Tras haber pedido la ampliación de la Corte por Whatsapp, el presidente del Consejo de la Magistratura denunció el posible espionaje a su teléfono

Tal como había anunciado, el titular del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, presentó hoy una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Campana por la filtración de un audio suyo, que había enviado a un grupo de jueces a los que les pedía que no fueran “llorones” y les aseguraba que iban a cobrar íntegro el sueldo de julio y el aguinaldo. En el mensaje también proponía una ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para poder así disponer del fondo ahorrado por el máximo tribunal para cubrir las necesidades de recursos del Poder Judicial, ya que consideraba que con la actual composición no iba a poder obtenerlos.

En la denuncia –a la que accedió Infobae– Lugones pidió que se investigue una posible “intrusión maliciosa” en sus comunicaciones “proveniente de una fuente externa con capacidad tecnológica suficiente para realizar este tipo de actividades”. El camarista federal de San Martín aseguró en su escrito que no desconfiaba de ninguno de los integrantes de la Lista Celeste, a los que estaba dirigido el audio. Esta agrupación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), es la que tiene posiciones más cercanas al oficialismo, y de hecho su designación al frente del Consejo de la Magistratura fue posible por el aval que recibió del actual Gobierno.

Según precisó, los destinatarios del audio de Wahtsapp eran 184 jueces y funcionarios del Poder Judicial nacional, que integraban el grupo “País Celeste” como vía de comunicación interna, y del cual él es el administrador. “No creo que ninguno de ellos hubiera hecho circular el audio porque se trata de gente del Poder Judicial a la que conozco desde hace muchos años”, le dijo tras la presentación de la denuncia a Infobae.

“Más allá de la afectación personal de mi intimidad, entiendo que con la divulgación de un mensaje privado –que lo que intentaba era llevar tranquilidad a sus destinatarios– y su utilización maliciosa, se intenta menoscabar mi imagen pública como representante del Consejo de la Magistratura ante la sociedad, ante los miembros del CSJN y mis colegas”, agregó en el escrito.

“Esa intencionalidad sumada a la cada vez más reiterada utilización de este tipo de mecanismo para condicionar el accionar de magistrados y/o funcionarios/as públicos, no debe ser tolerado de manera alguna”, concluyó.

“Como juez de Cámara y como presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, día a día me encuentro tomando decisiones trascendentales para la comunidad judicial, más en la actualidad, donde hemos tenido que tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia, y a la vez garantizar la salubridad de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. En ese marco y ante la importancia del cargo que ostentó creo que se enmarca mi sospecha de una intrusión indebida , en mi teléfono celular que tuvo en este caso la finalidad de divulgar y hacer pública a través de un medio masivo de comunicación de una conversación privada”, sostuvo en la denuncia que ahora deberá investigar el juez Adrián González Charvay. La presentación la hizo en el Juzgado Federal de Campana, ya que su domicilio particular en cuarentena es en la localidad de Cardales.

Lugones puso a disposición su teléfono celular para que sea “inspeccionando a fin de determinar si posee algún elemento externo que permita extraer en forma remota el contenido de mis comunicaciones telefónicas o electrónicas”.

Fondos hasta julio

El audio generó revuelo en ámbitos judiciales y políticos porque un sector del Gobierno ligado al kirchnerismo impulsa una ampliación en el número de miembros del Máximo Tribunal y se analiza proponer modificaciones a su actual funcionamiento a través de un comité asesor.

En diálogo con Infobae, Lugones trató de bajarle el tono al contenido de su mensaje: “Yo no quiero cambiar la Corte. No me compete si se tienen que quedar estos integrantes o venir nuevos. Como juez no tengo por qué opinar. Puede ser una Corte de cinco jueces fenomenal, o una desastrosa de 20 magistrados”, afirmó.

“Lo que yo pido es que nos den el dinero que nos corresponde para que funcione el Poder Judicial. Es lo que estamos pidiendo desde el Consejo. Informamos que estamos con importante déficit y tenemos que atender el tema de la salubridad y el tema informático para poder atender la demanda de la sociedad y los abogados de que funcione la Justicia. Ya mandé tres notas a la Corte en la que hacemos saber la situación económica en la que estamos. No me respondieron nada”, aseguró Lugones.

En una de esas notas, el presidente del Consejo le pidió al Máximo Tribunal una partida de $40 millones para comprar elementos de higiene y sanitización para los tribunales, y en otra, le reclamó otra de $275 millones para contar con el sistema informático que se necesita para el trabajo remoto y las audiencias virtuales. “Hoy no podemos llevara delante más de un juicio en forma remota a la vez porque no tenemos la memoria suficiente en el sistema para grabarlo”, explicó Lugones.

El déficit estimado del Poder Judicial nacional y federal para este año es de $20.000 millones, según informó. Sobre los motivos, explicó: “El Poder Ejecutivo no está recaudando nada. El problema es que no están entrando recursos. Abril y mayo ya estuvimos abajo. Tenemos fondos hasta finales de julio. En agosto no sé que haremos”, se quejó este integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Al Poder Judicial le corresponde el 3,50% de recursos tributarios, de los cuales 2,93% están destinados al Consejo de la Magistratura que hace frente a todos los sueldos –menos los de la Corte– y a todas las necesidades de la Justicia para funcionar. El restante 0,57% va al máximo tribunal que los autoadministra y hace frente a sus gastos con esos fondos.

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