
El Gobierno decidió prorrogar por otros 60 días la prohibición de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, que vencía el 30 de noviembre. Y también extendería por un período similar la vigencia de la doble indemnización, que finaliza el 17 de diciembre. Así se lo confirmó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a dirigentes de la CGT, justo al finalizar la semana en la que la central obrera se había endurecido frente al Gobierno.
Según fuentes sindicales, el Decreto de Necesidad y Urgencia sobre prohibición de despidos ya fue redactado por Moroni y debe ser firmado por el resto de los ministros entre el lunes y el martes próximos. Se trata del cuarto DNU sobre el tema desde que el 1° de abril pasado.
Los fundamentos del nuevo decreto serán los mismos que en los casos anteriores (el primer DNU rigió desde el 1° de abril; el segundo, desde el 1° de junio y el tercero, desde el 23 de septiembre): se dictará en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus.
La norma también extenderá por dos meses la prohibición de efectuar suspensiones por los mismos motivos, aunque quedarán nuevamente exceptuadas las suspensiones que sean pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación en el marco de los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

En su reunión de este martes, el consejo directivo de la CGT advirtió al Gobierno su malestar por el recorte de la ayuda económica, como el IFE y el ATP, y pidió “garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional”.
Pero la central obrera también reclamó que se extendiera la prohibición de despidos y suspensiones así como la doble indemnización, medidas que el ministro Moroni había asegurado que iban a continuar en la medida en que se prolongaran las dificultades en la economía y el empleo.
La doble indemnización figuraba en la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto N° 34 del 13 de diciembre pasado y que luego fue prorrogada por 180 días desde el 13 de junio, por lo cual vencía el 17 del mes próximo. La norma establecerá que los trabajadores tendrán derecho a la doble indemnización por otros 60 días en caso de despidos sin justa causa.
En su momento, Moroni explicó por qué habían prorrogado la doble indemnización cuando ya estaban prohibidos los despidos: “Quedaban una serie de situaciones como el despido indirecto, cuando el trabajador se da por despedido por incumplimientos graves del empleador –indicó–. En ese caso si no prorrogábamos la doble indemnización iba a tener una indemnización simple. Se da el caso también de empresas que no pueden reincorporar porque cierran. Entonces para completar la protección teníamos que mantener la doble indemnización”. “Lo que estamos protegiendo son esas situaciones que no quedaban alcanzadas por la prohibición de despidos”, agregó.

Luego de que se oficialice el DNU sobre los despidos y suspensiones, seguramente la UIA y la CGT volverán a prorrogar el acuerdo firmado en abril para facilitar las suspensiones de personal sin tareas con el pago de un 75% del sueldo neto, lo que dio lugar a numerosos acuerdos de empresas y sindicatos con un tope de descuento salarial (en rigor, se trata de sueldo sino de una prestación no remunerativa, ya que se otorga a empleados que no están trabajando).
Se espera que, como en los decretos anteriores, el nuevo DNU establezca que los despidos y suspensiones que se produzcan a pesar de la prohibición “no producirán efecto alguno, y se mantendrán vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”.
La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de marzo, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en medio de la pandemia y por el parate económico que produjo la cuarentena obligatoria.
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