El fiscal dictaminó en contra de los jueces Bruglia y Bertuzzi, pero la decisión final de la Cámara podría demorarse

El fiscal general ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó este lunes en contra del pedido de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi para evitar que la Justicia convalide la revisión de sus traslados que llevó adelante el Consejo de la Magistratura y derivó en la decisión del Senado de reponerlo de sus cargos originales. A su criterio, Bruglia y Bertuzzi impugnaron la decisión del Consejo de la Magistratura para revisar sus traslados. Y eso de por sí no implicó un “perjuicio” para esos jueces, más allá de lo que después hayan hecho el Ejecutivo y el Senado, dice el dictamen al que accedió Infobae.

Ahora, los jueces Guillermo Treacy y Jorge Alemany, de la Sala V de la Cámara, quedaron en condiciones de resolver si hacen lugar al pedido de Bruglia y Bertuzzi o convalidan el fallo de la jueza María Biotti, que había rechazado el amparo presentado por los magistrados. Esta situación se da en el marco de una reunión que tendrá la Corte Suprema de Justicia para comenzar a analizar el per saltum que motorizaron Bruglia y Bertuzzi.

Sin embargo, según se puede deducir del expediente, Treacy y Alemany no están de acuerdo. Uno se inclinaría por hacer lugar al planteo, y otro por rechazarlo. Y ahora hay que llamar a un tercer juez para desempatar, porque el habitual tercer juez de la Cámara se había excusado de intervenir porque él también había sido trasladado.

“Toda vez que conforme surge de los votos de los doctores Guillermo Tracy y Jorge Alemany -los que se encuentran reservados en secretaría- no existe acuerdo para resolver la cuestión traída a conocimiento de este tribunal, corresponde remitir las presentes actuaciones a la oficina de asignación de causa de la secretaría general del fuero a fin de que desinsacule un nuevo juez para integrar esta sala a tal efecto”, dice la resolución de la Sala V, apenas llegó el dictamen del fiscal.

Bruglia y Bertuzzi ocupaban hasta ahora la Sala I de la Cámara Federal, desde donde confirmaron una serie de procesamientos y prisiones preventivas contra la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner. En julio pasado, por pedido del representante del Ejecutivo, en Consejo de la Magistratura decidió revisar la decisiones del macrismo cuando pasó a esos jueces desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal, en Comodoro Py.

Bruglia y Bertuzzi fueron de inmediato a la Justicia. Sostuvieron que se trataba de una “flagrante violación a las garantías constitucionales de legalidad, división de poderes e inamovilidad en el cargo del cual gozan los jueces”. El Senado avanzó en la revisión de esos traslados. Ni Bruglia ni Bertuzzi –tampoco Germán Castelli, del tribunal que lleva adelante la causa cuadernos– fueron a la audiencia en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.

“Yendo, hubieran convalidado de alguna manera que esa revisión era válida cuando es precisamente lo que cuestionaban en la Justicia”, resumieron a Infobae las fuentes judiciales. Con su ausencia, sin embargo, los senadores entendieron que se había incumplido un paso básico para convalidar un traslado y decidieron devolverlos a sus cargos de origen. A Bruglia, al Tribunal Oral Federal 4 en Comodoro Py; a Bertuzzi, al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, a donde había sido nombrado y desde el cual había sido trasladado por la propia Cristina Kirchner cuando era presidenta en 2010 hacia los tribunales de Retiro.

Bruglia y Bertuzzi apuestan ahora sus fichas a la Justicia. Allí sostuvieron que “ni el Consejo de la Magistratura ni el Poder Ejecutivo ni el Senado tiene facultades legales para revisar actos administrativos consentidos y firmes que se encuentran en ejecución y han generado derechos subjetivos” y aseguraron que “el único órgano habilitado para revisar la validez constitucional y legitimidad de esos actos es el Poder Judicial”.

Hoy, el fiscal de Cámara Cuesta dictaminó en contra de sus aspiraciones. En el dictamen al que accedió Infobae, el representante del Ministerio Público hizo hincapié en que “el objeto de la presente acción articulada de forma exclusiva contra el Consejo de la Magistratura que se declara la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 183/ 2020 por la que se declaró que el traslado de los actores no ha cumplimentado el procedimiento constitucional previsto”.

Y consideró que “más allá de la incidencia en la situación” frente a “lo actuado por el Poder Ejecutivo Nacional y el Honorable Senado de la Nación a través de actos sobrevinientes al inicio de las presentes actuaciones y extraños a la ‘litis’, los recurrentes no han demostrado que el único acto efectivamente cuestionado en el marco esta acción de amparo le genere un perjuicio concreto directo e inmediato sobre su esfera de derechos”.

El fiscal subrayó que lo que hizo el Consejo de la Magistratura “no produjo efectos inmediatos y definitivos sobre la situación de los actores en tanto se trató de una mera recomendación que carecía de efectos sobre los actos posteriores que dictaron los órganos restantes involucrados en el procedimiento de designación o traslado de magistrado”.

Con su opinión, el caso queda a estudio de la Cámara, cuyos jueces ahora no coinciden en los caminos a seguir. Con una votación uno a uno, la Sala V espera ahora saber quién será el juez que, por sorteo, sea designado para definir la suerte de Bruglia y Bertuzzi.