Juicio por la obra pública: el tribunal insistió ante el Consejo de la Magistratura para reanudar las audiencias

El tribunal oral que juzga el caso por las presuntas irregularidades en la obra pública, en el que está acusada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, preguntó si “en lo inmediato” puede contar con la tecnología necesaria para reanudar las audiencias o en qué fecha podrían hacerlo.

Así lo consultaron los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, en una nota que enviaron ayer al Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado del área tecnológica del Poder Judicial.

Fue ante la respuesta del Consejo de que el tribunal ya contaba con dos opciones tecnológicas para reanudar el juicio. Una es la plataforma “Jitsi”, propia del Poder Judicial de la Nación que la empresa estatal Arsat acondicionó para los juicios orales, y la segunda es el pago de una licencia premium de Zoom.

El presidente del Consejo, Alberto Lugones, le informó al tribunal oral que “el desarrollo de la plataforma JITSI ha demostrado resultados satisfactorios para la celebración de videoconferencias con numerosos puntos de conexión, razón por la cual es recomendable su utilización” y que esta semana iba a ser usada por otros tribunales para juicios por narcotráfico, lesa humanidad y trata de personas.

Pero la nota aclaraba que “estaríamos en condiciones de comenzar el juicio por ustedes llevado adelante, a partir del momento de la conclusión de aquellos”, por lo que el inicio del juicio de la obra pública no sería inmediato. Sobre Zoom, el Consejo le advirtió que es un sistema que presenta vulnerabilidades como vinculadas a posible filtración de información, de correos electrónicos y fotos de los participantes.

“Al haberse supeditado la asignación de los recursos tecnológicos -destinados a la reanudación del juicio que nos ocupa- a la finalización de esas otras audiencias de juicio mencionadas en el comunicado, y teniendo en cuenta que, por el momento, las jornadas del debate oral que nos compete se realizan con una periodicidad de una audiencia semanal, es que habremos de solicitar al Sr. Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación que informe si resulta posible contar en lo inmediato (en un día hábil disponible) con la tecnología de referencia o, en su caso, fecha estimativa a esos fines”, sostiene la nota del tribunal sobre la posibilidad de uso de la plataforma Jisti.

Los juicios orales están frenados por las medidas sanitarias de aislamiento por el coronavirus que impiden la reunión de personas, que así es cómo se desarrollan los juicios. Por esa imposibilidad muchos tribunales avanzan con los procesos mediante las videconferencias. Así ocurrió en uno de los juicios al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray, que la semana pasada fue absuelto en una audiencia de Zoom.

El uso de la tecnología se está aplicando en varios casos, principalmente los que estaban en su etapa final, los que tienen pocas partes o para audiencias breves. No es el caso de la obra pública: tiene 13 acusados, más la Fiscalía y dos querellas; se encuentra en la declaración de los primeros testigos, cuando hay más de 180 convocados; y esas jornadas pueden durar más de seis horas.

El tribunal oral del caso pidió informes para saber qué opciones tecnológicas tiene. También si existe la posibilidad de retomarlo de manera presencial. O con un sistema mixto: una parte de las personas en la sala de audiencias y otra por videoconferencia. Cuando los jueces tengan una opción concreta para reanudar las audiencias le consultarán su opinión a las partes.

Pero dos defensas ya se negaron a hacer el juicio por videoconferencia. Son las del empresario Lázaro Báez y del ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti. Sus abogados presentaron escritos en el tribunal en los que sostuvieron que la videconferencia rompe con la inmediatez que debe tener todo juicio para interrogar a los testigos. La audiencia presencial, agregaron, permite controlar que al testigo no le den las respuestas. También que en otros países los tribunales desaconsejaron su uso y que esas plataformas presentan problemas de seguridad.

En el juicio por la obra pública junto con Cristina Kirchner, Báez y Periotti están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios. La imputación es por las presuntas irregularidades en la concesión de las 52 obras públicas que la empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos nacionales de Néstor y Cristina Kirchner.