El Gobierno tras el cacerolazo: el error de regalarle un éxito a la oposición y los límites de la cuarentena

El malhumor en el máximo escalón del poder suele ser administrado razonablemente cuando lo padecen funcionarios pero no traspasa las puertas de los despachos. Si no, se corre el riesgo de potenciar precisamente el motivo del enojo, en este caso, el enorme rechazo social al desmadre de las excarcelaciones. Eso hace inentendible que en medio de cierto intento para amortiguar el impacto del cacerolazo, alguna figura del oficialismo siga diciendo públicamente que todo es obra de una campaña opositora. La protesta fue extendida geográficamente y socialmente. Una señal muy potente: atribuirla a la oposición suena realmente exagerado y muestra incomprensión del problema.

El último en sumarse a ese mensaje reiterado y a la vez ineficaz como estrategia fue Oscar Parrilli. El senador neuquino, alineado con Cristina Fernández de Kirchner aún en tramos de camino por el desierto, sostuvo que jugaron “intereses políticos y mediáticos” para colocar al Gobierno en la mira del rechazo por la liberación de presos peligrosos. Y apuntó directamente a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Dijo, al menos, que ya Alberto Fernández había buscado colocar la cuestión en otro terreno, el de la Justicia.

Pasado el cacerolazo, las voces del oficialismo parecieron unificarse en un punto: tomaron ese tramo de la declaración tuitera del Presidente, previa al ruido social, y dejaron de lado los argumentos, también presidenciales, sobre la existencia de una “malintencionada campaña” desatada en redes y medios de comunicación. Fue un mal reflejo que ahora estaría siendo corregido con referencias a la responsabilidad de los jueces y la necesidad de atender el mensaje de la protesta.

En el Gobierno creen que se ha fisurado el clima de armonía o paz política, básicamente apoyado en los acuerdos con los jefes de distrito y en la aceptación amplia de la cuarentena frente al coronavirus. En rigor, ese quiebre de clima ya se expresaba en los cruces por la cuestión de los presos –cuando figuras del oficialismo ponían énfasis en explicar o avalar excarcelaciones- y asomaba luego del primer episodio fuerte de falta de sintonía con los gobernadores, expresado en el desencuentro sobre los “recreos” de una hora diaria para el aislamiento. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Capital se vieron forzadas de hecho a ponerlo por escrito.

El propio Presidente había sido poco enfático en colocar a la Justicia como ámbito de resolución de prisiones domiciliarias en medio de la pandemia. El lunes, había puesto el foco en el delicado cuadro –real- que presenta el sistema carcelario, federal y de provincias. Se habían sucedido protestas y motines en Devoto, Florencio Varela, Mendoza y Santa Fe. El jueves, en Twitter, compartió ese eje con el rechazo a cualquier idea de indulto y con el señalamiento de la Justicia como ámbito exclusivo de resolución, además de dedicar dos tramos a las “campañas” contra el Gobierno.

En las últimas horas, el discurso de voceros oficiales eludió esa calificación, dijo sí que no se podía adjudicar el problema a la gestión presidencial y abundó en palabras de disgusto por algunas excarcelaciones realmente conmocionantes: casos de violadores, femicidas, asesinos. Antes y después, más bien en soledad, Sergio Massa prefirió destacar la posibilidad de juicio político en casos de esa naturaleza. Una advertencia con perfil propio, pero que podría haber ayudado al planteo oficial.

El discurso oficial sobre la situación en buena parte de las cárceles es realista y tiene contenido humanitario: destaca de hecho las malas condiciones y advierte sobre el riesgo de contagios masivos y en velocidad. Eso mismo hace incomprensible la falta de previsión y la inexistencia de medidas iniciales, como acondicionar ámbitos de emergencia para detenidos peligrosos, además de recomendaciones a los jueces por los canales formales para que fueran especialmente cuidadosos en el otorgamiento de excarcelaciones.

El malhumor de Olivos tal vez tenga que ver además con cierta falta de acompañamiento de gobernadores, intendentes y referentes desde el comienzo de las tensiones por este tema. Existe allí algo de difícil de medir: las posibles diferencias de velocidad en la percepción del rechazo colectivo, antes de llegar al punto del “ruidazo”.

Más allá de la discusión o la estrategia pública, la cuestión es advertida por algunos funcionarios y existiría al menos un interrogante sobre qué otros humores sociales habría sintetizado el cacerolazo. Por eso mismo, colocar el motor de la protesta exclusivamente en la coalición opositora expresa incomprensión del fenómeno, que desbordaría por mucho la capacidad movilizadora de Juntos por el Cambio.

La cuestión asoma bastante más compleja y no dejaría de encender una luz más global de alerta al Gobierno. Hay otros síntomas inquietantes: cierta fatiga social en el largo aislamiento –de vida diaria y de bolsillo- y una crisis económica profunda. La pregunta es si a eso podría agregarse fisura del clima político como antesala de una disputa mayor.

Esa inquietud más amplia terminaría de restarle sentido a la explicación confrontativa y bastante usada que resume todo en el dibujo de un enemigo mediático y económico, estructurado. Eso, que valdría en cualquier tiempo, corre más en estos días de coronavirus. Si el clima de contención política fue básico para encarar la cuarentena, más necesario aún se perfilaría frente a su extensión o a la asunción de riesgos para ir aflojando el aislamiento.

Por lo pronto, la realidad y las proyecciones sobre los costos económicos y sociales van en la misma dirección. Algunos economistas calculan una caída muy por encima de los 5 o 6 puntos del PBI. Las provincias estiman bajas de ingresos, por coparticipación e impuestos propios, que rozarían el 50 por ciento. Los intendentes de grandes centros urbanos hacen peores cuentas. Indicios de una fatiga social en sentido amplio.

Difícil para todos abstraerse de ese cuadro. Por lo pronto, el Presidente ve cerrar una semana especialmente densa, también en el plano doméstico. La decisión de concretar la salida de Alejandro Vanoli es expresión de costos autogenerados, también de la relación interna con CFK. Los movimientos de la ex Presidente contradicen la publicidad de su supuesto silencio como aporte a la gestión. El juego de poder se hace escuchar de diferente manera. También los fastidios colectivos.

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