El procurador Eduardo Casal ya analiza la situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli y podría dictaminar este fin de semana

Eduardo Casal estaba este martes al mediodía en su oficina de la Procuración cuando se enteró de que la Corte Suprema había resuelto abrir el per saltum presentado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de sus cargos. Minutos después, aún sorprendido, mantuvo conversaciones informales con su asesores sobre el contenido del fallo para ir delineado su propio dictamen. “Hay que ir ganando tiempo”, admitieron en la Procuración. El expediente aterrizará en la oficina de Casal entre jueves o viernes, una vez que se expida el Consejo de la Magistratura, que tiene un plazo de 48 horas.

En medio de una campaña en su contra del kirchnerismo duro, el procurador interino deberá dictaminar sobre la cuestión de fondo, aunque su opinión no es vinculante para la Corte Suprema.

Casal habló esta tarde en persona con algunos de sus asesores, aprovechando una visita casual a las oficinas de la Procuración. El primero paso fue una evaluación minuciosa del contenido del fallo, y especialmente de las diferencias entre el voto del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y los otros cuatro jueces.

El expediente judicial podría llegar a la Procuración recién entre jueves o viernes, luego de pasar por el Consejo de la Magistratura. Como la Corte declaró días y horas inhábiles, el dictamen del Procurador estaría listo entre sábado y domingo. Los tiempos son dinámicos de acuerdo a la evolución de las notificaciones.

Lo único seguro a esta altura es que Casal no delegará su firma por la trascendencia del conflicto. En cambio, en el amparo de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, el dictamen fue firmado por procuradora ante la Corte Laura Monti.

A mediados de julio, el Gobierno lanzó una embestida contra Casal para intentar desgastarlo y forzar su salida. La campaña se apoyó en la imposibilidad del oficialismo de alcanzar la mayoría en el Senado para votar al candidato elegido por el presidente Alberto Fernández, el juez Daniel Rafecas.

Todo comenzó en la Bicameral del Ministerio Público, donde desfilaron algunos fiscales descontentos y varias ONGs. El pico de tensión fue la desordenada exposición de la fiscal Gabriela Boquín, a cargo de la causa del Correo Argentino, quien denunció una persecución en su contra tras la apertura de un sumario por denuncias de maltrato y acoso laboral. La fiscal habló de un complot, pero terminó retractándose por algunas afirmaciones. De ahí en más, los testimonios se fueron desdibujando.

Luego se intentó, sin éxito, convocar a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados para estudiar una docena de presentaciones contra el procurador interno, algunas con párrafos copiados. Esa vía se cayó por las restricciones de la pandemia, pero además porque el oficialismo se iba a topar con el mismo límite que le impide nombrar a Rafecas: los dos tercios.

La segunda embestida comenzó con la integración del Jury de Enjuiciamiento. El kirchnerismo llegó a amenazar el procurador con una denuncia penal por “demorar” el juramento de César Antonio Grau, el nuevo representante del Senado. El senador Martín Doñate habló de Casal como un “procurador interino irregular” y hasta deslizó que estaría alzándose contra las instituciones, en lo que consideró un intento de “golpe blando”.

Finalmente, Grau terminó jurando y también asumió el nuevo representante del Ejecutivo, Héctor Recalde. La amenaza de la denuncia penal nunca se concretó y el proyecto votado en comisión quedó afuera del orden del día de la última sesión.

En los últimos días también bajó notablemente la intensidad de los pedidos de informes de la Bicameral de Ministerio Público. “Puede ser la paz que precede a la tempestad”, ironizaron en la Procuración, dando a entender que el kirchnerismo duro todavía no bajó los brazos.

La última jugada apuntaría a iniciarle un Jury a Casal como si fuera un fiscal más. “No fue elegido por los dos tercios”, argumentan en las filas del oficialismo. Cerca del procurador dicen que “le corresponden las garantías del cargo”.

Ese plan, si se pone en marcha, no depende del Congreso. Implicaría iniciar un sumario dentro de la Procuración, citar al Consejo Evaluador y pasar por todas las instancias. Nuevamente se ponen en juego las mayorías. Para poder votar una destitución, el kirchnerismo necesitaría cinco votos dentro del Consejo Evaluador y en la actualidad solo tendría tres voluntades. Pero para suspender a un fiscal, al oficialismo le alcanzaría con cuatro votos.

Dada la virulencia del “operativo desgaste”, en la Procuración advierten que no habrá filtraciones sobre el contenido del dictamen. Casal siempre fue reservado y no pretende dar un paso en falso en este momento.