Quién es el juez que debe tomar una decisión en el conflicto entre los Etchevehere y Juan Grabois

El juez Raúl Flores está viviendo sus 15 minutos de fama de una manera que nunca lo hubiera imaginado. Este magistrado de 53 años, de perfil bajo y carácter fuerte, está recibiendo en estas horas más llamados que en todo el año. Todas tienen un mismo eje: el conflicto familiar de los Etchevehere que puso frente a frente al ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere y a Juan Grabois, uno de los líderes de las organizaciones sociales y alfil del papa Francisco.

Flores tendrá que definir si hay o no usurpación del campo Casa Nueva, ubicado en las afueras de la ciudad de Santa Elena, ocupado desde hace unos días por la hermana de Luis Miguel, Dolores, junto al dirigente social y un grupo de sus seguidores nucleados en el Proyecto Artigas, mediante el cual pretenden llevar adelante una desarrollo agroecológico.

El magistrado está frente al caso de casualidad. Su lugar natural es el Juzgado de Familia y Penal de Menores, cargo que ganó por concurso en el Consejo de la Magistratura provincial. Pero debió reemplazar al juez de Garantías Walter Carballo, quien antes de que el conflicto estallara pidió estas semanas de licencia para compensar los días que trabajó durante la feria judicial. Carballo ya tuvo sus minutos de fama: fue en el living de Susana Giménez, a comienzos de siglo, cuando acompañó a la madre de Fernanda Aguirre, la chica desaparecida y nunca encontrada, mientras una mentalista le contaba videncias.

El juez Flores estudió derecho en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, ciudad en la que vivió en un departamento con cinco amigos desde 1984 hasta que se recibió. Se lo recuerda como un buen estudiante, metódico y constante. Luego volvió a La Paz, la cabecera del departamento homónimo donde está el campo de los Etchevehere. Ejerció la profesión de abogado durante más de 20 años. Se lo tuvo siempre como un litigante bueno y requerido al que nunca le faltó el trabajo. Aguerrido, enfrentaba, como todo letrado de pueblo, los más diversos tipos de problemas: penales, familiares, civiles y laborales. Quienes lo enfrentaron en los estrados judiciales describen las disputas con Flores como verdaderas batallas campales.

Nunca tuvo militancia política pública en ningún partido, no se lo vio nunca en una marcha, ni es fácil encasillarlo en alguno de los lados que generó la grieta. Es un cultor del perfil bajo. De semblante hosco y pocos amigos, es respetado a pesar de su escasa simpatía. No se le conoce una vida social activa, no es común verlo domingueando en la plaza principal ni en la zona del puerto viejo. Tiene tres hijos: dos mayores con su ex pareja, también funcionaria judicial pero radicada en otra localidad, y el restante, de corta edad, con su actual mujer.

Su laboriosidad y capacidad de estudio le permitieron ganar dos concursos en el Consejo de la Magistratura. El primero fue en 2011 con el cual se quedó con la Defensoría Pública de La Paz. Cinco años después se alzó con el cargo de Juez de Familia.

Flores es un hombre de carácter fuerte, dicen con seguridad quienes lo conocen y lo tratan. Suele hacer resonar su voz cuando es necesario, aunque siempre manteniendo los modales, y en los Tribunales locales se sabe que en las audiencias donde interviene los márgenes no deben cruzarse. No es fácilmente impresionable, aunque el escenario que tiene enfrente y la atención de los medios nacionales no son algo habitual en la localidad. Su personalidad hará que se tome todo el tiempo que considere necesario para dar respuesta al entuerto que tiene en su escritorio.

En su juventud jugó al fútbol en un equipo local, pero hasta antes de la pandemia se lo podía ver practicando running con gente de su edad y entrenando en el gimnasio. El segundo nombre del juez es Damir. Es una palabra de origen eslavo que significa “el que da paz”, una paz que se necesita en este convulsionado panorama que se vive aquí.

Perfiles

En la novela que tiene como protagonistas a Luis Miguel, su hermano Juan Diego (ex funcionario del Enacom durante el macrismo) y la madre Leonor Marcial por un lado, y a Dolores y Grabois por el otro, también fueron apareciendo otros actores.

Fiel a su estilo, el gobernador justicialista Gustavo Bordet recién habló este jueves sobre el tema. “Es un conflicto familiar. Lo que determine el Juez es lo que nosotros vamos a hacer cumplir”, aseguró. Luego, les habló a los ruralistas: “No serán vulnerados sus derechos a la propiedad”. Antes había enviado a sus ministros Juan José Bahillo (Producción) y Rosario Romero (Gobierno) a plantarse públicamente con la misma postura.

Una de las últimas sorpresas la dio la titular del INADI, Victoria Donda. Presentó un escrito justificando su intervención considerando que la marcha convocada para “Jinetes, tractores y camionetas. Fuera Grabois de Entre Ríos” que fue convocada para ayer en la puerta de Casa Nueva implicaba un acto de discriminación. “Evitar que ingrese una persona determinada en virtud de su situación económica o social, o por los ideales que defiende, resulta violatorio del derecho antidiscriminatorio y puede constituir delito de intimidación y amenazas”, precisó en el documento.

Donda intervino por videoconferencia. Luego de su exposición, interrumpió al abogado de Dolores Etchevehere para asegurar que en ese momento -eran las 20:40- estaban ingresando personas al campo en disputa amenazando de muerte a quienes estaban dentro, es decir al grupo de Grabois. En rigor, no hubo ningún incidente y el centenar de policías provinciales que se dispusieron no debieron intervenir. Sólo un grupo de ruralistas quiso mediar, infructuosamente, pidiendo a Dolores que se retire.

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