Fallaron las pruebas técnicas y se postergó una semana el reinicio del juicio por “la ruta del dinero K”

El reinicio del juicio por “la ruta del dinero K”, previsto para este miércoles, finalmente se postergó para el 1 de julio. La prueba técnica realizada el viernes pasado, tal como adelantó Infobae, no salió como se esperaba: varios de los abogados defensores y hasta los propios jueces tuvieron inconvenientes con el sonido. Este lunes se iba a realizar otra prueba, pero finalmente se postergó para el miércoles 24 porque no estaban solucionados los inconvenientes técnicos.

El 10 de junio, luego de varias idas y vueltas, el Tribunal Oral Federal 4 había decidido reanudar el juicio a partir del 24 de junio, mediante el sistema de videoconferencia, en el horario de 10 a 13 y luego de 14 a 16 horas. En ese momento, el tribunal argumentó que el juicio contra Lázaro Báez y sus hijos “se encuentra entre aquellas causas a las que corresponde darle prioridad en el progreso de las diversas etapas procesales, máxime el avanzado estado en que se encuentra y a efectos de evitar que el transcurso del tiempo se traduzca en una situación de denegación de justicia”.

Pero hubo varios reclamos. El ex titular de Austral Construcciones fue uno de los que se opuso al sistema de videoconferencia. Su defensa sostuvo que el sistema remoto dificulta la defensa de los imputados. No obstante, reclamó que en el caso que se retome el juicio de manera remota se cumplan una serie de requisitos técnicos como la posibilidad de compartir la pantalla de la computadora de cada uno de los abogados y que se acredite mediante la firma digital o el sistema del Registro Nacional de la Personas (RENAPER) la identidad de las partes.

Sin embargo, el tribunal decidió avanzar mediante el sistema de videoconferencia. El viernes pasado se hizo la primer prueba técnica mediante el sistema “Jitsi meet” y hubo más fallas de las previstas: no se escuchaba al que hablaba, se congelaban las imágenes y el sistema hasta expulsaba a varias partes.

El acta de esa audiencia dejó constancia que el presidente del tribunal Néstor Costabel “no se lo escuchaba cuando hablaba, pese a figurar en la aplicación que poseía el micrófono encendido”. Y que la jueza López Iñiguez manifestó que “escuchaba muy mal las indicaciones”. En tanto, la jueza Palliotti “indicó que en un primer momento no le funcionaba la cámara en la aplicación y que luego fue expulsada de la audiencia virtual, tampoco pudiendo volver a ingresar por varios minutos”.

El TOF le pidió a la dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura que trabaje contrarreloj para llegar al miércoles y coordinó otra prueba para este lunes. Pero a media mañana, los abogados se enteraron que se había postergado.

Con ese panorama, la postergación del juicio fue inevitable. La nueva fecha es el miércoles 1 de julio, pero todo dependerá de la cuestión técnica.

“Sólo es posible que se reanude con una modalidad mixta, con algunas partes en la sala y otras vía web”, dijo una fuente judicial. Esa modalidad se estudió en un principio, pero luego el TOF optó por el juicio completamente a distancia, con Báez y su hijo Martín desde la cárcel de Ezeiza.

Las fallas que se registraron el viernes ya ocurrieron en otros juicios. En Tucumán, por ejemplo, un tribunal oral tuvo que suspender dos veces un juicio de lesa humanidad por las fallas técnicas y hasta evaluó que el debate se transmita por una radio local y por Youtube.

El juicio contra Báez y sus hijos, donde se juzgan maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares, se había suspendido el 11 de marzo con la primera parte del alegato de la Oficina Anticorrupción (OA), que todavía debe pedir las penas.

Pese al cambio del Gobierno, los organismos que representan al Estado fueron muy duros contra Báez y también contra sus hijos. De hecho, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP ya pidieron penas para todos los acusados.

El organismo recaudador solicitó una pena de 8 años de prisión para Lázaro Báez y penas altas para los cuatro hijos del empresario patagónico: Martín Báez (7 años y 6 meses), Leandro Baez (5 años), Luciana Baez (5 años) y Melina (4 años y 6 meses). La AFIP también pidió el decomiso de todos los bienes investigados y que se inicie una causa por falso testimonio contra varios testigos que declararon por la compra de un campo en Mendoza.

En el segundo turno, la UIF pidió una pena de nueve años de prisión para Lázaro Báez, 8 años para Martín Báez, 7 años y 6 meses para el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco; 6 años y medio para Fabián Rossi, y 4 años y seis meses de prisión para el arrepentido Leonardo Fariña, que fue reivindicado por su aporte a la causa.