9 preguntas y respuestas sobre la “Ley Yolanda” que obliga a los funcionarios a capacitarse en medio ambiente

La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva a la “Ley Yolanda” durante la maratónica sesión de 20 horas del miércoles pasado, cuando también se aprobó el aporte extraordinario a las grandes fortunas y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La norma -que prácticamente pasó desapercibida ante la intensa agenda legislativa- instruye a una capacitación obligatoria e integral sobre medio ambiente y el desarrollo sostenible en todos sus niveles y jerarquías.

En una entrevista con Infobae, la joven senadora nacional por San Luis María Eugenia Catalfamo (33) explicó los alcances y el posible impacto de la ley, que recibe su nombre en homenaje a la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano del país, Yolanda Ortiz, quien asumió en su cargo en 1973 durante el último gobierno de Juan Domingo Perón. Considerada una pionera por ser la primera mujer en ejercer dicho cargo en América Latina, falleció el 22 de junio de 2019 a los 94 años.

1. ¿Cómo y por qué surgió la Ley Yolanda?

- La pensamos para el 5 de junio en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Veníamos conversando con los chicos de Jóvenes por el Clima (JxC) en San Luis, que impulsaron una norma parecida en el Concejo Deliberante local junto a la concejala Julieta Ponce, luego se llevó al Senado provincial. Un tiempo después, junto con la senadora Gladys González de Juntos por el Cambio unificamos nuestras propuestas de leyes para capacitar de forma integral a todos los funcionarios públicos sobre medio ambiente, haciendo hincapié en el cambio climático. Fue un proyecto que cayó muy bien en el Senado y salió por unanimidad porque apuntaba a un mismo objetivo: introducir la materia ambiental en los distintos espacios donde se toman decisiones. En la Cámara de Diputados, trabajamos en conjunto con el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos) para que salga. Estamos contentos porque es fundamental generar un cambio en la sociedad que vivimos y en esta Casa Común que nos cuida todos los días.

2. La ley ordena una “capacitación obligatoria en la temática de desarrollo sostenible y ambiente” para todos los funcionarios públicos. ¿Médicos, policías y docentes también podrían recibir una instrucción específica?

- Nosotros la entendemos que debe seguir el mismo camino de la Ley Micaela, comenzando desde su sanción a nivel nacional para que luego que las provincias y municipios adhieran, trasladándola cada una de sus dependencias. Todos estamos en contacto permanentemente con el ambiente, no podemos permitir que se siga degradando de la manera que se destruye a partir de las acciones que llevamos los seres humanos. La comunidad científica a nivel internacional viene alertando desde hace décadas con la deforestación, la agricultura o la minería a cielo abierto, pero también impactan cada una de las acciones que llevamos los días a diario en el lugar donde vivimos.

3. Cuando le toque su turno, probablemente haya policías o médicos que se sientan sorprendidos sobre el motivo de esta capacitación. A primera vista, sus tareas no están asociadas al cuidado del medio ambiente. ¿Cómo se justifica esta obligación?

- Los médicos, policías y docentes tienen una función social, que incluye la de generar conciencia. Es fundamental que todos puedan capacitarse, todos tenemos responsabilidad de cuidar el lugar en el que vivimos. En primer lugar apuntamos a aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad de pensar las políticas públicas. Pero en paralelo se está planteando una Ley de Educación Ambiental más amplia.

4. “El incumplimiento dará lugar a una sanción disciplinaria”, sostiene el texto de la ley. ¿Qué tipo de sanciones se pueden establecer a los funcionarios?

- La Comisión Asesora de Educación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) como autoridad de aplicación tendrá que resolverlo. Lo que pensamos es que se debe cumplir, por eso la obligatoriedad y la posibilidad de una sanción. Entendemos que temas como el medio ambiente o los géneros son transversales a las distintas áreas de gobierno. Resulta difícil que alguien se quiera oponer a estas capacitaciones, por lo que desde este punto de vista sería una formalidad.

5. ¿En qué momento y con qué contenidos entrará en vigencia la ley?

- La ley establece un plazo de 90 días para la capacitación. Durante ese plazo, el Cofema deberá intervenir para definir los contenidos mínimos en materia de gestión de los residuos sólidos urbanos; cambio climático; recursos naturales y biodiversidad; eficiencia energética; derecho ambiental; economía circular; e impacto ambiental de las políticas públicas, entre otros. Sabemos que existe un compromiso del ministro Juan Cabandié para cumplir este paso del Ejecutivo y poder avanzar rápidamente con las capacitaciones.

6. La ley dice que “cada organismo deberá incluir en su página web un acceso desde donde la sociedad civil pueda hacer seguimiento del grado de cumplimiento de cada uno de los poderes del Estado”. ¿Cómo se evita que este tipo de información no quede oculta o sea engorroso encontrarla entre las páginas de cada sector del Estado?

- Conozco de esos problemas porque yo también fui periodista. Cuando nosotros legislamos otorgamos el marco normativo integral; la autoridad de aplicación tendrá que revisar este punto. El proyecto menciona que no solamente el Cofema intervenga sobre los lineamientos generales y contenidos, sino que también participen de este proceso las organizaciones de la sociedad civil, como los jóvenes activistas ambientales y la comunidad científica especializada.

7. Tras un largo historial de fracasos en las leyes ambientales, ¿Cómo se va a garantizar que esta ley no sea solo buenas intenciones?

- Lo que intentamos con esta ley es justamente evitar que las leyes ambientales queden en la nada, para que a partir de la formación e información lleguen a concretarse a través de los funcionarios. Creo que esta ley va por un camino distinto a las anteriores y será parecida a la Ley Micaela, que fue muy bien recepcionada en distintos puntos del país. Si pensamos que las leyes que redactamos no se van a cumplir, las instituciones no estarían funcionando. Estamos para cumplir con nuestros representados y el pueblo.

8. Tanto en la Ley Micaela como en la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) existieron fuertes resistencias de todo tipo al momento de su implementación. ¿Cuál cree que sería una estrategia efectiva para que la Ley Yolanda se cumpla?

- Tenemos que apostar a una sociedad más progresista y actualizada, los nuevos tiempos nos está demostrando que hay que intervenir trabajando mucho con las juventudes; en nuestro caso nos pudimos juntar con muchos de ellos en la virtualidad y desde distintos puntos del país. Tenemos que escuchar y articular más para introducir temas como el ambiente, el género o la salud reproductiva, mirando hacia el costado no vamos a tener ningún resultado. Para generar este cambio cultural que necesitamos, las políticas requieren de la mirada de los funcionarios públicos, cómo de aquellos quienes legislamos y de los que hacen cumplir las leyes.

9. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta se presentó con un perfil alto para llevar a cabo las capacitaciones de la Ley Micaela. ¿Lo ve a Juan Cabandié adoptando un rol similar?

- El ministro Cabandie es un ser netamente político que entiende en materia ambiental y es fundamental que se ponga al hombro este tipo de formaciones, aunque es importante contar siempre con el acompañamiento de las organizaciones que vienen militando las causas ambientales.

Seguí leyendo: