A una semana del juicio abreviado que obtuvo el sindicalista Marcelo Balcedo en Uruguay, y tras conocer algunos detalles de ese acuerdo, el juez federal Ernesto Kreplak firmó este jueves una resolución para reclamar que la Justicia de ese país mantenga secuestrados USD 2.635.335 y 26.555 pesos uruguayos, que se habían obtenido durante la investigación.
La semana pasada, Balcedo y su esposa Paola Fiege llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de Uruguay, que antes había pedido una pena de 11 años, y evitaron volver a la cárcel. El sindicalista fue condenado a cuatro y ocho meses por un delito de lavado de activos, uno de contrabando y otro por tráfico de armas. El resto de la pena podrá cumplirla con la modalidad de libertad vigilada. A Fiege se le imputaron los mismos delitos pero en calidad de “asistencia” al delito de lavado de activos, que tiene una pena de tres años de prisión.
A cambio, deberán poner en garantía una serie de bienes. Además el Estado uruguayo les decomisará cerca de ocho millones de dólares, un chalet ubicado en Maldonado y cuatro autos de alta gama.
Kreplak se notificó recién este jueves de los alcances de ese acuerdo, que ponen en juego los bienes de Balcedo. “Dado los efectos directos y negativos que ocasiona sobre las medidas de resguardo adoptadas en autos, es que solicitó el dictado de medidas jurisdiccionales tendientes a suspender la medida de devolución y levantamiento de cautelares sobre las cuentas bancarias”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
Y advierte que “en caso de no adoptarse medidas cautelares idóneas en tiempo hábil, la sentencia recaída en el Uruguay implicaría que los condenados en aquel país recuperasen una porción sustancial del dinero que, según la hipótesis seguida en Argentina, resultaría fruto o provecho de los delitos precedentes al de lavado de activos -particularmente, la defraudación por administración infiel al Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (“SOEME”)- y, a la vez, instrumento comisivo del delito de lavado de activos”.
Balcedo y Fiege fueron detenidos el 4 de enero de 2018 durante un operativo conjunto con las fuerzas de seguridad uruguayas e Interpol. Durante el procedimiento, se incautaron más de USS 7 millones guardados en cofres de seguridad y 14 autos de lujo. Es solo una parte de la fortuna. Cuando pidió su extradición, el juez argentino identificó un total de 61 bienes como parte de la maniobra de lavado, entre autos de lujo, propiedades y embarcaciones.
A más de dos años y medio de su detención, el ex titular del SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad) todavía no pudo ser indagado por el juez argentino, ni siquiera a través de videoconferencia. Sin embargo, la causa que derivó en su detención está a un paso del juicio oral.
En ese expediente ya se probó un desvío de casi $600 millones que correspondían a los aportes de los afiliados, sólo entre 2012 y 2018. La cifra representa más del 75% de los ingresos recibidos por parte de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires (DGE).
En ese juicio oral serán juzgados la madre de Balcedo, Myriam Renée Chávez; el ex número dos del sindicalista, Mauricio Yebra; y varios empleados del SOEME. En la lista de procesados también aparece Sergio Omar Martínez, titular de la empresa El Chaqueñito SA, mediante la cual fueron comprados decenas de autos de lujo. Varios de ellos fueron hallados en “El Gran Chaparral” cuando Balcedo fue detenido.
La semana pasada, cuando trascendió el acuerdo con la Justicia de Uruguay, Kreplak cuestionó que el sindicalista incluya en el acuerdo bienes que deberían estar embargados. Y sostuvo que eso implicaría “un grave incumplimiento del Tratado Bilateral de Cooperación Internacional que rige a ambos países”.
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