Crece el conflicto de los colectiveros en Córdoba: el Municipio hará frente a la huelga con transporte propio custodiado por policías

El Gobierno de la Ciudad de Córdoba sacará a la calle hoy 70 colectivos de la empresa municipal de transporte, TAMSE, con un dispositivo especial de seguridad, en un intento de solucionar los problemas que genera el paro de 21 días que lleva adelante la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en reclamo de salarios atrasados y en contra de una ordenanza que declara la “emergencia del transporte”.

Así lo confirmó a Infobae el presidente de TAMSE, Marcelo Rodio, quien dijo que “el plan de contingencia previsto para este martes para brindar soluciones al transporte público incluye 70 colectivos en un esquema de tres líneas troncales que van de Norte a Sur y de Este a Oeste para darle previsibilidad a los vecinos de Córdoba” ante la continuidad de la protesta de UTA.

El funcionario reveló que se dispuso “un esquema de seguridad acordado con la policía de Córdoba, mediante el cual cada unidad irá acompañada por patrulleros y habrá efectivos dentro de los vehículos”, aunque advirtió que si se producen incidentes por el funcionamiento del transporte sin aval de la UTA “no vamos a responder de esa forma porque la violencia trae más violencia”.

Mientras, choferes de la UTA marcharon este lunes por las calles de la capital cordobesa y bloquearon los principales accesos al centro de la ciudad, en medio de un fuerte operativo policial, y durante las movilizaciones fueron detenidos dos trabajadores, según fuentes sindicales.

La titular de UTA Córdoba, Carla Esteban, aseguró que las empresas del transporte urbano de pasajeros y el municipio apuestan a “dividir” gremio y sostuvo que el conflicto “dejó de ser por una cuestión económica y pasó a ser una decisión política”, tras sostener que “la plata está” para pagar la deuda y que no lo hacen porque “juegan con la necesidad” de los trabajadores.

Rodio señaló que “seguirá el diálogo con la UTA”, pero que el esquema de emergencia que se pondrá en marcha mañana fue posible tras un acuerdo con la Asociación del Personal Jerárquico del Transporte Automotor de Pasajeros (Apejetap), que aceptó trabajar y cobrar 21 de los 24 días que están estipulados en el convenio. Y agregó: “No se les paga tres días y eso representa un 12% de ahorro para el municipio, algo importante porque ha bajado un 85% la recaudación y porque los susbidios nacionales para el transporte no son nada comparados a los que le da el gobierno nacional al AMBA, lo que crea una situación desigual que también la padece el resto del interior”.

El titular de TAMSE admitió que los 70 colectivos que saldrán a la calle “sólo alcanzarán para cubrir las necesidades básicas en época de pandemia” porque en épocas normales se usan 700 vehículos en la hora pico, pero estimó que “con este 10% andaremos bastante bien para un momento como este”.

La intervención de TAMSE fue posible luego de que el Concejo Deliberante de la Ciudad aprobara el viernes pasado, con 16 votos positivos contra 15 negativos, la declaración de emergencia de transporte por un año, que le otorga facultades a la Municipalidad de Córdoba para reordenar líneas, modificar frecuencias y disponer de un sistema de transporte alternativo.

“En Córdoba dicen que le dieron superpoderes a la empresa, pero es la posibilidad de que podamos alquilar unidades, con choferes, y sacar adelante un plan de contingencia”, dijo Rodio.

Por su parte, el secretario general de la UTA a nivel nacional, Roberto Fernández, declaró que “el intendente (Martín Llaryora) mandó a debate la rebaja de salarios, pero nosotros tenemos un convenio nacional”, y advirtió: “Sabemos que la Ciudad de Córdoba está en crisis, pero él no se puede tomar atribuciones de bajar el sueldo de los trabajadores porque esto es un convenio nacional”.

Para Rodio, “no es rebaja sino un acuerdo salarial con el sindicato de jerárquicos para poder darle previsibilidad al sistema porque la Nación, la Provincia y la Municipalidad colaboran con los subsidios, pero falta la pata de la UTA: pedimos buena voluntad para hacer un recorte”.

El conflicto que ya lleva 21 días es consecuencia de la cuarentena obligatoria, que provocó una caída del 85% de la recaudación en el transporte y, por ello, las empresas del sector no pudieron pagar completos los sueldos de mayo y junio ni tampoco abonar el medio aguinaldo del mes pasado.

Durante una reunión mantenida la semana anterior entre el Gobierno municipal y los dueños de las empresas de transporte, el Estado presentó un plan de acción en el que se priorizaba que todos los empleados mantuvieran sus puestos de trabajo, pero que a cambio aceptaran el pago del 88 por ciento de sus sueldos y el abono del aguinaldo en tres cuotas.