El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, le pidió a todos los fiscales nacionales y federales que, entendiendo el contexto limitado de trabajo por la pandemia del coronavirus, le den intervención a las víctimas de los delitos penales en cada causa que tienen bajo su órbita.
En una resolución dictada la semana pasada, Casal señaló que usen todo los recursos tecnológicos a su alcance para que “extremen los recaudos para garantizar los derechos de las víctimas y su debida intervención, tanto durante la tramitación del proceso”.
“No se hizo por el planteo de alguna víctima o porque se haya detectado que se haya dejado de darles intervención. Sino porque entendemos que la participación de las víctimas es importante en las causas y porque el actual contexto de trabajo dificulta el desempeño normal. Pero hoy con un correo electrónico, un llamado a un mensaje de whatsapp se puede hacer un contacto”, le explicó una fuente judicial a Infobae.
La Procuración General se sumó a las medidas de aislamiento social que dispuso el gobierno nacional de Alberto Fernández ante la pandemia del coronavirus. Se dispuso el trabajo en las causas urgentes, de manera remota para los fiscales desde sus casas, con una presencia mínima e indispensable en las Fiscalías y sin atención al público para evitar la presencia de gente y así evitar la propagación del virus.
En esa línea, Casal explicó en su resolución que en 2017 entró en vigencia la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos que le da participación en las causas penales.
Entre otras reglamentaciones, la norma establece que las víctimas tendrán “derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional”.
La Procuración tiene el Programa Especial de Atención Integral a Víctimas en el Proceso Penal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). “Cabe recordar que, entre sus funciones, está la de garantizar a las víctimas de cualquier delito, los derechos de acompañamiento, orientación, protección e información general, desde el primer contacto con esta institución y durante todo el proceso penal, ya sea a través de un abordaje interdisciplinario o con la derivación necesaria que garantice su asistencia técnica”, explicó Casal.
Las disposiciones alcanzan a la intervención de las víctimas durante la investigación de los casos como en la ejecución de la pena, es decir ante los pedidos de los victimarios de prisión domiciliaria o distintos tipos de salidas de prisión. “La víctima tiene derecho a ser informada, a expresar su opinión y a todo cuanto estime conveniente ante el juez de ejecución”, dice la ley.
Casal sostuvo que “no escapa a este despacho la dificultad que, en este contexto acarrea la materialización de ciertas diligencias judiciales y que, incluso, ha motivado que se adopten medidas extraordinarias para asegurar el efectivo cumplimiento de los fines de la ley” .
“Es también en ese marco excepcional, que estimo necesario encomendar a los señores fiscales que, mediante el empleo de todos los medios técnicos disponibles, extremen los recaudos para garantizar los derechos de las víctimas y su debida intervención, tanto durante la tramitación del proceso, como en su etapa de ejecución y, especialmente, en la concreción de aquellos actos procesales que pudieran verse afectados por las condiciones en que, actualmente, se están llevando adelante las funciones que corresponden a los agentes de este Ministerio Público Fiscal”, dispuso el jefe de los fiscales.
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