El gobierno rechazó que un avión que tenía previsto despegar en Montevideo y aterrizar en las Islas Malvinas sobrevolara el espacio aéreo argentino. Este tipo de operaciones no suelen ser autorizadas por la Cancillería, pero esta vez hubo un ingrediente especial que marca el endurecimiento de la posición argentina en el marco de su reclamo de soberanía.
La aerolínea privada Amaszonas Uruguay tenía previsto realizar un vuelo de repatriación el lunes 17 de agosto entre la capital uruguaya y el aeropuerto de Mount Pleasant. Las autoridades habían pedido autorización en virtud del carácter humanitario del trayecto: tres isleños que se habían atendido en el Hospital Británico de Uruguay y pretendían regresar a su hogar. Sin embargo, el canciller Felipe Solá tomó la decisión política de prohibir que el charter transite el espacio aéreo argentino y la Administración Nacional de Aviación Civil instrumentó la orden.
Fuentes oficiales explicaron a Infobae que decidieron autorizar el tramo de ida (Malvinas-Montevideo) para garantizar la asistencia médica de tres personas, entre ellas un hombre de 80 años. Sin embargo, objetaron el regreso porque constataron que habían incluido en la lista de pasajeros a 25 pescadores que no tenían ninguna relación con el carácter humanitario de la operación.
“Entre los nuevos pasajeros había trabajadores de los buques pesqueros Lotaidor, de España, y Argos Froyanes, de Santa Elena, ambas empresas de la industria pesquera internacional que operan en aguas circundantes a Malvinas pese al rechazo de la Argentina”, explicaron las fuentes aeronáuticas consultadas.
El argumento fue ratificado en Cancillería: “La decisión es clara y responde a que se quería trasladar a personas que trabajan en barcos que operan en forma ilegal en aguas argentinas”.
Escalada diplomática por las Islas Malvinas
El gobierno de Alberto Fernández y las autoridades británicas de las Islas Malvinas están sumidos en una nueva escalada diplomática por el reclamo de soberanía, que se reactivó en en las últimas semanas luego de que la ONU instó al Reino Unido para retomar las negociaciones sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
Mediante una resolución, el Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24) había reiterado el llamado al Reino Unido y a la Argentina a retomar las conversaciones para “encontrar a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía”. Ese dictamen fue copatrocinado por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité Especial: Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, había planteado que el tema era “prioridad” para la gestión de Alberto Fernández, donde sinceró la ofensiva que se materializó la semana pasada con la sanción de dos leyes que aprobó el Congreso y que crean un Consejo que fije políticas de Estado con respecto a la cuestión soberana.
La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas respondió al giro diplomático con otro duro comunicado en el que manifestó que a medida que los países del mundo continúan batallando con los múltiples y devastadores impactos del COVID-19, resulta absolutamente acertado que cada uno de los gobiernos del globo “se vuelquen con firmeza a la meta de proteger a su gente y a tener el virus bajo control”, por lo que era “decepcionante” la política del gobierno de Alberto Fernández.
Según el organismo kelper, la política desplegada por el gobierno argentino es un “intento de escalar el reclamo de soberanía sobre las Islas, con un nuevo mapa de ruta focalizado en tres objetivos, todos los cuales con el con el propósito de ejercer coerción, amenazas y presiones legales a aquellos que continúan trabajando junto a nuestra nación y que respetan nuestro derecho a la autodeterminación”. En esa lista de naciones “amigas”, remarcó, están los gobiernos de Uruguay y Chile.
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