El kirchnerismo volvió a cuestionar al Procurador Eduardo Casal: ahora por el dictamen sobre los tres jueces desplazados

Otra vez el kirchnerismo volvió a cargar contra el procurador interino Eduardo Casal en el Congreso. En el tramo final de la sesión del Senado, un senador del bloque del Frente de Todos pidió una cuestión de privilegio para criticar el dictamen del Procurador sobre los tres jueces desplazados, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Dalmacio Mera, senador por la provincia de Catamarca, sostuvo que el dictamen de Casal “atenta contra las facultades del Senado”. “Hace muchos meses estamos con la idea de invalidar lo que hace el Senado, el dictamen de Casal se inscribe en ese contexto que procura invalidar al Congreso de la Nación”, opinó el senador durante una larga intervención en la que recordó a Néstor Kirchner y defendió abiertamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La cuestión de privilegio, que pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales, desencadenó la respuesta de la senadora de Cambiemos Laura Rodriguez Machado, quien acusó a Mera de “apretar” al Procurador.

En su dictamen sobre la situación de los jueces, Casal señaló que los traslados fueron revisados por el Consejo de la Magistratura de la Nación con una nueva reglamentación que debía aplicarse a futuro y no para analizar las decisiones que ya se habían tomado. “El principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro”, sostuvo Casal.

A mediados de julio, el Gobierno lanzó una embestida contra Casal para intentar desgastarlo y forzar su salida. La campaña se apoyó en la imposibilidad del oficialismo de alcanzar la mayoría en el Senado para votar al candidato elegido por el presidente Alberto Fernández, el juez Daniel Rafecas.

Todo comenzó en la Bicameral del Ministerio Público, donde desfilaron algunos fiscales descontentos y varias ONGs. El pico de tensión fue la desordenada exposición de la fiscal Gabriela Boquín, a cargo de la causa del Correo Argentino, quien denunció una persecución en su contra tras la apertura de un sumario por denuncias de maltrato y acoso laboral. La fiscal habló de un complot, pero terminó retractándose por algunas afirmaciones. De ahí en más, los testimonios se fueron desdibujando.

Luego se intentó, sin éxito, convocar a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados para estudiar una docena de presentaciones contra el procurador interno, algunas con párrafos copiados. Esa vía se cayó por las restricciones de la pandemia, pero además porque el oficialismo se iba a topar con el mismo límite que le impide nombrar a Rafecas: los dos tercios.

La segunda embestida comenzó con la integración del Jury de Enjuiciamiento. El kirchnerismo llegó a amenazar el procurador con una denuncia penal por “demorar” el juramento de César Antonio Grau, el nuevo representante del Senado. El senador Martín Doñate habló de Casal como un “procurador interino irregular” y hasta deslizó que estaría alzándose contra las instituciones, en lo que consideró un intento de “golpe blando”.

Finalmente, Grau terminó jurando y también asumió el nuevo representante del Ejecutivo, Héctor Recalde. La amenaza de la denuncia penal nunca se concretó.

La última jugada apuntaría a iniciarle un Jury a Casal como si fuera un fiscal más. “No fue elegido por los dos tercios”, argumentan en las filas del oficialismo. Cerca del Procurador dicen que “le corresponden las garantías del cargo”.