El juicio por “la ruta del dinero K” se reanudará por videoconferencia dentro de dos semanas

El Tribunal Oral Federal 4 decidió hoy reanudar el juicio oral por “la ruta del dinero K”, donde se juzga a Lázaro Báez y a sus cuatro hijos, a partir del 24 de junio mediante el sistema de videoconferencia. El debate se había suspendido el 11 de marzo con la primera parte del alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

Hace un mes, el TOF 4 había iniciado el camino para poder reanudar el juicio con un oficio al Consejo de la Magistratura de la Nación para saber si estaba en condiciones de proveer un sistema informático. El presidente del Tribunal, Néstor Costabel, también le hizo llegar un oficio a la Secretaría General de la Cámara de Casación para saber si hay alguna sala disponible en el edificio de Comodoro Py y le pidió opinión a todas las partes.

Lázaro Báez fue uno de los que se oponía al juicio a distancia. Su defensa sostuvo que el sistema remoto dificulta la defensa de los imputados. No obstante, reclamó que en el caso que se retome el juicio de manera remota se cumplan una serie de requisitos técnicos como la posibilidad de compartir la pantalla de la computadora de cada uno de los abogados y que se acredite mediante la firma digital o el sistema del Registro Nacional de la Personas (RENAPER) la identidad de las partes.

Luego de escuchar a todas las partes, el TOF 4 dispuso hoy la reanudación del debate a partir del 24 de junio en el horario de 10 a 13 y luego de 14 a 16 horas. Las próximas audiencias se harán todos los miércoles de julio.

El tribunal además le pidió al Consejo de la Magistratura de la Nación que disponga la gestión e implementación de la plataforma de videoconferencia on line denominada “Jitsi Meet” u otra similar que garantice “la efectiva participación remota de la totalidad de los actores del proceso, la no intervención de personas ajenas al juicio oral, la imposibilidad de alteración de su contenido, la atención a la necesidad de contar con una versión audiovisual del mismo y la difusión mediante el Centro de Información Judicial (CIJ) para garantizar la publicidad y transparencia de tales actos jurisdiccionales”.

El TOF sostuvo que el juicio contra Báez “se encuentra entre aquellas causas a las que corresponde darle prioridad en el progreso de las diversas etapas procesales, máxime el avanzado estado en que se encuentra y a efectos de evitar que el transcurso del tiempo se traduzca en una situación de denegación de justicia”

Sobre los reclamos tecnológicos de algunas defensas, los jueces destacaron que el sistema de videoconferencia elegido permite seguir el juicio desde cualquier teléfono, solo bajando la aplicación.

El juicio contra Báez y sus hijos, donde se juzgan maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares, es uno de los más complejos porque tiene 24 imputados, tres querellas, la Fiscalía y los integrantes del tribunal.

Pese al cambio del Gobierno, los organismos que representan al Estado fueron muy duros contra Báez y también contra sus hijos. De hecho, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP ya pidieron penas para todos los acusados. Y ahora es el turno de la OA, que había comenzado su alegato pero no llegó a pedir penas.

El organismo recaudador solicitó una pena de 8 años de prisión para Lázaro Báez y penas altas para los cuatro hijos del empresario patagónico: Martín Báez (7 años y 6 meses), Leandro Baez (5 años), Luciana Baez (5 años) y Melina (4 años y 6 meses). La AFIP también pidió el decomiso de todos los bienes investigados y que se inicie una causa por falso testimonio contra varios testigos que declararon por la compra de un campo en Mendoza.

En el segundo turno, la UIF pidió una pena de nueve años de prisión para Lázaro Báez, 8 años para Martín Báez, 7 años y 6 meses para el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco; 6 años y medio para Fabián Rossi, y 4 años y seis meses de prisión para el arrepentido Leonardo Fariña, que fue reivindicado por su aporte a la causa.

Luego de la OA, será el turno de la Fiscalía y luego habrá espacio para las últimas palabras de los acusados. Con este nuevo sistema, nadie se anima a estimar un plazo para la sentencia.