Reforma de la Procuración: el proyecto flexibiliza la forma de destituir a los fiscales y le da más poder a la política

Todas las miradas estuvieron puestas y lo están en los cambios sobre la forma de elegir al Procurador General de la Nación, con la postulación del juez Daniel Rafecas como batalla política central. Pero el proyecto para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal también modifica la forma actual de enjuiciar y destituir a los fiscales nacionales y nacionales.

El principal cambio del proyecto -que ya tiene media sanción de la Comisión de Justicia del Senado, es impulsado por el kirchnerismo y se prevé que este viernes sea aprobado por el pleno- es que suma a representantes de la política al Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales y deja al oficialismo a un voto de destituir a un fiscal. El principal poder recaerá en la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación del Congreso que nombrará a tres de los siete integrantes del Tribunal y uno de ellos será su presidente.

“Este proyecto puede beneficiar hoy al kirchnerismo con una mayoría para destituir a un fiscal pero va a quedar para cualquier oficialismo que venga después. Cualquier fiscal que investigue algo que al poder no le gusta va a estar condicionado”, le dijo a Infobae uno de ellos

Los cambios fueron rechazaron por la Asociación de Fiscales y por la Asociación de Magistrados. Inclusive, un grupo de 80 fiscales enviaron el viernes pasado una nota al Senado. Entienden que si se aprueba la ley el camino será una demanda judicial para pedir su inconstitucionalidad. Sostienen que la Constitución Nacional establece que el Ministerio Público Fiscal es un órgano “extra poder” que no pertenece ni al Poder Judicial ni al Ejecutivo para garantizar su independencia. Así, alegan que los cambios del proyecto son una incumbencia que supera la potestad de control.

Todo esto con la puesta en marcha del sistema acusatorio donde los fiscales serán los encargados de llevar adelante las investigaciones, lo que los expone más a enfrentarse con los intereses del poder político y económico. El modelo acusatorio ya rige en las provincias de Salta y Jujuy y todavía no tiene fecha para su implementación en los tribunales de Comodoro Py, donde se tramitan las causas de corrupción a funcionarios nacionales.

Los cambios

El Tribunal de Enjuiciamiento es el encargado de hacer el juicio político a los fiscales acusados de mal desempeño. Actualmente lo integran siete personas: un representante del Poder Ejecutivo, uno del Senado, uno de las universidades nacionales, dos abogados y dos fiscales. El proyecto de ley mantiene el número de siete pero cambia su composición: pasa a un representante del Poder Ejecutivo, tres de la Comisión Bicameral (dos de la mayoría y uno de la minoría), uno de las universidades nacionales, un abogado y un fiscal. Y sus mandatos se reducen de tres a dos años. Así, los representantes de la política se multiplican de dos a cuatro, de los cuales tres son del oficialismo.

La iniciativa tiene otros cambios. Hoy para destituir a un fiscal se necesitan cinco votos de sus integrantes. El proyecto lo reduce a cuatro votos. Así, el oficialismo con sus tres representantes queda a un voto de remover a un fiscal.

El presidente del Tribunal pasa a tener un poder especial. El proyecto le da la facultad de convocar a al tribunal para un juicio -y ya no al Procurador General-, desempata en las decisiones divididas y solo ocupará ese cargo uno de los integrantes de la Comisión Bicameral que será elegido por la mayoría. Por lo que siempre será un legislador del oficialismo. Así la elección de presidente del Tribunal ya no será por sorteo ni se rotará cada seis meses como ocurre ahora. Además, la iniciativa dice que el Tribunal podrá sesionar con la mayoría de sus miembros y no con la obligatoriedad de que estén todos.

El Procurador

Así como el proyecto flexibiliza los requisitos para juzgar a los fiscales no lo hace con el Procurador. La iniciativa mantiene los dos tercios de los votos del Senado para destituir al jefe de los fiscales. Pero sí hace algunos cambios sobre el proceso que también lo dejan a merced de la política.

La reforma establece que el juicio político al Procurador solo lo puede iniciar el Poder Ejecutivo o un integrante de la Cámara de Diputados. Se hace ante esa Cámara que para aprobarlo necesita mayoría simple de votos. Hoy se requiere los dos tercios de los votos, un número que ningún partido político tiene por si solo. Si se aprueba, el juicio político pasa al Senado. El proyecto agrega que el Senado puede suspender en sus funciones al procurador mientras se hace el juicio. Eso se aprueba con mayoría simple de votos. Esa es una mayoría que los oficialismos tienen por si solo -como ocurrió con el peronismo desde el regreso de la democracia- o que pueden alcanzar con aliados.

La iniciativa también modifica la elección del Procurador. Su designación pasa a ser por mayoría simple del Senado, su mandato es de cinco años con la posibilidad de una reelección consecutiva por única vez y no su nombramiento no podrá ser en un año de elecciones presidenciales.

Otros cambios

El proyecto tiene otros cambios. Son 27 páginas de reformas que también alcanzan a los defensores públicos. El aspecto más importante es que la Comisión Bicameral pasa a tener un rol central. Como contó ayer Infobae, la Comisión podrá elegir un procurador interino en caso de vacancia y antes de nombrar a un titular, como ocurre actualmente con Eduardo Casal, interino desde 2017 tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

La Comisión Bicameral también tiene la facultad de aprobar traslados de fiscales y de opinar ante la creación por parte del Procurador de una nueva procuraduría especial de investigación o de una Dirección General del organismo. También uno de sus integrantes pasa a formar parte del jurado de concursos para elegir fiscales. Actualmente al jurado lo integran tres fiscales y un jurista. Con el proyecto pasan a ser un fiscal, dos juristas y un integrante de la Comisión.

La iniciativa también fija plazos máximos para llamar a concursos para cubrir las vacantes de fiscales y para terminarlos; establece que los fiscales no pueden pedirle tareas de investigación a organismos de inteligencia y si lo hacen será considerado una falta grave; postula la perspectiva de género en la designación de cargos; le da autarquía financiera a partir de 2022; y crea la Procuraduría de Recursos de la Seguridad Social, contra las violencias de Género y una Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños.

El debate en el Congreso

El proyecto tiene dictamen de mayoría aprobado el viernes pasado por los representantes del oficialismo en la Comisión de Justicia. La oposición ya adelantó que rechaza la iniciativa. Este viernes será tratado por el pleno del Senado donde se descuenta su aprobación porque el Frente de Todos tiene la mayoría para hacerlo.

Luego pasará a Diputados. Allí el oficialismo tendrá un trance más complicado porque requiere el voto de aliados. Algunos, como la diputada peronista Graciela Camaño ya adelantó que votará en contra. Por los plazos el tema deberá ser tratado en sesiones extraordinarios en caso que el presidente Alberto Fernández las convoque y ponga entre los temas la reforma al Ministerio Público Fiscal. Todo esto mientras su candidato al procurador, el juez Rafecas, espera que se defina su situación.

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