Entrada a Tucumán. (Ministerio de Salud de Tucumán)
Entrada a Tucumán. (Ministerio de Salud de Tucumán)

El hecho tomó estado publico en el norte argentino a medida que los casos iban aumentando, siempre bajo una modalidad similar: en plena pandemia, varios taxistas que transportaban a personas varadas en el interior aseguran que las autoridades de Tucumán los obligaron a entrar a la provincia para después cobrarles una multa por no tener ciertos permisos de circulación.

Se trata de conductores de diferentes partes del país que en distintas fechas pasaron por la misma situación al llegar al límite que divide este distrito con Santiago del Estero. Todos aseguran haberse negado a cruzar la frontera, pero siempre terminaron haciéndolo por orden de la Policía que custodia la ruta.

Por las condiciones actuales, una vez que estuvieron en territorio tucumano fueron detenidos, les secuestraron el auto y terminaron alojados en un hotel o en un complejo especialmente preparado para albergar a casos sospechosos de coronavirus. Que quedaran en uno u otro lugar dependía de si podían pagar o no el hotel.

Luego, todos ellos fueron sometidos a un hisopado para descartar que tuvieran COVID-19, pero cuando los tests dieron negativo tuvieron que lidiar por un problema más grande, ya que después debieron enfrentar una causa penal por haber violado la cuarentena.

Por norma, un taxista no puede tener ninguna denuncia en proceso porque, de ser así, no le renuevan el registro profesional. En este contexto, los conductores tenían dos opciones: o iban a juicio o pagaban una contribución al Sistema Provincial de Salud (SiProSa). Algunos eligieron esta última alternativa, llegando a abonar hasta 45 mil pesos para recuperar su vehículo y poder salir de Tucumán.

Caso Marcelo Sivera y Arnaldo Torres

Los taxistas, en pleno viaje a Tucumán.
Los taxistas, en pleno viaje a Tucumán.

Marcelo Sivera y Arnaldo Torres salieron el 10 de junio pasado desde Mendoza llevando de pasajeros a una madre y a sus tres hijos menores de edad, quienes volvían a su casa después de haber quedado varados como consecuencia del aislamiento obligatorio.

Desde que comenzaron a transportar a personas de una provincia a otra, estos taxistas se acostumbraron a viajar siempre juntos porque de esta manera podían hacer todos esos largos trayectos sin la necesidad de parar a descansar, ya que mientras uno manejaba el otro podía dormir.

“Llegamos al mediodía al límite de Tucumán con Santiago del Estero, ese es el único lugar por donde se puede pasar. Cuando llegamos, un policía nos dijo que no podíamos ingresar, que teníamos que esperar a que llegara alguien a buscarla. Unos minutos más tarde, ese mismo policía se volvió a acercar y nos aseguró que no había problema, que podíamos pasar y hasta nos indicó: ‘Mirá, ahí está el ministro de Seguridad (tucumano, Claudio) Maley, que les dice que sigan'”, explicó Sivera en diálogo con Infobae.

Pero los conductores dudaron y decidieron llamar a un compañero suyo que se encontraba del otro lado de la frontera para que viniera a buscar a los pasajeros, lo que finalmente sucedió, pero esta persona los esperaba unos kilómetros más adelante.

“En ese momento, me dijeron que dio la orden el ministro para que avanzáramos, así que fuimos hasta la Terminal de Ómnibus de Tucumán, pero cuando llegamos hasta ahí había un grupo especial de policías esperándonos. Nos secuestraron el auto y nos informaron que íbamos a quedar en cuarentena por romper el protocolo”, agregó.

Entonces los llevaron hasta el Palacio de los Deportes, ubicado en el Parque 9 de Julio, donde estuvieron hasta la madrugada del día siguiente, encerrados en su vehículo.

“Como a la una de la mañana se acercó el jefe y nos dijo que querían hablar con nosotros, yo grabé absolutamente todas las conversaciones. Nos dijo que lo ideal era que dejáramos el auto y que nos fuéramos a un hotel”, contó Sivera.

Eso hicieron, pero antes pasaron lo que quedaba de la noche durmiendo en la Terminal, ya que todavía no podían ser trasladados hasta otro lugar, según les manifestaron los uniformados.

