La Coalición Cívica denunció a los fiscales de la causa del espionaje de Lomas de Zamora por filtrar datos sensibles

Cinco diputados que responden a Elisa Carrió presentaron hoy una denuncia ante el Procurador General interino Eduardo Casal para que se investigue a los dos fiscales de la causa del espionaje de Lomas de Zamora. Se trata de los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, a los que se acusa de mal desempeño e incumplimiento de los deberes a su cargo por haber incorporados a la causa datos “personales y privados” del ex presidente Mauricio Macri, junto a información sensible de inteligencia que más tarde se filtró a los medios de comunicación.

A criterio de la Coalición Cívica, “este grave ‘traspié’ de los funcionarios no sería ni el único, lo que hace que el mismo deje de ser un hecho aislado, para convertirse en un modo deliberado de actuar ante casos de particular objeto: la investigación de funcionarios del anterior gobierno”.

La presentación, a la que accedió Infobae, lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Mariana Stilman y reclama que " se abra la respectiva instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento y oportunamente, se proceda a su remoción, por la comisión de las faltas graves en orden a lo dispuesto por los incisos d) y e) del art. 68; en aplicación de las sanciones estipuladas por los arts. 70 y 71 de la misma Ley Orgánica del Ministerio Público".

La denuncia llega cuando en la causa de Lomas de Zamora ya se terminó una ronda de una veintena de indagatorios que tuvieron como protagonistas a los ex directores de la AFI de la gestión anterior Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y también al secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto. También están imputados la ex encargada del área de Documentación de la Casa Rosada Susana Martinengo y un grupo de espías. A todos se los acusa de haber conformado una asociación ilícita que habría llevado adelante distintas tareas de vigilancia y seguimiento ilegal contra referentes políticos -entre los cuales está Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal-, gremiales -como Hugo y Pablo Moyano-, periodistas y jueces -como Martín Irurzun, titular de la Cámara Federal porteña-.

Con el fin de las indagatorias, el juez Juan Pablo Augé quedó en condiciones de decidir si procesa o no a los involucrados. La causa está delegada en la fiscal Incardona y su colega Eyerhabide, que fue enviado por la Procuración para colaborar con el megaexpediente.

En el marco de la tramitación del expediente, la AFI envió un libro de protocolos de resoluciones tomadas entre 2015 y 2019, en donde constaba la identidad de decenas de agentes y ex agentes de la AFI. El documento se subió sin filtros al expediente, del que participaban unas 80 partes, y la información fue publicada por distintos medios.

Mas tarde, Nieto denunció en el expediente que se volcaron una serie de datos personales del ex jefe de Estado que no hacen al avance de la investigación en sí. La presentación la hizo el abogado defensor, Gervasio Caviglione Fraga, quien asegura que en la causa se volcaron: “a) números de teléfonos personales y laborales; b) la dirección de su oficina y residencia en la que vive; c) dirección de correo electrónico; d) usuario y contraseña de Facebook; e) su usuario y contraseña de Mercado Libre; f) fecha de nacimiento; g) número de CUIT y clave fiscal; h) número de tarjeta de crédito, entre muchos otros datos personales del Ex Presidente de la Nación Mauricio Macri, en abierta violación de su intimidad y privacidad y, claramente, la de mi cliente”. También aparece la clave de Netflix o su pin de Blackberry, los números de la patente de su auto, la fecha de casamiento o hasta la talla de calzado. Era toda información que Nieto tenía en el contacto del ex presidente por ser su secretario privado.

Según los diputados de la Coalición Cívica, los fiscales violaron “las reglas de confidencialidad respecto de los asuntos que así lo requieren y en los que actúa el Ministerio Público Fiscal de la Nación, o extraer, duplicar, exhibir o transmitir documentación que debía permanecer reservada poniendo en riesgo las funciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación”. También se los denunció por “actuar con grave negligencia en la atención de asuntos encomendados o en cumplimiento de las obligaciones asumidas”.

A criterio de los legisladores, resulta “inexplicable que los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide hayan tomado la decisión de agregar dicha información, a todas luces irrelevante para la causa y violatoria del más elemental derecho a la intimidad del ex mandatario, como información de relevancia para el expediente”.

“Pero el obrar abusivo no se detiene allí, en tanto dicha información sensible no sólo fue agregada a la causa, sino que respecto de la misma, los fiscales no tomaron el mínimo resguardo de seguridad y decidieron digitalizada y subirla al sitio web de consulta y gestión de causas, al que tendrían acceso unas 80 personas, entre defensas, querellantes y fiscales. Lo que permitió la filtración de dicha información, que tomó estado público”, dijeron.

Los legisladores agregaron que el fiscal federal Eduardo Taiano promovió una causa penal para que se investigue la filtración de información sensible sobre “numerosos agentes y ex agentes” de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y resaltaron que “dicha información también debió estar a resguardo de ambos fiscales, quienes nuevamente, la pusieron a disposición sin tomar ninguna medida para preservar su confidencialidad”.