Exámenes, antecedentes y política: cómo se elige un juez en la Argentina y cuánto dura el proceso

Para ser juez nacional o federal hay que pasar por distintas etapas. Desde un examen escrito hasta el filtro de la política. Así lo establece la Constitución Nacional y se trata de un proceso cuya duración es incierta. Puede durar dos años o hasta una década, como ha ocurrido en algunos casos. Depende de la celeridad que se le ponga o no a cada etapa, de la sensibilidad política de cada cargo y de los tiempos de cada gobierno.

En la designación de un juez –tanto nacional como federal de primera instancia, de Cámara o de un Tribunal Oral– intervienen tres organismos nacionales: el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado. Cada uno con un rol y tiempos distintos. Para los magistrados provinciales el proceso se hace en cada provincia.

La celeridad o lentitud en el proceso están marcadas por la política y sus intereses de querer cubrir o no el cargo vacante. La clave pasa por la importancia política o institucional del lugar a ocupar.

La primera etapa es del Consejo de la Magistratura. Se trata del órgano encargado de hacer el concurso público para cubrir los cargos vacantes. Los postulantes deben inscribirse, rendir un examen oral y presentar sus antecedentes. Un jurado corrige y califica la prueba y el Consejo los antecedentes. Con eso se fija un puntaje y se convoca a los mejor calificados a una entrevista personal. Finalmente se establece el orden de mérito final y el proceso de selección entra en su primera etapa política.

Para aprobar una terna se requiere la aprobación de nueve consejeros sobre los 13 que integran el cuerpo. Al Consejo lo conforman jueces, abogados, senadores, diputados, un representante del Poder Ejecutivo y otro del sector académico. Casi nunca ni el oficialismo ni la oposición tienen los votos por sí solos para aprobar una terna. Así se requieren acuerdos donde la puja política se hace más fuerte sobre los nombres de los candidatos para la terna. Si esos acuerdos se alcanzan rápido y se aprueba la terna, el concurso público en el Consejo puede durar de seis meses a un año. Hubo casos en los que demoró tres meses. Pero el promedio general de trámite en el Consejo es de dos años y medio.

Un informe de marzo 2017 de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia analizó los concursos que en ese momento se tramitaban en el Consejo y concluyó que “según el propio Reglamento de Concursos del Consejo de la Magistratura debe durar un máximo de 176 días hábiles judiciales –aproximadamente 8 meses y medio–, raramente termina en dicho plazo. La información sobre el estado de concursos publicado por el Consejo de la Magistratura muestra que existen concursos abiertos desde hace varios años, superando ampliamente el plazo previsto por la reglamentación”.

Según datos del Consejo, hoy hay 57 concursos en trámite para cubrir 132 cargos de jueces.

Hay una instancia en la que el proceso de selección se puede acelerar. Es cuando se produce una vacante para un cargo similar que ya tiene un concurso abierto. En esos casos la ley establece que el nuevo cargo se puede sumar al concurso en trámite sin tener que llamar a uno nuevo. Así se evitan algunas etapas del proceso. Esa facultad está fijada en la ley del Consejo.

Una vez que el Consejo de la Magistratura aprueba la terna, va al Poder Ejecutivo. Allí el Gobierno debe elegir a uno de los postulados para proponerle su nombre al Senado, donde se hace la aprobación del nombramiento. En la Cámara alta se convoca a una audiencia pública con el postulante y luego se aprueba. Esas etapas son las más políticas. Y donde también suele haber demoras ya que no hay plazos para resolver.

Algunos ejemplos de cómo la designación de jueces se demora.

La ultima vez que se cubrió un cargo en la Cámara Federal fue en 2018 cuando asumió el juez Mariano Llorens. Todo el proceso de selección duró 10 años. El concurso en el Consejo se inició en 2008 y durante cuatro años estuvo parado después del examen de los candidatos. Se reactivó en noviembre de 2017 cuando se aprobó la terna y en junio de 2018 Llorens fue designado.

Otro caso fue uno que todavía no completó el proceso. Es para la vacante que hay en la Cámara Nacional Electoral, el tribunal encargado de las elecciones nacionales. En 2016 se convocó a concurso y en mayo de 2018 el Consejo lo finalizó y envió la terna al Poder Ejecutivo. Pero el entonces gobierno de Mauricio Macri no pudo superar una interna política para elegir a uno de los postulantes. Estuvo un año y siete meses con la terna sin resolver hasta que se fue del poder.

También según datos del Consejo, hoy hay en el Senado 43 pliegos de jueces y 116 en el Poder Ejecutivo. Con esos números más las 132 vacantes que se tramitan en concursos en el Consejo, la cantidad de cargos sin jueces en la Justicia nacional y federal son 291 sobre cerca de mil que hay.

Los cambios de gobierno suelen atentar contra la resolución de las vacantes. Lo que ocurre siempre es que el Poder Ejecutivo que llega retira todos los pliegos que su antecesor envió al Senado y todavía no se aprobaron. Lo hizo Macri en diciembre de 2015, apenas ocho días después de asumir, y lo mismo Alberto Fernández en febrero pasado.

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