Más tarde, ambos ingresaron al Hotel Embajador, ubicado sobre Juan Gregorio de Las Heras al 221, en la capital tucumana, donde les informaron que se les abrió una causa en su contra por violar la cuarentena, la cual quedó en manos del fiscal Carlos Picón.

“Llamamos un abogado para que manejara el tema. Él nos explicó que teníamos que pagar para no ir a juicio. Sabíamos que era una coima, nos dijeron que teníamos que ofrecer una reparación, así le teníamos que poner en un papel, en la que nosotros teníamos que entregar cierta plata para no ir a juicio. El abogado hizo las cuentas y nos dijo que eran 40 mil pesos que iban a ir a una cuenta del Siprosa”, relató Sivera.

Sin embargo, una vez que se conocieron los resultados negativos de los hisopados a los que ambos se sometieron, el letrado les llevó la propuesta final, que terminó siendo de $45.000, la cual abonaron para poder salir de la provincia.

“No nos dieron nunca ningún tipo de comprobante que dijera que nosotros entregamos plata ni nada. Tuvimos que ofrecer 15 mil pesos por cada uno de nosotros y 10 mil más para poder retirar el auto. Esos otros cinco mil pesos quedaron en el aire, no sé adónde fueron”, recordó.

Caso Guillermo Navarro

El cordobés Guillermo Navarro salió el último 18 de junio de su provincia, después de haber tramitado un permiso especial ante las autoridades nacionales para circular por la ruta, el cual tenía una vigencia de 48 horas.

Este taxista llevaba a un joven que “fue a buscar trabajo” allá y que quería regresar a Tucumán: “Yo me ofrecí a llevarlo si tenía el dinero mínimo para cubrir los gastos del viaje porque era justo el Día del Padre y quería darle una sorpresa a su novia, que hacía poco había dado a luz. Yo solamente quería hacer una ‘gauchada', pero no iba a conseguir el dinero que podría haber hecho con ese viaje”, explicó.

El hombre sabía que solamente tenía “el permiso habilitante de la Nación” para llegar hasta la frontera y volver, por lo que su plan era ir hasta el límite con Santiago del Estero y no avanzar más allá de ese punto, pero en ese lugar fue que “empezó el calvario”, según sus propias palabras.

Control de Tránsito en la entrada de Tucumán (@GobiernoTucuman)
Control de Tránsito en la entrada de Tucumán (@GobiernoTucuman)

“Yo no tuve problema en Córdoba ni en las otras provincias por donde pasé. Me paró Gendarmería, la Policía Caminera en Santiago del Estero y en Catamarca, yo presentaba mis papeles y nunca tuve problema”, destacó.

Sin embargo, en Tucumán los efectivos primero le dijeron que “no estaba anotado” en los registros y que no podía circular, pero después uno de los jefes que estaba en el puesto fronterizo le revisó nuevamente los documentos que tenía cargados en el celular y le aseguró que podía seguir su camino.

“Yo me negué a ir a la Terminal porque mi viaje finalizaba en ese punto, pero me insistieron con que tenía que ir hasta ahí, yo les quise destacar que venía de Córdoba, donde hay infectados de COVID-19, pero no me hicieron caso”, se lamentó.

Al ver que lo dejaban pasar, decidió avanzar unos metros más y dejar al pasajero sobre la ruta, donde lo esperaba la familia. Fueron escoltados por los efectivos de seguridad, quienes le retuvieron el registro y le informaron que se lo iban a devolver cuando llegaran a destino.

“En la Terminal, se me acercó otro policía y me dijo que mi auto iba a quedar secuestrado y que yo tenía que hacer cuarentena. Yo le pregunté por qué razón, hasta ahora estoy esperando el motivo”, señaló Navarro.

El hombre fue llevado hasta un complejo en el que se alojan otros casos sospechosos de coronavirus, donde todavía se encuentra esperando a que le hagan el hisopado correspondiente.

“Imagino que si me da negativo me darán la libertad. Ellos dicen que yo infringí una ley, pero yo vine porque me obligaron. A mí todavía no me ofrecieron eso de pagar para irme, pero me enteré por otros compañeros que han estado acá y que ya se fueron, algunos pagaron y otros no. Es muy feo estar acá y como yo vine, con la ropa del día, no traje ni abrigo, tengo una camperita pero nada más. Lavo la ropa y me la vuelvo a poner. Tenemos una pieza que la compartimos con varios”, contó.

