Alberto Fernández descongela el debate por la ley de Economía del Conocimiento y el Senado le hará cambios al proyecto que se votó en Diputados

Sorpresivamente el Frente de Todos convocó a un plenario de comisiones con el objetivo de obtener hoy mismo dictamen para el proyecto de Ley que establece un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Hubo cambios consensuados entre senadores kirchneristas y el Ministerio de Desarrollo Productivo que comanda Matías Kulfas que recién expondrán en el debate de esta tarde.

“Se mantiene el espíritu, con más beneficios para las pymes”, aseguran voceros de quienes participaron en el análisis de las distintas propuestas y alternativas. Una vez que haya dictamen, y que se vote en el recinto, el proyecto debería volver a la cámara de origen, es decir Diputados, para que ratifique los cambios de los senadores o insista con la primera versión. La falta de entusiasmo al difundir la convocatoria de esta tarde permite inferir que el texto no termina de conformar ni a todo el kirchnerismo ni a quienes trabajaron en la primera propuesta. Cerca de la vicepresidenta aseguran que no es ella quien influya en el tema mientras otros le atribuyen a algunos de sus legisladores el pedido de exceptuar a grandes empresas y en cambio concentrarse en las micropymes y pymes.

En paralelo sigue en pie el reclamo judicial de Juntos por el Cambio que plantea que es inválida cualquier votación con el protocolo de funcionamiento votado una semana atrás por lo que cuestionarán la legalidad del dictamen de hoy, a pesar de tratarse de una ley que piden sus senadores.

El derrotero fue largo y el acuerdo, difícil. Tras la media sanción en Diputados en el mes de junio, con 246 votos afirmativos y sólo dos en contra, y su debate en comisión, el tratamiento de la ley se frenó durante un mes y medio en la Cámara alta. La oposición de Juntos por el Cambio reclamó votar rápidamente, sin éxito. Incluso la semana pasada los senadores de la UCR y el PRO habían solicitado una sesión especial, en minoría, con ese tema en el orden del día. En la estrategia opositora se buscaba mostrar que el oficialismo no avanza en temas necesarios para la economía sino en cuestiones “personales” como la revisión de los traslados de los jueces con causas contra Cristina Kirchner o la Reforma Judicial. Finalmente Juntos por el Cambio desistió de su sesión tras denunciar una “trampa” kirchnerista: la vicepresidenta fijó la convocatoria en base a un decreto de sesiones que no había sido validado por el cuerpo.

En ese marco y tras varios cruces entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, la oposición sí se presentó a la sesión convocada para ese mismo miércoles por la tarde pero con el temario del oficialismo en la que votó en contra del decreto que establecía la prórroga del las sesiones remotas por otros 60 días. Luego invalidaron la votación que resultó por mayoría simple y no por dos tercios. Y por último este martes hicieron una presentación judicial. Reclaman cambiar las condiciones, mayor presencialidad y acordar funcionamiento agenda parlamentaria.

El protocolo remoto anterior, votado dos meses atrás por unanimidad, venció este lunes 21. Los senadores opositores asisten a las reuniones de comisión pero anunciaron que no firmarán dictámenes ni votarán en las sesiones que se convoquen hasta que no haya un fallo judicial o un acuerdo político y una nueva votación. Mientras tanto sólo pronunciarán discursos y “observarán” cada debate y reunión.

Varias son las razones del oficialismo para poner hoy en agenda el régimen que establece beneficios para el sector de la economía del conocimiento, capaz de generar empleo aún en contexto de pandemia e ingreso de divisas. La primera razón es que se trata de una ley que piden desde el presidente Alberto Fernández, a los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas. También en Diputados fue de fácil negociación y se consensuó en varias charlas entre oficialistas y opositores y el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo.

La segunda razón por la que el Gobierno empuja la ley es el creciente malestar a nivel empresario, afectado por el aislamiento, la profunda crisis económica, la falta de estímulos e incentivos y ahora además, el avance del impuesto a las grandes fortunas. El oficialismo necesita mostrar una agenda vinculada con la producción y el empleo. Es la agenda que empieza a generar el Presidente con visitas a fábricas y anuncios de estímulo al mercado interno. Necesita, sostienen empresarios vinculados al sector, una señal positiva para el mundo empresario, distender el clima y generar posibilidades para el ingreso de divisas.

En tercer lugar el kirchnerismo habilita el tema que más reclamó Juntos por el Cambio cuando ese frente opositor considera inválida cualquier votación. Ocurrió algo similar con la Ley de Alquileres que se votó por unanimidad en Diputados y sólo para no conceder los dos tercios la principal oposición se negó a acompañarla en el Senado. Incluso esa ley tenía un autor del PRO, el ex diputado Daniel Lipovetsky.

Lo planteó ayer la propia Cristina Kirchner al sostener que se judicializan las sesiones remotas para frenar los debates en el Congreso. Seguramente esta tarde en el debate será un argumento del oficialismo contra la oposición cuando a partir de las 15 se reúnan conjuntamente las Comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda en forma virtual.

El oficialismo buscará un debate exprés y el dictamen a favor del proyecto de Ley que establece un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. En los hechos es una ley similar a la 27.506, votada el año pasado por unanimidad, pero que dejó sin efecto la Emergencia Económica. Juntos por el Cambio, para ser consecuente con la demanda presentada ante el juzgado Contencioso 9, no pondrá la firma al dictamen ni tampoco votaría la semana próxima si hubiera sesión sobre este tema.

El Gobierno, al inicio de la gestión, dejó sin efecto la puesta en vigencia de la ley de Economía del Conocimiento, sancionada en el final del gobierno de Mauricio Macri. En febrero envió un nuevo proyecto a la Cámara de Diputados donde hubo intensas negociaciones durante casi cuatro meses y modificaciones para lograr el acompañamiento opositor.

En el texto con media sanción que se giró al Senado, se establecieron facilidades para el ingreso de las PyMEs al régimen y también para las empresas con 70% de su facturación total del último año a partir de actividades que utilizan el conocimiento sea para educación, investigación, desarrollo de tecnología, informática, robótica, nanotecnología, telecomunicaciones, entre otras.

Además se estableció la posibilidad de convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado al sistema de seguridad. Esa cifra ascendería otro 10% cuando las empresas empleen personas transexuales, con discapacidad y mujeres, entre otras.

Entre los beneficios se incluyó una quita del 60% en el monto total del impuesto a las Ganancias, la creación de un “Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía de Conocimiento” y finalmente la creación de un “Consejo Consultivo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento” cuya tarea principal sería analizar las empresas sobre las que hubiera dudas sobre si deben o no acceder al régimen.