La mayoría de los detenidos en el operativo de Guernica eran militantes que se sumaron a la toma para resistir el desalojo

Las imágenes que recorrieron el mundo sobre el desalojo de la toma de Guernica son impactantes. Policías apertrechados con escudos, cascos, escopetas, uniformes negros o camuflados tirando gases lacrimógenos y balas de goma contra personas que se defendían con chapas y colchones y agredían con palos, piedras y botellas.

Supuestamente eran parte de las 1.400 familias asentadas en los cuatro barrios que conformaban la usurpación (La Lucha, San Martín, La Unión y 20 de Julio) contra los más de 4.000 efectivos comandados por Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense. La acción dentro del predio fue rápida. En menos de 90 minutos, el lugar fue desalojado. Según el parte oficial, fueron detenidos 27 hombres y 10 mujeres. Sin embargo no todo es lo que parecía. Solo 8 de los 37 demorados –ya fueron liberados– pertenecían a la toma. El resto eran militantes de los partidos de izquierda o de organizaciones sociales que ingresaron en las últimas horas para “resistir” el desalojo y demostrar que en el predio había más personas de lo que se sostenía.

El dato surgió después de que Infobae cruzara los nombres, apellidos y números de documentos de las familias relevadas en dos oportunidades en la toma, con los datos filiatorios que surgen de la causa que se les abrió por “desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad agravado por número de personas, por el uso de armas y por poner manos sobre la autoridad". La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.

Dentro del predio de Guernica se realizaron dos censos. El primero impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque. Los datos socioambientales de cada una de las familias volcados en las planillas quedaron inconclusos por acción de los delegados de la toma que respondían a partidos de izquierda y organizaciones sociales.

El segundo de los censos fue por pedido de estos, y tenía como objetivo “blanquear” a los que ingresaron después del censo y reemplazar a muchas de las familias que ya habían acordado con el Estado provincial retirarse de manera pacífica al aceptar la reubicación y posterior entrega de terrenos con servicios para construir.

Ese relevamiento –complementario del primero– arrojó que efectivamente habían ingresado más de 800 familias. Esto estaba vedado por pedido de la Justicia y un acuerdo alcanzado con Larroque.

Este último relevamiento fue supervisado por dos organismos de derechos humanos que oficiaban como veedores: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).

De esos datos, que también forman parte de la causa judicial, Infobae estableció que solo César Alejandro Loza, Walter Alejandro Radanovich, Ezequiel Ernesto Huelmo, Nicolás Gabriel Villalba, Alfredo Cabrera, Virgilio Galeano, Camila Ayelén López y Camila Marinela Ybañez, estaban anotados en uno o ambos relevamientos, el resto no estaban reclamando terrenos y viviendas para vivir, tal la consigna que utilizaban, sino que se sumaron en las últimas horas, cuando el desembarco de las fuerza de Berni ya era un hecho.

Las dos estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA) que fueron detenidas durante el desalojo, Tatiana Fernández, presidenta del centro de estudiantes, y Luz Schiffmacher, integrante del consejo resolutivo de convivencia del colegio, tampoco habían sido censadas. Ambas, según pudo saber este medio, militarían en el Partido Obrero, según sostienen desde esa agrupación de izquierda.

“La mayoría de las personas que se enfrentaron a la policía no estuvieron nunca en la toma, nunca los vimos en los barrios ni fueron censados o relevados, es gente que ingresó al predio solo para generar disturbios”, habían sostenido ante Infobae funcionarios de la gobernación de Axel Kicillof, apenas las fuerzas de Berni anunciaron que se desalojó el predio.

Según el cruce de datos realizado por este medio, estaban en lo cierto.

Hasta el día del operativo policial, los dirigentes de algunos partidos de izquierda, como el Polo Obrero, aseguraban que en la toma había más de 4.000 personas y que era falso lo que sostenían Larroque y Kicillof al afirmar que más de 700 familias ya habían acordado con el Gobierno el desalojo voluntario y aceptado la propuesta de una mejora habitacional y su reubicación.

Los dos funcionarios también aseguraban que en la toma quedaban entre 150 y 200 familias o personas y que pertenecían al grupo más duro e intransigente de la usurpación. Cuando Berni y el fiscal ingresaron al predio para desalojar, lo hicieron por lo que era el barrio La Unión. La noche anterior los vecinos habían votado retirarse voluntariamente, y así lo hicieron.

El pelotón policial, a las 5 de la madrugada, ingresó justamente por ese extremo de la toma, el más lejano y que no ofrecía ningún tipo de resistencia porque las modestas construcciones estaban vacías.

Según los últimos datos oficiales, más de 800 familias que reclamaban una vivienda ya fueron reubicadas en alguno de los seis lugares que la gobernación de Kicillof dispuso para ellos. Ocho de ellas lo hicieron ayer mismo, mientras se producía la refriega entre policías y la mayoría de militantes. Fuera del predio había quedado un dispositivo de contención del Ministerio de Desarrollo de la comunidad para esta tarea.

Una de esas familias, en diálogo con Infobae, ya había sostenido que los que enfrentaban a la policía no formaban parte de ninguno de los cuatro barrios que convivían dentro de la ahora ex toma de Guernica.

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