El gobierno de Corrientes, que conduce el radical Gustavo Valdés, decidió no acatar el decreto de necesidad y urgencia que emitió el gobierno nacional este lunes y que prohíbe las reuniones y encuentros sociales hasta el 16 de agosto, día en que terminará la nueva etapa de la cuarentena.
La decisión fue comunicada por el secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo, en una entrevista que le concedió a la radio local Sudamericana. “Nosotros estamos bien, en una situación sanitaria buena, sin circulación viral comunitaria, así que no hay razones para suspender las encuentros sociales y familiares”, sostuvo.
“La misma norma nacional deja a salvo algunas excepciones, entre las que Corrientes funda la decisión de no prohibir las reuniones sociales”, explicó el funcionario, para argumentar la decisión no cumplir con el decreto.
Vignolo consideró que durante este tiempo de pandemia nunca hubo desmanes en las reuniones sociales ni hechos que obligaran al gobierno a dar marcha atrás en las decisiones sobre el aislamiento. “Debemos aclarar algunas cosas: nunca estuvieron permitidas las fiestas. Sólo reuniones familiares, con amigos y hasta un máximo de 10 personas. No nos podemos relajar. Hay que controlarnos”, afirmó.
Corrientes es una de las provincias con menos casos de coronavirus. Tiene solo 195. Y la gran mayoría ya fueron dados de alta a lo largo de los últimos cuatro meses. El argumento epidemiológico es un respaldo para la decisión del gobernador Valdés.
El gobernador correntino va a estudiar el tema, analizar la situación y en estos días dará una conferencia de prensa para informar los motivos de porque no comparte el decreto del gobierno nacional.
La intención del gobierno fue suspender los encuentros sociales por dos semanas porque consideran que fueron el último foco de contagio. Sobre todo en el AMBA, donde se concentran 16 millones de personas y las restricciones, desde un comienzo, han sido más duras que en el resto del país.
El DNU publicado este lunes en el Boletín Oficial establece -entre otros puntos- la prohibición de la realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a diez (10) personas, y se menciona que los mismos deberán realizarse, preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a dos (2) metros, y en lugares con ventilación adecuadas.
También quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente.
La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación. En el anuncio oficial del último viernes, Alberto Fernández había adelantado que quienes violen el aislamiento deberán enfrentar consecuencias penales por “favorecer la transmisión de una enfermedad”.
La restricción a las reuniones sociales ya había sido anunciada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte diario del domingo. “En esta nueva normativa y por estos quince días hasta el 16 de agosto, se van a suspender y restringir las reuniones sociales en todo el territorio nacional para que allí donde hay brotes se puedan controlar y donde no hay y sí hay circulación por las diferentes actividades autorizadas, podamos minimizar la posibilidad de tener un brote en relación a la responsabilidad individual”.
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