En el gobierno porteño anticipan una pelea por los recursos si se traspasa la justicia penal

“Si nos dan los recursos, pero después nos descuentan de la coparticipación es como pagar una deuda con plata ajena”, advierte un alto funcionario de la Ciudad que integra la mesa chica en materia judicial. “Ya nos cagaron con los primeros tres convenios (de traspaso de competencias)”, completa un ex funcionario que ocupó ese mismo rol y mantiene diálogo con la mayoría de los jueces y fiscales porteños. Pese a las sospechas y las críticas sobre la reforma judicial, la Ciudad comenzó a trabajar en silencio para el traspaso de la Justicia penal, confirmaron al menos tres funcionarios a Infobae. Reformas edilicias, nombramientos, presupuesto, y hasta un organigrama “ordenado” de los próximos tres años están en la agenda de los funcionarios porteños. Por ahora, son charlas informales, a la espera de un encuentro con la ministra de Justicia Marcela Losardo.

Según pudo saber Infobae, Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta todavía no hablaron sobre el traspaso de las competencias. Ni siquiera cruzaron mensajes al respecto. “La pandemia se lleva todo en estos días”, admitió un alto funcionario. Esa misma fuente reconoció que la futura negociación por los recursos reflotará el conflicto latente por la coparticipación.

La atención de los funcionarios porteños está puesta en el capítulo III del proyecto, que habla del traspaso de todas las competencias penales en un plazo de tres años. Eso implica la transferencia de los magistrados, funcionarios, y empleados del fuero nacional en lo Criminal y Correccional, que investiga los delitos comunes. En un principio, solo pasarán aquellos que hayan manifestado su consentimiento. Y luego habrá un plazo para otros jueces que se quieran sumar.

“Resulta saludable que el proyecto reconozca, al menos implícitamente, la imposibilidad de transferir por la fuerza a magistrados que han sido designados con arreglo a los mecanismos previstos en el art. 99 inc. 4 de la C.N”, sostuvo la junta nacional de presidentes de tribunales orales. Sin embargo, el mismo organismo alertó sobre la situación de los jueces penales que no se muden a la Ciudad ni al fuero federal: “Se verán instantáneamente sumergidos en una situación de completa incertidumbre, una vez que agoten su cometido en relación con los procesos en trámite”.

No solo los jueces y magistrados penales se verán afectados, sino también las causas en trámite. “El proyecto deja sin resolver cual va a ser el rol y destino de los magistrados que voluntariamente no quieran ser traspasados una vez que concluyan el trámite de las causas, lo mismo que el destino de las causas actualmente en trámite ante los juzgados cuyos titulares sean eventualmente designados como subrogantes o de aquellos organismos vacantes respecto de los cuales se está prohibiendo designar titular”, opinó un ex funcionario del Ministerio de Justicia.

De los 45 jueces penales nacionales en funciones, 23 ya estarían en condiciones de pasar a la Ciudad porque manifestaron su voluntad al momento de ser nombrados. “La cantidad todavía no está clara y además el proyecto establece un plazo de cuatro meses para que se sumen otros jueces”, advirtió un funcionario porteño que habla todos los días con Horacio Rodríguez Larreta.

El gran interrogante del traspaso de las competencias penales son los recursos. El artículo 33 del proyecto enviado al Senado es claro: “La transferencia de competencias objeto del presente Título será acompañada de los correspondientes recursos (artículo 75, inciso 2, de la CN). A tal efecto, autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las partidas presupuestarias que correspondan”.

Pero la letra fría de los proyectos no siempre se traslada a la realidad. “Ya nos cagaron varias veces con los primeros tres convenios, eran con recursos y nunca llegaron”, advierte un ex funcionario que atravesó ese proceso en la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno.

En la Ciudad están preocupados que la historia se repita. “Estamos de acuerdo con el traspaso de competencias porque es un reclamo histórico de los porteños, siempre y cuando llegue con los recursos”, contesta un funcionario. Aunque la reforma recién comenzó a rodar por el Congreso y Juntos por el Cambio ya adelantó que no tiene intenciones de debatirla, hay funcionarios porteños abocados a preparar el nuevo escenario.

“Se está trabajando en función de la reforma. Nuestro ‘plan A’ es el traspaso. Hay que analizar muchas cosas y no podemos perder tiempo. Hay que estudiar qué vamos a hacer con el Servicio Penitenciario (la Ciudad debería crear uno o firmar convenios con el SPF), si es necesario ampliar las cámaras, varias cuestiones sobre la infraestructura de la Justicia porteña como el alquiler de edificios, entre otras cosas”, admitió un funcionario.

En esas charlas, por ahora informales, participan el vice jefe de Gobierno Diego Santilli, el secretario de Seguridad Marcelo D’ Alessandro, el fiscal general Juan Bautista Mahiques, y el presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Maques, entre otros. Antes de avanzar en definiciones concretas, esperan un llamado de la ministra de Justicia Marcela Losardo.

“El traspaso se tiene que dar con los recursos necesarios, no es una facultad o un regalo que se le hace a la Ciudad. Lo penal es el inicio, pero se deben traspasar los demás fueros”, le dijo Maques a Infobae. Mientras tanto, la Ciudad sigue trabajando para mejorar su infraestructura. En octubre, el Consejo de la Magistratura inaugurará una Alcaidía nueva, en Suipacha al 100, para alojar más de 50 personas, uno de los grandes problemas que implicará el traspaso de las competencias penales.

En la oposición, no están convencidos con un traspaso solo de las competencias penales. “Es una extorsión que no hay que comprar. Los fueros más importantes, que son civil y comercial, no se traspasan con esta reforma”, reclama el legislador del GEN Sergio Abrevaya, que trabaja por estas horas en una presentación ante la Corte Suprema para que se expida sobre las competencias de la Ciudad.

Al llegar a la Presidencia, Macri promovió el traspaso de todas las competencias penales. El anuncio se hizo en enero de 2017, con la presencia de Larreta en la Casa Rosada. El plan proponía arrancar con ocho juzgados penales, algunos tribunales orales, y varios jueces de menores. En una segunda instancia, también se traspasaba el Registro de la Propiedad Inmueble, la Inspección General de Justicia y se sumaba el fuero de Defensa del Consumidor. Pero todo se frenó en el Senado, con la mayoría peronista.

Pese a la necesidad de avanzar con el traspaso de competencias, varios integrantes de la “mesa judicial” de Larreta coinciden en que la reforma de Alberto Fernández está pensada para colonizar el fuero federal y que no fortalece el sistema acusatorio. Por ahora, no lo dirán en público por el contexto político que impone la cuarentena.