Enérgico rechazo de las entidades que agrupan a jueces y fiscales al nuevo proyecto para cambiar el mandato del Procurador y el control a los fiscales

Los cambios que pretende el kirchnerismo sobre el Ministerio Público Fiscal, en medio del debate por la postulación de Daniel Rafecas como candidato a la Procuración General, volvieron a despertar el alerta del mundo judicial. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional sostuvo que se trata de “otra amenaza a la independencia de los Ministerio Públicos” y advirtió que modificar la actual legislación implica consensos y no “mayorías políticas circunstanciales”. “Exigimos a nuestros legisladores el pleno respeto a la institucionalidad e independencia de los Ministerios Públicos, en el marco de un Estado de Derecho”, disparó la entidad.

Por su parte, la entidad que representa a los fiscales rechazó las iniciativas presentadas por ser “contrarios al espíritu de independencia, autonomía funcional y autarquía financiera que la Constitución Nacional ha establecido”. Y sostuvo que bajo la excusa de una “pretendida mejora del servicio de justicia” se busca “dar por tierra desde su nacimiento al sistema adversarial” y condicionar el desempeño “independiente” de los fiscales.

El jueves pasado, Infobae dio cuenta de la última jugada en el Senado del kirchnerismo duro para avanzar sobre el Procurador de la Nación. El ex gobernador rionegrino Alberto Weretilneck presentó un proyecto en el Senado para acortar a cinco años el mandato del jefe de los fiscales y elimina la mayoría de los dos tercios para elegir o removerlo. Pero en ese proyecto, además, se pone en riesgo de los fiscales, al proponer modificar la composición del Jurado de Enjuiciamiento, sumando más representantes del Congreso, salteando instancias en el procedimiento previo. El nuevo proyecto plantea modificar la composición del Jury de 7 a 9 miembros, aumentando la representación de los órganos políticos.

Mientras tanto, en las últimas dos semanas una docena de juristas pasaron por la comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el neuquino Oscar Parrilli, en donde coincidieron en la necesidad de acortar el mandato del Procurador que hoy es vitalicio. Hoy será la última reunión de los especiales. El miércoles próximo, el presidente Alberto Fernández recibirá el informe de los once juristas que eligió para asesorarlo en distintas reformas en el ámbito judicial, en donde se destaca el Ministerio Público: no solo se discute ponerle plazo al mandato sino la forma de elegirlo.

En ese contexto, en un comunicado, la Asociación de Magistrados reiteró su “profunda preocupación ante proyectos legislativos que intentan modificar las Leyes Orgánicas de los Ministerios Públicos de la Nación”. Según reseñó, “en esta oportunidad se propone establecer mayorías simples para la designación y remoción de sus titulares, limitar la duración de su mandato y alterar el funcionamiento de ambos Tribunales de Enjuiciamiento para sus integrantes, entre otras cuestiones”.

Tras recordar que “las leyes orgánicas que regulan institutos de la Constitución derivan directamente de la norma suprema que hemos jurado defender, en este caso el artículo 120 Constitución Nacional, y no pueden ir contra su letra ni contra su espíritu”, la entidad afirmó que para modificarlas se requiere “consensos amplios que impliquen un compromiso conjunto que trascienda las decisiones de mayorías políticas circunstanciales”.

“Esto nos obliga a reafirmar la independencia, la autonomía funcional, y la autarquía financiera de los Ministerios Públicos como garantías institucionales instauradas a favor de toda la sociedad y de toda persona. Por esa misma finalidad social, superior a los derechos mismos los propios magistrados que ejercen sus ministerios, son irrenunciables, requieren estabilidad y rigen en la materia los principios de progresividad y no regresividad institucional consagrados a nivel convencional”, se resaltó.

La entidad que preside el juez Marcelo Gallo Tagle también afirmó que “las leyes Nº 24.946 en su momento, y hoy las Nº 27.148 y Nº 27149, dictadas en junio de 2015, adquieren respecto de los elementos estructurales de ambos Ministerios Públicos el carácter de piso consolidado que no puede ser vulnerado por una normativa regresiva posterior”.

“Desde esta Asociación, representativa de todos los estamentos del sistema de justicia, solicitamos a nuestros legisladores, tal como hicimos coherentemente en 2017, el pleno respeto a la institucionalidad e independencia de los Ministerios Públicos, en el marco de un Estado de Derecho”, afirmó.

Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación también emitió un comunicado para recordar que desde ese espacio “se viene ofreciendo de manera permanente a las autoridades legislativas su conocimiento, experiencia y voluntad para colaborar en proyectar legislación en el sentido de alcanzar la puesta en marcha del sistema acusatorio en el orden procesal penal y una más moderna gestión en el área no penal”.

Sin embargo, se resaltó, “verificar la existencia de proyectos de ley absolutamente inconsultos y contrarios al espíritu de independencia, autonomia funcional y autarquía financiera que la Constitución Nacional ha establecido en su artículo120 , genera una enorme preocupación y rechazo debido a la manera en la cual se da tratamiento a la institucionalidad y las funciones que deben cumplir las y los Fiscales, entre otros temas: modificando y debilitando los modos de elección y remoción del Procurador General, proponiendo una inusitada reelección del mismo, generando una integración mayoritariamente de naturaleza política en el Tribunal de Enjuiciamiento y con un poder de discrecionalidad en la posibilidad de habilitar procesos disciplinarios”.

Según la entidad que preside el fiscal Carlos Rívolo, “la pretendida mejora del servicio de justicia, a través de este y otros proyectos de ley, no es mas que dar por tierra desde su nacimiento al sistema adversarial y a las y los Fiscales en la posibilidad de desempeñarse de manera independiente y autónoma en su función, recordándo una vez más que esto no es una garantía individual y corporativa de los integrantes del Ministerio Público Fiscal sino que integra el acerbo de toda la sociedad”.

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