Alberto Fernández asume que la reforma judicial puede ser el legado institucional de su Presidencia y dedicó horas de su pesada agenda diaria para corregir los artículos del proyecto de ley, preparar a solas su discurso en el Salón Blanco y elegir a los juristas que integran el Consejo Asesor.
Cristina Fernández de Kirchner conocía los detalles de la iniciativa oficialista, y se reservó una participación rutilante cuando haya que redactar las recomendaciones para avanzar sobre la Corte Suprema, su objetivo personal en una movida política que no tiene todos los votos asegurados en el Congreso.
Como sucede en todos los proyectos complejos del Gobierno -Vicentin, por ejemplo-, Alberto Fernández se hace cargo de su destino y CFK juega en silencio a favor de sus propios intereses políticos. El Presidente desea reformar la Justicia Federal, mientras que la Vicepresidente pretende una Sala Penal en la Corte que trate sus causas de corrupción pública.
Alberto Fernández dispuso de muchísimo tiempo para pulir su proyecto judicial y casi tuvo una actitud displicente para construir un acuerdo con la oposición que nunca rechazó per se su idea reformista. El Presidente conversó en secreto con Horacio Rodríguez Larreta y hasta le pidió que sondeara a Federico Pinedo como posible integrante del Consejo Asesor. Rodríguez Larreta, que está bajo fuego amigo en el PRO, replicó que debía hacer una consulta con Mauricio Macri.
Federico Pinedo nunca tuvo oportunidad de tomar una decisión personal respecto al ofrecimiento presidencial. Alberto Fernández no quiere nada con Macri, y menos poner bajó su juicio político la integración del Consejo Asesor de la Reforma Judicial.
En este escenario, el jefe de Estado asumió que no tenía sentido diseñar un acuerdo bipartidista para sancionar casi por unanimidad la nueva estructura de la justicia federal. Alberto Fernández optó por la soledad del poder, en lugar de buscar un punto de encuentro con Juntos por el Cambio.
Sin apoyo de la oposición política, y obligado a integrar un Consejo de Asesores supuestamente ecuménico, el Presidente inició una arriesgada jugada secreta que tuvo final feliz cuando le avisaron que Inés Weinberg de Roca, titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, había llegado en horario a la explanada de Balcarce 50.
A pesar del fracaso político con Pinedo, Alberto Fernández volvió a dialogar con Rodríguez Larreta y pidió su mediación para nombrar a Weinberg de Roca como integrante del Consejo de Asesores de la Reforma Judicial. “No es mía, es de Macri. Pero dejame ver”, le contestó el jefe de gobierno porteño.
Rodriguez Larreta hizo la consulta, y nada más. Pero el Presidente tiene designado como asesor todo terreno a un amigo personal que conoce desde hace mucho tiempo a Weinberg de Roca. Ese funcionario del Poder Ejecutivo preguntó a Weinberg de Roca, y la respuesta fue neutra. Ella quería hablar con Alberto Fernández y conocer los detalles de la reforma judicial.
El Presidente conversó dos veces con la fallida candidata de Macri a la Procuración General. Y finalmente la convenció. Weinberg de Roca resistió los embates del Pro, y ayer ocupó un lugar importante en la escenografía montada en el Salón Blanco para presentar la iniciativa del Gobierno peronista.
Ante la ostensible ausencia de Juntos por el Cambio, Alberto Fernández intento compensar ese vacío institucional con la presencia completa de los cinco miembros de la Corte Suprema. Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti fueron sondeados por la Casa Rosada, y por primera vez en años, coincidieron en una misma decisión política: dijeron que no.
Estos cuatro integrantes del Alto Tribunal, con sus distintas ideologías y diversos recorridos profesionales, se unieron para rechazar una propuesta del Presidente. Y si la mayoría de la Corte no avala la reforma judicial, su destino es incierto y opaco.
Sólo Elena Highton de Nolasco participó de la ceremonia en el Salón Blanco. La magistrada hizo honor a Alberto Fernández, que la propuso en la Corte cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner; y ratificó su amistad con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que le pidió que concurriera a la ceremonia oficial.
Alberto Fernández tiene número en el Senado, y será un albur en la Cámara de Diputados. La reforma judicial necesita de muchísimos jueces, y esos futuros nombramientos pueden facilitar el agregado de votos frente a la resistencia de Juntos por el Cambio. El Presidente rescató un proyecto de Macri respecto a la justicia del interior, pero ese gesto no alcanza para seducir a la oposición, que ve la sombra de CFK en cada interlineado de la iniciativa oficialista.
Sin la Corte Suprema ni la oposición parlamentaria, el sueño de Alberto Fernández se puede transformar en una pesadilla. Tiene cinco meses para cumplir su meta institucional, muy poco tiempo frente a la pandemia, la crisis económica y la desconfianza social, que anoche se manifestó con un cacerolazo que se escuchó alto y claro.
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