cientos de presos políticos permanecen detenidos en la isla.
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Iniciado el debate en la ONU, Segura agregó que la Administración Trump “presionará para que se lleven a cabo auténticas reformas políticas y económicas” en Cuba. “Solo una reforma sustancial hará que Cuba sea un destino atractivo para la inversión, impulsará el crecimiento del sector privado y proporcionará a los cubanos libertad, dignidad y oportunidades”, sostuvo el funcionario.
Washington sostiene que el embargo no es la causa de la crisis de la isla, sino el modelo político y económico del régimen.
El gobierno estadounidense argumenta que las sanciones apuntan a la élite gobernante y mantiene canales abiertos para alimentos, medicinas y ayuda humanitaria directa a las familias cubanas.
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El resultado de 2025, el peor en tres décadas para La Habana
La votación de este miércoles corresponde a la 34ª edición consecutiva de la resolución cubana, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
El año pasado, Cuba obtuvo 165 votos a favor, frente a los 187 que había conseguido en 2024. Fue el resultado más desfavorable para La Habana en más de tres décadas, en parte atribuido a la presión diplomática de la Administración Trump.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que Washington ejerce “presiones extremas e inéditas” sobre varios Estados miembros para cambiar sus votos. El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el 22 de octubre que algunos países “podrían cambiar su voto por miedo”.
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El debate de este año se da además en medio de un bloqueo energético que Washington impuso desde enero, con el que cortó las importaciones de combustible a la isla y agravó los apagones prolongados y la falta de agua potable en Cuba.
Las dos versiones sobre el origen de la crisis
La Habana atribuye su profunda crisis —con apagones que superan las 20 horas diarias, escasez de combustible y alimentos, e inflación galopante— al embargo estadounidense. El gobierno cubano calcula en USD 8.056 millones el impacto económico de las sanciones entre marzo de 2025 y febrero de 2026, una cifra que considera récord.
Opositores, analistas y organizaciones independientes señalan otros factores: la planificación centralizada, la priorización del turismo sobre el sistema eléctrico, la falta de reformas y la dependencia histórica de aliados que redujeron de forma drástica sus suministros a la isla.
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La Habana ha rechazado durante años las condiciones que establece la ley Helms-Burton, que codifica el embargo, para su eventual levantamiento. Entre ellas figuran la celebración de elecciones libres y la liberación de los presos políticos detenidos en el país.
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