La Justicia de Entre Ríos definirá hoy si desaloja la toma del campo de la familia Etchevehere

La titular del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, dará a conocer hoy su definición respecto a las apelaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella particular, que solicitaron sea revisada la resolución del juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, que había rechazado la medida cautelar que solicitaba el desalojo de Dolores Etchevehere y los militantes del Proyecto Artigas de la estancia Casa Nueva.

La decisión se comunicará, se prevé, a las 10 de la mañana de este jueves, cuando se levante el cuarto intermedio dispuesto ayer tras más de cuatro horas de audiencia. La jueza puede disponer sobre el desalojo, rechazar las apelaciones u ordenar al Juzgado de Garantías de La Paz que revise lo actuado. Cabe recordar que toda intervención que realice la Justicia de La Paz en el expediente ya estará a cargo del juez natural del Juzgado Walter Carballo.

Castagno debe resolver en base al artículo 75 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER), que establece que en casos donde se denuncia una presunta usurpación el juez “podrá disponer provisoriamente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble”. Para esto, la magistrada debe interpretar que “el derecho invocado por el damnificado sea verosímil” y fijar un monto de caución si lo cree necesario.

Durante la audiencia de ayer, las partes se refirieron al artículo en cuestión pero se extendieron por fuera de sus límites, analizando pruebas de la cuestión de fondo del conflicto: los derechos de propiedad, tenencia y uso del campo Casa Nueva ubicado en Santa Elena, departamento La Paz.

Tanto la fiscalía a cargo de Oscar Sobko y Mónica Carmona, como la querella del abogado Rubén Pagliotto, aseguraron que la propiedad de la estancia es de Las Margaritas SA. La firma ganadera es la histórica empresa de la familia Etchevehere que tiene como presidenta y accionista mayoritaria a Leonor Barbero Marcial, madre de los hermanos en conflicto.

Los acusadores afirman que más allá de los derechos que pueda tener Dolores Etchevehere sobre la propiedad, cualquier acción que decida sobre el campo debe haber consultado al “órgano máximo de gobierno de una sociedad anónima que es la asamblea de accionistas”. Esto a pesar de que Pagliotto insistió en que la denunciada se desprendió de las acciones que le correspondían por la herencia de su padre Luis Félix Etchevehere. Por ser heredera, a la hermana del ex ministro Luis Miguel Etchevehere le correspondía el 12,5% como a sus hermanos.

Sin embargo, los abogados defensores Lisandro Mobilia y Daniela Verón, aseguraron que el juicio sucesorio que tramita en el Juzgado Civil N°7 de Paraná no está concluido y que se trata de un proceso indiviso.

Otra de las cuestiones que están en el centro de la discusión es el acuerdo privado firmado por las partes el 31 de agosto del 2018, a través del cual Dolores Etchevehere habría prestado voluntad de ceder sus acciones a cambio del pago con 24.000 dólares y dos fracciones de campos, entre las cuales se encuentran 129 hectáreas de Casa Nueva.

Pero los defensores aseguraron que ese acuerdo no es válido por haber sido firmado bajo “extorsión en contexto de violencia de género”, hechos que denunciaron en Comodoro Py y ratificaron el pasado lunes ante el fiscal Federico Delgado. Esta causa es otro de los puntos que marcaron desde la defensa para solicitar que sean rechazadas las apelaciones. Además citaron un acta notarial firmada en Buenos Aires, en junio del 2018, en donde Dolores adelantó que iba a firmar el acuerdo con sus hermanos por sentirse presionada y extorsionada.

Para Pagliotto y los fiscales esa acta previa al acuerdo no tiene validez, porque se trata de una corroboración que la escribana hizo del relato de Dolores pero que no certificó que los hechos allí señalados hayan ocurrido ante su visión.

A pesar de estos argumentos cruzados, Castagno deberá evaluar si lo solicitado por la querella encuentra en las pruebas un grado de verosimilitud del presunto delito de usurpación. En caso de entender que existe documentación que de muestra de esa verosimilitud podrá disponer el desalojo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. En caso de rechazar las apelaciones, Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas podrán seguir trabajando en el campo y cobrará fuerza la posibilidad de una conciliación judicial en donde encuentren un punto de equilibrio que permita bajar las tensiones del conflicto.

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