El proyecto que propone que 24 ciudades del país funcionen como sedes para reuniones del Gabinete Nacional con autoridades locales, para analizar problemáticas vinculadas a la realidad nacional y también las específicas de cada provincia, avanza en el Congreso de la Nación.
La iniciativa, que recibió este martes dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, apunta a que 24 ciudades funcionen durante los próximos cuatro años como “capitales alternas”, agilizando el esquema de reuniones en las provincias entre funcionarios locales, nacionales y organizaciones de la sociedad civil.
La propuesta recibió el respaldo de 18 firmas pertenecientes al Frente de Todos y a Consenso Federal. Sin embargo, Juntos Por el Cambio presentó un dictamen planteando disidencias. Impulsado por el legislador radical de Chubut, Gustavo Menna, que contó con 15 firmas de la oposición, propone una serie de cambios al texto del Poder Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta.
Tras el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, resta que la analice la de Presupuesto antes de llegar al recinto de la Cámara Baja para convertirse en ley. Pablo González, diputado del Frente de Todos por la provincia de Santa Cruz y presidente de la comisión en la que se trató la iniciativa este martes, aseguró que “es una ley que descentraliza” y recordó que forma parte “de la propuesta de la campaña del Frente de Todos”.
En efecto, bajo el lema de “fortalecer el federalismo”, Alberto Fernández le propuso a los gobernadores la idea de capitales móviles y rotativas allá por el mes de septiembre de 2019. “Como afirma Juan Bautista Alberdi, en el símbolo o escudo de armas argentinas aparece la misma idea, representada por dos manos entrelazadas formando un solo nudo sin consolidarse: emblema de la unión combinada con la independencia”, dice el texto del proyecto que fue enviado al Senado a principio de año. Un reconocimiento a las identidades de cada provincia, así como la puesta en foco de que se necesita coordinación entre los Estados provinciales y el Estado nacional.
El proyecto crea el programa “Gabinete Federal” y asegura que “la declaración propiciada no tendrá un mero alcance simbólico, sino que redundará en un reposicionamiento de las ciudades elegidas en términos de su rol en la vida política y la gestión de nuestro país”.
En ese sentido, Pablo González señaló que el Presidente “se comprometió especialmente en el dictado de esta ley”, y explicó que la creación del Gabinete Federal está destinado a “realizar reuniones entre funcionarios nacionales, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales con el fin de identificar las demandas de la comunidad y articular las medidas necesarias para su satisfacción”.
De acuerdo al texto, se establece que el Ministerio del Interior estará a cargo de “coordinar con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades provinciales la elaboración del plan de trabajo de las reuniones” y fija que los encuentros sean “convocados con una periodicidad no mayor a 30 días”. En tanto, se agrega que “los funcionarios del Poder Ejecutivo que asistan deberán llevar registro y elevar un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete", que será puesto en conocimiento de la cartera que dirige Eduardo “Wado” De Pedro "sobre los consensos alcanzados, las medidas adoptadas y las propuestas que se consideren de necesaria implementación”.
Además, el Ministerio del Interior estará facultado a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias y se establece que las partidas presupuestarias necesarias serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto. Los distritos propuestos para ser capitales alternas son La Matanza y General Pueyrredón (Buenos Aires), Rosario (Santa Fe), Río Cuarto (Córdoba), Bariloche (Río Negro), Comodoro Rivadavia (Chubut), Concordia (Entre Ríos), Orán (Salta), Río Grande (Tierra del Fuego), General Pico (La Pampa), Guaymallén (Mendoza) y las capitales de Formosa y San Luis. También figuran en el proyecto Oberá (Misiones), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Goya (Corrientes), San Pedro (Jujuy), Chilecito (La Rioja), Cutral Có (Neuquén), Caucete (San Juan), Caleta Olivia (Santa Cruz), La Banda (Santiago del Estero) y Monteros (Tucumán).
Por su parte, Juntos Por el Cambio propuso incluir que se establezca un plazo de dos años para las relocalizaciones. El diputado del PRO Pablo Tonelli sugirió que en las reuniones del “Gabinete Federal” sean convocados a participar legisladores nacionales.
Con información de Télam.
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