Caso Marcelo Kraft

Este taxista es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y como consecuencia de la pandemia, cada vez tuvo menos trabajo en el centro porteño, por lo que decidió meterse en una página de internet para ofrecer viajes a personas que quedaron varadas.

Así fue como llegó a Posadas, en Misiones, donde dejó a un cliente. Sin embargo, cuando se estaba por volver, su esposa lo llamó y le dijo que una abuela y su nieto de 10 años lo necesitaban para poder regresar a Tucumán: habían quedado atrapados en esa misma ciudad misionera cuando los agarró el aislamiento obligatorio en plenas vacaciones.

Control de tránsito en el ingreso a Tucumán.
Control de tránsito en el ingreso a Tucumán.

El hombre los recogió y comenzó su recorrido el miércoles 24 de junio, con todos los permisos necesarios para circular por las rutas nacionales, pero al llegar a su destino final le informaron que no podían pasar, pero tampoco podía dejar a la mujer y al niño en la frontera “porque no se permiten los trasbordos, dijeron”.

“La Policía de Tucumán me preguntó adónde iba, le expliqué lo que pasaba y les dije que no quería entrar, en ese momento empezó el tema del ‘no quiero'. Yo nunca dije que no podía, yo decía siempre que no quería porque no tenía ningún trámite que hacer en esa provincia”, relató Kraft a Infobae.

El taxista le comentó la situación a la mujer “y ella mandó a preparar un auto familiar, con las habilitaciones correspondientes” que luego de unas horas la estaba esperando en el otro lado de la frontera, pero “no la dejaron bajar” para que haga el cambio de un vehículo a otro.

Entonces, el conductor decidió irse del lugar y acordaron con el esposo de su pasajera que el vehículo familiar iba a recogerla en Córdoba, adonde a él lo esperaba otro cliente, pero cuando ya estaban de nuevo en la ruta el marido lo llamó otra vez y le pidió que vuelva al límite tucumano. Luego esta persona le pasó el teléfono a alguien que se identificó como miembro del Comité Operativo de Emergencia (COE) tucumano, quien le reiteró que debía regresar.

Según la versión del conductor, en medio del camino un efectivo de seguridad lo detuvo y le insistió para que fuera hasta la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero, algo que finalmente aceptó hacer. Llegó ya entrada la noche hasta ese lugar.

“A partir de ese momento pasamos dos horas más esperando a que alguien respondiera, hasta que apareció un subcomisario, muy amable, nos tomaron los datos y a eso de las 23:00 aparecieron dos camionetas con policías y nos informaron que tenían el pedido del COE para llevarnos hasta la Terminal, me dijeron que me escoltaban”, recordó.

Sin embargo, justo antes de entrar a territorio tucumano los agentes de Santiago del Estero se retiraron y el taxista ingresó solo. Lo detuvieron unos metros más adelante por violar la cuarentena, le secuestraron el auto y lo trasladaron hasta el Hotel Catalinas Park, donde ahora tiene que esperar a que le hagan el hisopado.

“Los gastos del lugar corren por mi cuenta, tengo que pagar mil pesos diarios. De los alimentos se hace cargo el Estado Nacional y acá cumplen siempre con las cuatro comidas. Es un lugar muy lindo, pero para venir de vacaciones, no para estar encerrado”, remarcó.

Si bien todavía no comenzó con los trámites legales, tiene la certeza de que ahora se va a enfrentar a una causa judicial por violar la cuarentena: “O vas a un juicio o hacés un aporte al Siprosa. Nos hemos enterado de que a algunos taxistas les pidieron hasta 40 mil pesos, yo todavía a ese momento no llegué”, señaló.

Infobae intentó comunicarse con el ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, y con otras autoridades locales, pero hasta el momento no hubo respuestas.

Sin embargo, recientemente el COE ratificó que “cualquier persona que provenga de un distrito con circulación de COVID-19 o sin, deberá gestionar un permiso para poder ingresar a la provincia y sólo podrá hacerlo por ‘situaciones de fuerza mayor'”.

“Esto significa que se tiene que pedir la autorización con 72 horas de antelación y de esta manera el Comité dispone si el sujeto está en condiciones, los motivos y las formas para hacerlo”, precisó la subsecretaria de Control de Gestión que depende del Ministerio de Seguridad, Emilia Tarifa, en un comunicado.

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