Con fuertes críticas, sindicalistas y dirigentes sociales relacionaron la toma de tierras con “la falta de una política clara” sobre viviendas

En un documento, la UOCRA y la UTEP de Juan Grabois apuntaron a la paralización de 25.000 viviendas sociales que podrían crear fuentes de trabajo y se quejaron por la falta de respuesta oficial sobre la puesta en marcha de un Plan Nacional para construir 40.000 casas

Gerardo Martínez, de la UOCRA, y Juan Grabois, de la CTEP
Gerardo Martínez, de la UOCRA, y Juan Grabois, de la CTEP

Sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales vinculados con la industria de la construcción advirtieron que “la falta de una política clara" en materia de vivienda "no hace más que redundar en la profundización del conflicto social que se expresa en tomas, protestas y reivindicaciones”.

Además, manifestaron su “creciente preocupación por la marcha y ejecución de los distintos programas de viviendas sociales” y criticaron al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat porque “hasta la fecha no han podido ponerse en plena vigencia y ejecución” distintos proyectos paralizados cuya reactivación se había dispuesto mediante una resolución en julio pasado.

Estas definiciones figuran en un documento firmado por la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), dos de las organizaciones que, junto con otros sindicatos y movimientos sociales, son las impulsoras del Plan de Desarrollo Humano Integral (PDHI), que contempla la creación de 4 millones de empleos, “repoblar la Argentina” y conectarla con transporte multimodal y entregar tierras a las comunidades agrarias, entre otras medidas.

Aunque el resto de los dirigentes que trabajan en el PDHI están al tanto de la declaración, la idea fue que la firmaran las dos entidades vinculadas con la construcción dentro de esa alianza sindical-social: la UOCRA, liderada por Gerardo Martínez, y la UTEP, que encabeza Esteban Castro, del Movimiento Evita, e integra Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Ambas entidades sostuvieron que están en “sesión permanente, planteando esta situación en distintos niveles del Gobierno Nacional, buscando una interlocución efectiva para alcanzar una solución consensuada", y advirtieron que “los ciudadanos privados de un acceso a la vivienda propia que en muchos casos están terminadas al 90%, y la falta de una política clara no hacen más que redundar en la profundización del conflicto social que se expresa en tomas, protestas y reivindicaciones”.

La ministra María Eugenia Bielsa durante la entrega de viviendas del Plan Procrear en Ituzaingó
La ministra María Eugenia Bielsa durante la entrega de viviendas del Plan Procrear en Ituzaingó

Según destacaron, “la marcha y ejecución de los distintos programas de viviendas sociales, por su mayor impacto de mano de obra, podrían rápidamente incorporar miles de trabajadoras y trabajadores, deteniendo la caída de puestos de trabajo que en forma continua se produce desde hace más de dos años” en la industria de la construcción. “Según la información oficial -agregaron-, hay más de 25.000 viviendas que no tienen regularizadas la reiniciación de las obras”.

La UOCRA y la UTEP también consideraron “preocupante” que, “a pesar de múltiples planteos a la actual administración, no se ha obtenido ninguna respuesta sobre la imperiosa necesidad de definir un Plan Nacional de Viviendas, una propuesta razonable y fundamentada para activar la construcción de 40.000 viviendas en el lapso de dos años”. Advirtieron que “para ello se cuenta con proyectos, disponibilidad de insumos 100% nacionales, trabajadores constructores del sector privado y del sector cooperativo para realizarse en todas las jurisdicciones de la Nación”.

Otro punto sobre el que expresaron su inquietud son las “demoras en la conformación del Fideicomiso de Integración Sociourbana, creado por la Ley 27.345, cuya función es la regularización dominial y urbanización de los 4.400 barrios populares de la Argentina donde habitan más de 5 millones de compatriotas excluidos del agua potable, la luz y el saneamiento”. Y añadieron que ese fideicomiso debe realizar los loteos sociales “que podrían dar una rápida solución habitacional a miles de familias”.

Para la UOCRA y la UTEP, “las únicas medidas fueron los anuncios en torno de la construcción de 300 viviendas a través del Plan Procrear", que “resultan claramente insuficientes tanto respecto de la demanda habitacional como en relación al impacto en la mano de obra de la industria”.

Gerardo Martínez, Sergio Sasia, Sergio Massa y Juan Grabois, en la reunión de sindicatos y movimientos sociales en Diputados
Gerardo Martínez, Sergio Sasia, Sergio Massa y Juan Grabois, en la reunión de sindicatos y movimientos sociales en Diputados

"La crisis sistémica de la Argentina ha implicado un creciente déficit de infraestructura y, en particular, en el acceso a la vivienda, violentando un derecho -sostuvieron ambas organizaciones en el comunicado-. El agravamiento notable del déficit habitacional en nuestro país determina una situación de crisis terminal que lamentablemente se ve reflejada en los acontecimientos de público conocimiento producidos en los últimos días y que son la punta de un iceberg de una problemática más profunda que requiere de un abordaje consistente e inmediato.

Por eso aseguraron que “la solución está en el hacer constructivo, en la genuina generación del empleo y la construcción colectiva a partir del dialogo de una política pública de viviendas”, luego de destacar su convicción de que “la vivienda es un ordenador social en todas sus dimensiones” y señalar que esas organizaciones “están dispuestas a colaborar en toda acción que el Gobierno impulse para una efectiva resolución de un problema de características estructurales”.

Para finalizar, el comunicado afirmó: “Sabemos que en nuestro gobierno peronista la vivienda actúa como un factor de inclusión social, que mejorar el hábitat de millones de argentinos es mucho más que poner en marcha una industria, es otorgar dignidad a la familia de los argentinos y, en definitiva, es elevar la bandera de una justicia social plena”.

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