El oficialismo aprobó hoy en la Comisión de Justicia del Senado un dictámen que modifica la elección del Procurador General de la Nación a una mayoría simple de votos de la Cámara Alta y establece su plazo de mandato a cinco años. No hubo cambios sobre los dos tercios de los votos para destituirlo.
La modificación -que pasa a la firma digital de cada senador y se tratará la semana que viene en el pleno de la cámara- fue con el aval de los senadores del kirchnerismo de la Comisión y el rechazo de los legisladores de la oposición, cuando en la Cámara Alta se encuentra el pliego del juez federal Daniel Rafecas, propuesto para el presidente Alberto Fernández para el cargo de procurador, que todavía no fue tratado.
La actual ley 27.148 establece que el Procurador General es elegido con los dos tercios de los votos del Senado y su mandato es vitalicio. El dictamen establece una mayoría simple de votos y un mandato de cinco años. Ese mandato puede ser renovado por otro período por igual cantidad de tiempo y la elección no podrá hacerse en el mismo año de elecciones presidenciales. El oficialismo no cuenta con dos tercios para aprobar al Procurador, pero sí con los votos para alcanzar una mayoría simple que son 37.
“Lo importante no son los votos para la designación, sino aumentar el control de la comisión Bicameral del Ministerio Público del Congreso sobre el trabajo del Procurador”, sostuvo la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun. “No se obtienen las mayorías necesarias para ello y se genera una situación de desgaste”, dijo por su parte Oscar Parrilli, quien preside la comisión, sobre la situación de Rafecas.
La oposición criticó que el oficialismo propuso un dictamen que no conocieron antes y rechazaron los cambios, excepto el mandato de cinco años. “Este proyecto transforma al Procurador General en un empleado del Poder Ejecutivo. Pasa a ser el Procurador de una fracción política”, sostuvo Ernesto Martínez, senador del PRO. Por su parte, Martín Lousteau y Silvia Elias de Perez señalaron que de los 16 expositores que estuvieron en la comisión solo dos avaló que se reduzca a una mayoría simple la designación del Procurador. Los senadores adelantaron que presentaron su proyecto en minoría.
En el debate sobrevoló el trabajo de la comisión de juristas que esta semana le hicieron al presidente Fernández una serie de recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la justicia, entre ellas que el nombramiento del Procurador sea con mayoría simple de votos. El oficialismo se apoyó en esa recomendación. La oposición sostuvo que fue hecha con una mayoría ajustada de seis de los 11 integrantes de la comisión de juristas.
Los mismos cambios se aplican para la designación del titular de la Defensoría General de la Nación, hoy a cargo de Stella Maris Martínez.
El debate en la comisión de Justicia se dio en simultáneo con una nota que 77 fiscales enviaron al Senado en la que señalaron que “la ley del Ministerio Público, como ley reglamentaria de la Constitución, cuidó de cumplir este mandato y estableció que el Procurador General de la Nación debía ser nombrado con acuerdo del Senado, con los dos tercios de los presentes”.
La iniciativa tiene otras modificaciones. Por ejemplo, cambia la actual integración del Jurado de Enjuiciamiento para fiscales. Mantiene la cantidad de siete miembros pero le da más peso a la política. Actualmente lo conforman dos fiscales, dos abogados, un representante del Poder Ejecutivo, un senador y un representante de las universidades. Ahora pasa a un fiscal, un abogado, un representante de las universidades, uno del Poder Ejecutivo y tres de la Comisión Bicameral del Ministerio Público del Congreso.
La Comisión Bicameral tendrá un rol importante en la iniciativa. Por ejemplo, los traslados de fiscales deberán tener su aprobación, un integrante formará parte de los jurados de los concursos de selección de fiscales.
La iniciativa también establece una paridad de género en la Procuración General y en la Defensoría General, la creación de nuevas Procuradurías especiales de investigación, la autarquía financiera y que los fiscales no pueden solicitar medidas de investigación a los organismos de inteligencia, lo que será considerado como una falta grave en su desempeño.
El dictamen
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