Pidieron elevar a juicio oral y público a los testaferros que ayudaron a Daniel Muñoz a lavar dinero en el país

Daniel Muñoz fue secretario de Néstor y Cristina Kirchner. Gracias a ese puesto, amasó una fortuna ilegal que se calcula superior a los 70 de millones de dólares.

Compró -a nombre de testaferros- propiedades en Estados Unidos. Cuando su nombre quedó al descubierto por la revelación de los Panama Papers, deshizo esas inversiones en Estados Unidos y llevó 30 millones de dólares para invertir en un resort en las playas de Turks and Caicos. Ese dinero puede ser decomisado y devuelto a las arcas de la Argentina. Los que ayudaron a lavar dinero de Muñoz en el exterior ya fueron elevados a juicio oral y público. Pero antes de ser un inversor internacional, Muñoz lavó en el país parte de los fondos obtenidos gracias a ser el receptor primario de los bolsos con coimas que circularon en derredor del negocio de la obra pública durante el kirchnerismo.

Para ello necesitó armar sociedades y vincularse con algunas personas que prestaron sus nombres para que las empresas que eran de Muñoz estuvieran a nombre de otros. Por haber ayudado a Muñoz en la estructuración de un esquema de negocios para lavar dinero de la corrupción, el juez Claudio Bonadio -fallecido en febrero pasado- había procesado a un grupo de más de veinte personas. La Cámara Federal confirmó esos procesamientos y los imputados quedaron en las puertas del juicio oral y público.

Carlos Stornelli, el fiscal del Caso Cuadernos y del expediente surgido a partir de esa investigación en el que descubrió el lavado de dinero perpetrado por la banda de Muñoz, presentó el requerimiento de elevación a juicio oral en el que pidió que el juez Marcelo Martínez De Giorgi -a cargo del juzgado que era de Bonadio- clausure la investigación.

El fiscal acusó a 26 personas de participar “en la conformación de una estructura jurídica, societaria y bancaria, empleada para convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, precisamente aquellos originados y receptados por Héctor Daniel Muñoz” quien era depositario inicial de los bolsos con coimas que pagaban los empresarios de obra pública a los funcionarios kirchneristas.

Entre los más conocidos de los acusados están Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz y Alejandro Manzanares, quien fuera contador de la familia Kirchner y admitió como arrepentido haber participado en sociedades para lavar dinero del ex secretario privado de los ex mandatarios.

En el listado de acusados se incluyen familiares de Muñoz y Pochetti, empresarios, agentes inmobiliarios, inversores, escribanos y abogados que formaron parte de un entramado armado para invertir dinero negro en el país.

La prosperidad de Muñoz-que solo tuvo como ingreso en blanco su sueldo de funcionario público- fue notable. Se determinó en la investigación judicial que Muñoz -a través de testaferros- se transformó en dueño de garajes en la Capital. Y compró propiedades en las localidades santacruceñas de Río Gallegos, Puerto Santa Cruz, Comandante Luis Piedrabuena, Puerto San Julián y El Calafate.

En la provincia de los Kirchner también adquirió una estancia ganadera. Fue propietario de cabañas en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes y en la chubutense Lago Puelo. Sumó a su patrimonio terrenos en Mar del Plata, Villa La Angostura y Ushuaia.Y fue dueño de una cadena de farmacias extendida en la Patagonia y algunos inmuebles en la Capital. También compró un inmueble en Punta Ballena, Uruguay

El fiscal acusó por haber participado en el esquema de lavado de dinero ilícito de Muñoz dentro del país a Daniel Omar Blanco, Stella Marys Blanco, Daniel Roberto Eloy Bona, Gregorio Sebastián Ludman, Alejandrina Pochetti, Pablo Gastón Raies, Víctor Alejandro Manzanares, Luis Antonio Gugino, Gabriel Fernández Dieguez, Fernando Martín Herrera, Susana Noemí Muñoz, Mauro Gabriel Profético, Rubén Francisco Silva, Marcelo Adrián Timpanaro, Pablo Alejandro Buscaglia, Andrés Mercuri, Mariano Antonio Montes, Fausto Alejandro Machado. Y a Roberto Néstor Sosa, Carolina Pochetti, Carlos Temístocles Cortez, Leonardo Daniel Llaneza, Rubén Horacio Llaneza, Sergio Esteban Todisco y Elizabeth María Herminia Ortiz Municoy.

Y también a Perla Aydee Puentes Resendez, mexicana, casada con Carlos Gellert, primo de Carolina Pochetti quien participó de las maniobras de lavado en el exterior. No fue elevada a juicio oral con el resto de los lavadores que asistieron a Muñoz en el capítulo internacional de sus millonarias inversiones porque estuvo detenida en México, fue extraditada y su trámite judicial se retrasó.