Amnistía Internacional exigió medidas urgentes para los varados por COVID-19 en Formosa: “Su realidad es inhumana”

Pasaron más de siete meses desde que el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país. Fruto de los contagios masivos y la rápida expansión del virus, el gobierno de Formosa elaboró un programa restrictivo en el que las personas que están fuera de la provincia deben inscribirse para obtener la aprobación de regreso. Dicho mecanismo fue denunciado -por estas horas- por Aministía Internacional Argentina.

Desde el organismo detallaron que "hay más de 7.500 personas que aún están esperando una respuesta de la provincia de Formosa para volver a sus hogares”.

En un comunicado expresaron: “Amnistía Internacional tomó conocimiento de la existencia de al menos 900 personas que presentaron acciones judiciales para volver a su casa. El 5 de noviembre, la organización estuvo presente en la audiencia judicial que, además de ordenar el ingreso de 99 personas, declaró la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado dispuesto por las autoridades formoseñas”.

Ayer por la mañana, desde la gobernación acusaron a un juez federal de “desestabilizar el sistema sanitario” por haber permitido el ingreso a la provincia de tres personas con COVID-19. El magistrado Fernando Carbajal aprobó los regresos luego de avalar los hábeas corpus presentados por dos abogados.

“La Justicia Federal consideró inadmisible que quienes pudieran asumir los costos del hospedaje y test PCR (hisopado) estuvieran en una situación de privilegio frente a otros que, según se informó, tendrían turno de ingreso a la provincia para enero, febrero y abril de 2021. Además, instó a la provincia a diseñar un nuevo sistema de ingreso respetuoso de los derechos humanos”, sostuvieron.

“He de coincidir con la representante Gabriela Neme (patrocinarte de varados) en declarar la inconstitucionalidad del programa, atento a que el mismo sigue sin hacerse cargo de que tiene que existir una consistencia necesaria, a los fines que se plantea, para adecuar los ingresos a través de medios efectivos a tales fines, con plazos razonables y en condiciones que respeten estándares legales”, expresó el fallo firmado por el juez Carbajal.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sostuvo: “La realidad de los formoseños varados en el país es inhumana. Tanto las autoridades provinciales como nacionales deben dar una respuesta a los ciudadanos que esperan la demorada autorización para cruzar las fronteras. El Estado nacional no puede escudarse en la estructura federal del país para deslindar su responsabilidad ni su obligación y compromiso con los derechos humanos de todas las personas. A más de 200 días de la declaración de la emergencia sanitaria, deben tomarse medidas urgentes para que las personas puedan volver a su casa".

La organización internacional se reunió esta mañana con el senador formoseño Luis Naidenoff. En el encuentro le acercaron la preocupación por dicha situación. “El senador presentó un hábeas corpus a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual ya remitió dos pedidos de información a la provincia para que dé explicaciones”, revelaron.

Desde Amnistía agregaron: “El derecho internacional prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones extraordinarias. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria; y no debe perpetuarse indefinidamente en el tiempo. El respeto a los derechos humanos, lejos de ser un obstáculo para el control de la pandemia, es una condición necesaria para que las medidas sean legítimas y socialmente aceptadas”.

El abogado Daniel Suizer culpabilizó hace menos de un mes al gobierno de Formosa por la tragedia de Mauro Ledesma, un joven de 23 años que fue hallado el domingo 11 de octubre por un grupo de pescadores en el río Bermejo, límite natural entre las provincias de Formosa y Chaco. El joven, que residía en la localidad formoseña de El Colorado, había aplicado el 25 de agosto para que le permitieran volver a su casa y reencontrarse con su mujer y su hija de 3 años, a quienes no veía desde principios de enero. Ante la imposibilidad de regresar, decidió cruzar el río a nado y murió ahogado.

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