
En octubre de 2004 el país era diferente. El presidente de la Nación era Néstor Kirchner. El actual presidente Alberto Fernández ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete y la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, era senadora por Santa Cruz. El ex presidente Mauricio Macri presidía Boca Juniors y ya había fracasado en un su primer intento por llegar a ser jefe de Gobierno porteño.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación que hoy está compuesta por cinco integrantes tenía por entonces siete miembros. Solo dos de los que formaban parte de la Corte en aquella primavera de 2004 aún continúan ocupando un despacho en el cuarto piso del Palacio de los Tribunales. Pervivien allí Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.
Las miradas de la sociedad que había sido sacudida por la crisis económica de 2001 estaban puestas en los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tenían que resolver una cuestión trascendental para los argentinos. Había llegado a la máxima instancia judicial de la Argentina los reclamos contra la pesificación de los depósitos que había dispuesto en febrero de 2002 el entonces presidente de la Nación Eduardo Duhalde.
Cuando llegó al gobierno por la renuncia de Fernando de la Rúa y de Adolfo Rodríguez Sáa, Duhalde prometió que "los que depositaron dólares recibirán dólares”. Pero la realidad fue otra bien diferente. Después del corralito de De la Rúa y Domingo Cavallo que terminó con la lógica de un peso un dólar, Duhalde determinó la pesificación de los depósitos en moneda estadounidense. El ministro de Economía de entonces era Jorge Remes Lenicov y la pesificación se concretó en febrero de 2002. Los depósitos en dólares se convirtieron a $1,40, más el ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En aquel febrero se estableció el llamado “corralón”, que determinó la indisponibilidad de los plazos fijos en pesos y dólares, en una medida que profundizaba el “corralito” que se había establecido en 2001 por la administración de la Alianza.
Los ahorristas defraudados por el corralito del 2001 protestaban en las calles. Y luego seguirían haciéndolo-con un poco menos de intensidad- contra las medidas de Duhalde. El dólar por entonces había alcanzado el valor de 4 pesos. El 97,5% de los plazos fijos en dólares a fines de 2001 eran inferiores a 75 mil dólares. Los depósitos menores a los 75 mil dólares representaban el 58,3% del total de los dólares depositados a plazo fijo. Es decir que el corralito y la pesificación afectaron en gran parte a pequeños ahorristas.
Cunado asumió Duhalde la Corte era la heredada del gobierno de Carlos Menem. Cuando llegó Kirchner al poder la modificó. Entre una Corte y la otra hubo fallos que cuestionaban la pesificación y que ponían en riesgo la política económica del kirchnerismo.
Hasta que finalmente el 26 de octubre de 2004 cinco jueces de la Corte de entonces aunaron voluntades y convalidaron la pesificación de los depósitos bancarios en dólares que habían sido acorralados en diciembre de 2001. La Corte avalaba así lo dispuesto por Duhalde en febrero de 2002.
Los jueces que votaron a favor de la pesificación fueron Maqueda (que ingresó a la Corte en 2002) y Highton que llegó de la mano de Alberto Fernández en el gobierno de Kirchner. A ellos se sumó el voto de Augusto Belluscio (que estaba desde 1983), el de Antonio Boggiano (designado por Menem) y el de Eugenio Zaffaroni (nombrado por Kirchner). En contra votó Carlos Fayt, quien permaneció desde 1983 hasta 2015 en la Corte. No votó Enrique Petracchi (quien murió en 2014) porque era un ahorrista más de los que había sido perjudicado por el corralito y la pesificación de los depósitos.
La decisión de la Corte, de aquel 26 de octubre de hace 16 años fue celebrada en la Casa Rosada Gobierno y repudiada por ahorristas que habían logrado ingresar al edificio de Talcahuano 550 donde funciona el máximo tribunal del país. El cómico devenido luego en senador Nito Artaza, había encabezado una vigilia de ahorristas que pasaron la noche anterior al fallo dentro del Palacio de Tribunales. Artaza, que llevó la voz cantante de los ahorristas por aquellos tiempos había dicho horas que un fallo a favor de la pesificación por parte de la Corte Suprema “consolidará la confiscación” de los ahorros.
La decisión de la Corte se tomó porque habían llegado hasta allí un reclamo promovido por los ahorristas Alberto Bustos, Gracia Luz Don, Ramón Giacchi y Graciela Guadalupe Dappen contra el Estado Nacional y los bancos Central, de Entre Ríos y Francés. Los depositantes habían obtenido fallos favorables en primera y segunda instancia, pero el Estado Nacional había apelado ante la Corte. Esteban Righi, quien ocupaba el cargo de Procurador General de la Nación había recomendado que la Corte revocara la sentencia que había dictado la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná-luego de un fallo favorable de primera instancia- a favor de los ahorristas.
La mayoría de la Corte sostuvo en aquel lejano 2004 que la pesificación fue una medida “razonable” y “legítima” aplicable en la situación de emergencia económica que se vivió en el país, y que se hubiera considerado “un privilegio” la devolución de dólares a los ahorristas. El voto de Fayt fue en contra de la pesificación ordenaba que los bancos devolvieran en cuotas los dólares.
En sintonía con lo que había dictaminado Righi, los cinco ministros de la Corte recordaron que el Estado remedió con diversas normas lo dispuesto con el “corralito”. Aún más, para Belluscio y Maqueda no hubo “daño” por parte del Estado.
Los ministros también cuestionaron de manera contundente a los jueces de instancias inferiores que habían fallado a favor de los ahorristas con medidas cautelares y que, según Maqueda y Belluscio, convirtieron la Justicia en “un festival de amparos”.
Con aquel fallo del que se cumplen 16 años se avaló la devolución de 1,40 peso por cada dólar depositado, más la aplicación del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) y los intereses por el tiempo transcurrido. Por cada dólar depositado, el día que se firmó la sentencia, se debían reconocer 2,14 pesos. Ello implicó entonces una pérdida del 28 por ciento.
Después de miles de amparos presentados ante la justicia y a casi tres años de haberse iniciado el proceso llamado corralito y luego corralón que terminó con la pesificación, la Corte cerró la discusión judicial. Resonaba todavía aquel grito de “chorros, chorros, chorros, devuelvan los ahorros” que ganó las calles de la Argentina de la crisis interminable.
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