ADEPA y FOPEA criticaron la última decisión judicial en el Caso D’Alessio: “La criminalización del periodismo crea un peligroso precedente”

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se pronunciaron en relación a la decisión del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien en el caso D’Alessio amplió los procesamientos, cerró la instrucción y envió el expediente a juicio oral.

Las entidades periodísticas expresaron su repudio por el procesamiento del periodista Daniel Santoro. “La resolución judicial de Ramos Padilla sindica a Santoro como miembro de una presunta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la inteligencia interna. Según el juez, el objetivo era, a través de dichas actividades, influir en la situación institucional, política y económica del país, y en la opinión pública a través de los medios de comunicación”, publicó ADEPA en un comunicado.

“Llama la atención que el periodista no fuera citado a indagatoria antes de la nueva resolución y también que esta haya sido tomada sin que se agregara ningún hecho relevante a la causa. Ya el año pasado, a través de sendos comunicados, Adepa había cuestionado el carácter selectivo de la imputación a Santoro, el avance sobre el secreto de las fuentes de información protegido por la Constitución, y la falta de elementos que pudieran sugerir cualquier interés extraprofesional o involucramiento doloso de Santoro en las actividades de los otros procesados. En el mismo sentido se expresaron numerosas instituciones y juristas, que incluso se presentaron como amicus curiae en el expediente, como es el caso de los constitucionalistas Antonio María Hernández y Andrés Gil Domínguez”, continuaron.

El comunicado continuó: “La nueva resolución da un paso más, al aplicar figuras que deberían ser totalmente restrictivas, como la de la asociación ilícita, desconociendo que el periodismo de investigación tiene en forma habitual contacto con fuentes cuyas actividades no siempre son lícitas ni procuran finalidades de bien común, como ha sostenido Adepa en reiteradas ocasiones".

Allí se agregó: “El periodismo no goza de ningún tipo de inmunidad. La Justicia puede y debe investigar y sancionar los delitos que pudieran cometer los periodistas, pero la responsabilidad de estos debe ser indubitable y esos supuestos delitos nunca pueden configurarse por la publicación de información sobre hechos de interés público. La criminalización del periodismo en estos casos crea un peligroso precedente que lleva a la autocensura y desincentiva la investigación periodística, clave para la lucha contra la corrupción”.

“La imputación o el procesamiento de periodistas -en este caso, de Daniel Santoro- por las acciones ilícitas que puedan haber cometido sus fuentes y por la publicación de informaciones provistas por esas fuentes constituye un mecanismo de restricción indirecta a la libre expresión y daña así el libre ejercicio del periodismo, en los términos del Pacto de San José de Costa Rica”, completaron desde la asociación.

FOPEA, por su parte, se pronunció en un breve texto en Twitter: “El Foro de Periodismo Argentino expresa su preocupación y condena una nueva decisión del juez Alejo Ramos Padilla, que amplía el procesamiento del periodista Daniel Santoro como miembro de una ‘asociación ilícita paraestatal’ y lo acusa de ‘espionaje ilegal’. FOPEA entiende que se trata de un nuevo avance para criminalizar la actividad periodística. Nuestra organización está abocada al análisis legal pertinente para expresarse en detalle sobre este nuevo ataque al trabajo profesional”.

Ramos Padilla inició una investigación por una extorsión que, con el allanamiento a la casa de D’Alessio, viró en otra cosa cuando se encontraron armas, equipos de comunicaciones y una serie de carpetas y documentos que daban cuenta de una red de espionaje de alcance político, periodístico, empresarial y judicial. Así lo explicó el juez las dos veces que fue al Congreso a dar detalles de su investigación (una frente a la Comisión de Libertad de Expresión y otra a puertas cerradas ante la Comisión Bicameral de Seguimiento a los organismos de inteligencia).

El juez señaló que “asimismo, a partir del momento en que se logró desbaratar esta organización, algunos de sus miembros recurrieron a la actuación ilegal de los servicios de inteligencia y a las mismas lógicas que se describen en esta resolución. El objetivo de esta pesquisa ha sido averiguar la verdad de lo sucedido y, en tal sentido, puede afirmarse que la instrucción se encuentra completa y en condiciones de dar inicio al proceso de su elevación para la realización de un debate público en el cual los involucrados podrán, de cara al tribunal y la sociedad, exponer sus razones y defensas. Como señalé en varias oportunidades, el objeto de esta investigación excede la intervención de uno o dos fiscales, un periodista, un falso abogado o dos directivos y un ex agente de la AFI. En concreto, aquí se encuentra involucrada la actividad de una organización paraestatal con fuertes vínculos con los tres poderes del Estado e incidencia en las instituciones democráticas mediante mecanismos de espionaje ilegal y pseudo mafiosos”.

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