Sin interlocutores válidos, cómo vive la cúpula de la Policía Bonaerense el conflicto que llevan adelante los efectivos

“Estos son piqueteros, no son vigilantes. Con estos no podés negociar. Los referentes que vienen a Puente 12 a exigir hablar con el ministro son impresentables que no conocen ni la división de poderes. Son pendejos con cinco o seis años de antigüedad que ingresaron en la época de Scioli, que no tienen experiencia, que te quieren dar consejos y no detuvieron ni al ladrón de gallinas. Los respetamos, pero no son interlocutores válidos. El reclamo que hacen es justo. Por eso se les dio curso a todos los reclamos. Pero ellos van por todo. No les importa nada. Quieren el 60% de aumento o nada, y así no se puede”. El que habla con Infobae de manera descarnada es uno de los altos jefes policiales que tiene la responsabilidad de “que no se incendie la provincia”.

Cuando los jefes de la mayor fuerza de seguridad del país hablan de no tener interlocutores válidos lo hacen señalando a los agentes en actividad que suelen llevar la voz cantante en las negociaciones. En cambio diferencian a los policías retirados, ya sea porque se jubilaron, porque se les dio de baja, o porque decidieron dejar el cuerpo y los heridos en cumplimiento del deber. “Ellos son otra cosa”, aclaran, y apuntan: “Los que se ven en las calles con los patrulleros reclamando, movilizados, son unos tres o cuatro mil que no son bien vistos por el resto de sus compañeros, y no por los reclamos, sino porque no son polis, son muchachos que vieron la oportunidad de cobrar un sueldo del Estado y muchos de los cuales vienen de situaciones familiares muy difíciles”.

En este punto, los comisarios generales que integran la estructura piramidal de la policía de la provincia de Buenos Aires hacen referencia sobre todo a la última camada de efectivos que ingresaron durante la segunda gobernación de Daniel Scioli y al grupo de jóvenes oficiales y suboficiales que pertenecen a las policías comunales.

Destacan su “virulencia” a la hora de plantear los reclamos, su “intransigencia” al momento de hacerles comprender que la cuestión salarial no la maneja el Ministerio de Seguridad, sino la gobernación, administrada por Axel Kicillof, con el Ministerio de Hacienda. Su escasa formación profesional, al parecer, se refleja no solo en el vocabulario que utilizan ante los oficiales superiores, a los que llegaron a insultar y amenazar, sino también a la comprensión de la división de poderes.

“No hay forma de hacerles comprender que para darles otra obra social que no sea IOMA tiene que salir por ley y que las leyes las dictan los diputados y senadores”, explican. Las amenazas y los insultos no serían solo verbales. En los grupos de WhatsApp hasta aseguran que están “yendo a quemar la casa" de un funcionario vinculado al ministro de Seguridad.

Justamente Sergio Berni estuvo reunido en la Casa de Gobierno de La Plata esta madrugada hasta las 2 para conocer de primera mano cuál podría ser el porcentaje máximo que se les puede llegar a ofrecer en concepto de aumento salarial. La cifra, al parecer, no supera la inflación proyectada para este año. Estaría unos veinte puntos abajo de lo exigido.

Berni no participó de ninguna reunión con los hombres sublevados de la fuerza de seguridad sobre la cual él tiene responsabilidad política. No puede hacerlo antes de llevar una propuesta seria y que la provincia pueda cumplir. Kicillof y su ministro saben que después de la policía se hará fuerte el reclamo entre los trabajadores estatales y los trabajadores de la salud, que también están muy atrasados en sus haberes, máxime en época de pandemia.

De la reunión de hoy al mediodía tampoco participó el jefe de policía, el comisario general Daniel García. Según pudo saber Infobae, la razón principal es que no puede avalar, sobre todo, el primer punto del petitorio que exige que no haya “ningún tipo de sanciones para el personal” que adhirió a las movilizaciones y a los fuertes reclamos.

—¿Cuántos sumarios iniciaron, 30 como dicen ellos? —se le preguntó a uno de los laderos de García.

—No abrimos sumarios internos, al menos por ahora. La intención no es la persecución por los reclamos, que son válidos. Sí giramos todo a la Justicia. No se puede permitir de ninguna manera que saquen los patrulleros de las dependencias. El armamento y los vehículos no son ni siquiera de la provincia. Son de los ciudadanos que lo pagan con sus impuestos para que se les dé seguridad.

Los directores generales de la Policía Bonaerense ya realizaron un profundo estudio sobre la ubicación de cada patrullero a través de los AVL que tienen instalado. Estos brindan el posicionamiento minuto a minuto de cada móvil. Eso es contrastado con las planillas de las cuadrículas que deberían recorrer. En caso de incumplimiento, se denuncia a los Departamentos Judiciales a los que corresponde cada vehículo.

Por ejemplo, durante la mañana de hoy en Puente 12, en el partido de La Matanza donde García y Berni tienen montado el comando operativo, había 6 de Almirante Brown, tres de San Martín, tres de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, entre otras localidades.

La merma en los vehículos para patrullar los barrios hizo que la mayor parte de efectivos que, aun adhiriendo a los reclamos, siguen trabajando, lo hicieran hasta en las motos de seguridad vial.

También se está controlando la asistencia de cada agente a su lugar de trabajo. En caso de no presentarse, se envía una “DJ”, una declaración jurada para que quede asentado si el efectivo está allí, por ejemplo, por algún tipo de dolencia o justificativo. También se le hace saber a través del familiar o de quien atienda en la residencia que se lo está buscando porque se ausentó.

Esa información, en caso de ser requerida, también se enviará a la Justicia o podrá formar parte de los posibles sumarios que se podrían abrir en la Dirección General de Asuntos Internos. “Nadie va a poder decir que no los buscamos, que no requerimos de su servicio”, afirmaron.

Si bien en la cúpula de la Bonaerense son menos tajantes a la hora de criticar a los retirados y heridos –algunos de ellos abogados– que forman parte de la vocería de los policías que desde hace tres días mantienen una medida de fuerza inédita, cuestionan que no aconsejen a los más jóvenes a que no se sigan movilizando en los patrulleros ya que ese es un delito penado.

Serán los fiscales los que deberán resolver qué carátula darle a cada expediente: “sedición” puede ser una de ellas.

—¿Denunciar estos hechos ante la Justicia no es alimentar el malestar entre los policías sublevados?

—No. Si la jefatura de policía no lo hace, es avalar que vale todo. Hay que marcar una posición: dentro de la ley todo, fuera nada. El propio ministro Berni dijo públicamente que son válidos los reclamos salariales. Pero si no se pone un límite a estos tres mil, cuatro mil policías sin trayectoria ni compromiso con la sociedad, se estaría dando una muy mala señal hacia el interior de una fuerza de 90.000 hombres y mujeres. Con esto estamos cuidando que no se incendie la provincia. Y en esto, el ministro está de acuerdo.