“Estamos viendo que, en algunos lugares, algunos jueces están actuando de una manera absolutamente irresponsable”. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había advertido que los jueces que liberaran presos con la excusa del coronavirus podían ser sometidos a juicio político si no cumplían con la Ley de la Víctima, aprobada de manera unánime por el Congreso y que funciona bajo la órbita de la Cámara baja.
Y Massa no se quedará solo con la advertencia. Según pudo saber Infobae, el lunes pedirá el juicio político de tres jueces de la provincia de Buenos Aires que autorizaron la liberación de detenidos durante los últimos días. Pese a que no trascendieron los nombres de los magistrados, se trataría de un juez de San Isidro, otro de Lomas de Zamora y uno de Bahía Blanca.
“A mí me parece que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos", había señalado Massa en medio de la polémica por las liberaciones y antes del masivo cacerolazo en todo el país de este jueves.
Con relación a la posibilidad de iniciar juicio político, Massa había explicado: “En enero, el Ministerio de Justicia le cedió al Congreso de la Nación el funcionamiento de la Oficina de la Víctima, creada por una ley votada por unanimidad, que establece que el juez para liberar a un delincuente antes tiene que dar vista e intervención a las víctimas”.
“Hoy estoy sacando una instrucción para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, agregó.
La controversia en torno a las excarcelaciones de los detenidos escaló desde del motín ocurrido en el penal federal de Villa Devoto, donde cientos de presos encabezaron una protesta para que se les otorgue prisión domiciliaria, a raíz del riesgo sanitario que implicaría la penetración de la COVID-19 en los pabellones.
El conflicto -que dejó una mesa de diálogo- desató una polémica nacional, al poner en evidencia la decisión del Poder Judicial de avanzar en el otorgamiento de excarcelaciones para los presos que están en prisión preventiva. Un fallo del Tribunal de Casación Penal de la Provincia, firmado por el juez Víctor Violini, dispuso el 9 de abril pasado ordenar el arresto domiciliario de todos los presos “en riesgo de contagio por coronavirus”, en respuesta a un habeas corpus colectivo presentado por 19 defensores generales bonaerenses. La medida fue en favor de al menos 400 personas de cárceles bonaerenses, donde el hacinamiento en las prisiones duplica a la capacidad de los establecimientos.
La resolución de Violini advierte que se haga lugar este tipo de beneficios a quienes estén detenidos por “delitos leves o en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias". En el caso de los crímenes graves, se instruye que se debe ponderar el “aislamiento sanitario” en las cárceles para quienes sean población de riesgo y que se garantice la integridad psicofísica de las víctimas de los delitos cometidos.
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