A las 20 puntual comenzó un fuerte cacerolazo en la mayoría de los barrios de la ciudad de Buenos Aires para protestar en contra de la expropiación de Vicentin anunciada por el presidente Alberto Fernández.
Donde más se escuchó la protesta fue en Agronomía, Congreso, Palermo, Recoleta, Caballito, Villa Urquiza y Paternal, entre otros.
Además, hay un multitudinario banderazo en Avellaneda, Santa Fe, ciudad donde está radicada la empresa agroexportadora.
El intendente de Avellaneda participó de la protesta: “Nos sorprende porque no estaba previsto, pensamos que anoche la gente se había sacado la bronca contenida. Creo que lo que se hizo anoche vino muy bien porque este llamado del Presidente a la empresa y que se hayan sentado el juez y el interventor da una luz de esperanza. Esto es gracias a la gente. No es contra de nadie, es en defensa de una empresa que ha hecho mucho por la comunidad".

“Nosotros apostamos al diálogo, siempre lo hemos hecho así. Es un paso importante el que hemos dado hoy. Yo tengo mucha fe y espero que sigamos por este camino. Vicentín tiene 90 años acá construyendo, 90 años de esfuerzo. Supieron construir todo lo que tienen. Que el Estado apoye un rescate a la empresa pero que no sea la expropiación”, completó.
El cacerolazo convocado por redes sociales con el hashtag #VicentinNoSeExpropia se expandió alrededor del país. Así, el repudio también se hizo oír en Tucumán. Según publicó el medio local El observador, en un video se observa como varios vecinos hacen sonar sus cacerolas para ser escuchados y acompañar los reclamos de la localidad de Avellaneda en Santa Fe.
En la capital de San Juan también se hicieron oír los ciudadanos que repudiaron la posible expropiación de Vicentín, pero en vez de cacerolazos hicieron un “bocinazo”. Según publicó el portal local Diario el Cuyo, a penas pasadas las 20, unos 50 vehículos se convocaron en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo. Casi puntualmente, empezaron a rodar en círculo a los bocinazos, flameando algunas banderas y, desde adentro de algunos autos, salieron cacerolas y cucharas que tronaron en la fría noche. Algunos transeúntes de a pie se sumaron con aplausos, vítoreos y agitando sus manos en señal de apoyo. En tanto que desde algunos balcones de los edificios céntricos bajó el apoyo con cacerolas que se hicieron oír.

La manifestación duró alrededor de 30 minutos y luego se disipó. Fue en total orden y con un operativo policial.
El lunes, Alberto Fernández anunció que el Estado Nacional intervino a la exportadora de cereales Vicentin en el contexto de un proyecto dinamizador de alimentos.

El mandatario, que hizo referencia varias veces a la soberanía alimentaria del país, también comunicó que el Gobierno buscará expropiar los activos de la empresa mediante una ley que enviará al Congreso. De esos activos se haría cargo YPF Agro. El interventor designado es Gabriel Delgado, un economista del INTA.
El cacerolazo y la masiva protesta en Santa Fe son parte de un repudio que expresó una importante mayoría de la dirigencia política y de la sociedad. Como consecuencia de esto, mañana el Presidente se reunirá con el CEO de la empresa, Sergio Nardelli.
Ayer, el jefe de Estado ya se había comunicado por teléfono con Nardelli y además hubo una reunión entre directores de la empresa y enviados del gobierno a Avellaneda.
“Tuve una buena charla con uno de los accionistas de la empresa, Sergio Nardelli. Confío en que podremos hacer las cosas tranquilos, no es motivo de pelea. Lo que hacemos es rescatar a la empresa de una quiebra, pero tratan de mostrarlo como un gesto arbitrario”, aseguró el Presidente hoy en una entrevista radial.

“Hay que explicarle a la gente lo que está pasando: estamos en presencia de un grupo económico que tiene muchas actividades pero la principal es exportar cereales. Vicentin ha entrado en un colapso enorme, como consecuencia de un crecimiento desbordado, y está en muchas dificultades para operar”, dijo Fernández.
Desde Juntos por el Cambio rápidamente rechazaron el anuncio del Gobierno: “La intervención del Grupo Vicentin es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos (como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista".
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