El Gobierno nacional informó este sábado que el empresario y ex secretario de Cristina Kirchner presuntamente asesinado este viernes nunca fue parte del programa de testigos protegidos. Fabián Gutiérrez había sido procesado en noviembre pasado, sin prisión preventiva por lavado de dinero agravado, a raíz de varias operaciones sospechosas vinculadas con maniobras de recaudación ilegal de la causa de los “cuadernos” del chofer Oscar Centeno.
En la declaración de octubre pasado ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, el ex secretario privado detalló cómo eran las reuniones de la recaudación al final de cada día, en donde los ex funcionarios llegaban con sus bolsos o mochilas para entregarlos a Néstor Kirchner. Así reflotó las sospechas de las bóvedas que había en las casas del entonces matrimonio presidencial.
Esta tarde, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos detalló que “Fabián Gutiérrez nunca fue parte del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la cartera. Ni él, ni ninguna autoridad judicial requirieron su protección”.
El sistema de protección de testigos, creado por en agosto de 2003 a través de la Ley 25.764, “se encuentra dirigido a testigos e imputados -colaboradores de justicia o arrepentidos- que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal -narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad, trata de personas- y que, como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo”, señaló el Ministerio de Justicia.
Once días antes de dejar el Gobierno, Mauricio Macri y su Gabinete de ministros firmaron el DNU 795/19, que estableció la creación de una Agencia de Protección de Testigos bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero con autonomía funcional.
Tras asumir el gobierno, Alberto Fernández derogó la creación de la Agencia porque “no existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia”.
Así, el Gobierno estableció que el programa de testigos protegidos volviera a tener el diseño institucional anterior “tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias”, es decir, que continuara bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero con el organigrama anterior.
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